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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá“En Uruguay nada de lo que ustedes advierten puede pasar, aquí hay una democracia de verdad que permite que todos se expresen”, nos aseguraba en vivo el pasado 9 de abril un periodista de Esta boca es mía, uno de los programas televisivos más vistos del país, mientras manteníamos un debate sobre ideología de género y las tesis de nuestra obra, El libro negro de la nueva izquierda, con los panelistas del show.
El programa terminó, las luces se apagaron, y la siguiente actividad de la agenda que debíamos cumplimentar con Nicolás Márquez consistía en una hora y media de firma de libros en la librería de una universidad. Pero de repente, una llamada nos comunicó que la universidad en cuestión cancelaba el evento alegando razones protocolares. Entiéndase: cancelaban la actividad a media hora de su realización, y tras haber debatido en un programa televisivo de alto rating. ¿Mera coincidencia?
Comoquiera que sea, al día siguiente dimos nuestra conferencia principal en el Palacio Legislativo. Las presiones políticas para que la presentación no se llevara adelante fueron enormes. Afuera, un grupo de feministas y LGBT insultaba y agredía a quienes hacían dos cuadras de fila para ingresar a escucharnos. Ninguno de los enardecidos disidentes planteó la posibilidad de realizar un debate con nosotros; la idea no era contrastar ideas, sino impedir el pronunciamiento de las que no coinciden con ellos.
Habiendo dejado ya el Uruguay, nos enteramos de que el diputado Gerardo Núñez ha propuesto una resolución interna para prohibir de ahora en adelante “la realización de eventos que inciten al odio”, lo cual, seamos sinceros, significa prohibir cualquier evento que ponga en aprietos la hegemonía cultural que mantiene la izquierda en el país en cuestión. “Incitar al odio” es un concepto demasiado elástico, capaz de ser utilizado a todo propósito, no tan distinto del famoso delito de “propaganda oral enemiga” que logra silenciar voces disidentes en la dictadura castrista.
Núñez es diputado por el Partido Comunista de Uruguay. Es importante recordar, al respecto, que toda vez que los partidos comunistas llegaron al poder en los distintos países del mundo, una de las primeras cosas que hicieron fue aplastar la libertad de expresión. La historia está abierta a ser leída, y nadie puede decir luego que no sabía. Prohibir la libertad de palabra, lejos de constituir una forma de “lucha contra el odio” es la manifestación del odio más recalcitrante: aquel que odia tanto como para silenciar al otro, hace de este no un adversario sino un enemigo.
¿Qué tipo de democracia es aquella que reglamenta el silenciamiento de ideas en las instalaciones del Poder Legislativo, esto es, en la casa del pueblo? Si en algo coinciden las diferentes corrientes teóricas de la Ciencia Política sobre la democracia, eso es en que la libertad de expresión es una condición necesaria de todo régimen que pueda decirse a sí mismo democrático.
La democracia es un sistema en el que se discute, no en el que se monologa. Y ya decía muy bien John Stuart Mill que quien silenciara una opinión, hacía un gran daño a la humanidad: porque si esa opinión es verdadera, se priva a los demás de una verdad; pero si esa opinión es falsa, podrá ser debatida y retrucada para fortalecer la verdad.
Pero para la izquierda la regla es diametralmente inversa: silenciar una opinión contraria a las izquierdas constituye un gran avance para la humanidad, porque ellos, los izquierdistas, son los indiscutibles detentadores de la verdad y del progreso. Y si una parte de la sociedad ya tiene de facto la verdad y el progreso en sus manos, ¿cuál es la eficacia de un sistema que avanza mediante la discusión?
Esta lógica no solo se desprende de la resolución de Núñez, sino que es parte integral del proyecto político teorizado por los más importantes ideólogos de las nuevas izquierdas. Baste con rememorar que Herbert Marcuse, padre de la “New Left” norteamericana y referente indiscutible del Mayo francés del 68, en su ensayo titulado La tolerancia represiva (1965) sentenciaba que los sectores izquierdistas debían implementar “la supresión de la tolerancia frente a los movimientos regresivos y una tolerancia diferenciada en favor de las tendencias progresistas”.
En efecto, continúa Marcuse, “una política de distinto tratamiento protegería al radicalismo de la izquierda contra el de la derecha” y, finalmente, “la tolerancia liberadora significaría, pues, intolerancia frente a los movimientos de derechas; (…) la liberación de los condenados de este mundo exige la opresión, (…) tales ideas antidemocráticas corresponden al desarrollo efectivo de la sociedad democrática”.
Cuando la tolerancia requiere intolerancia; cuando la libertad de expresión exige censura; cuando el pensamiento solo puede ser uno; cuando el debate se vuelve monólogo y el mero intercambio de ideas deviene en temeraria praxis, algo en la democracia no está funcionando nada bien.
AgustínLaje
Lic. en Ciencia Política
Autor de El libro negro de la nueva izquierda