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    La pandemia fue una “catástrofe” para la “libertad económica”, que retrocedió en Uruguay y el mundo

    Si bien Uruguay mejoró en aspectos como la integridad del sistema legal o la protección de los derechos de propiedad, varios otros aspectos relacionados con el concepto de libertad económica sufrieron un deterioro. Esa comparación del 2020 con el año previo estuvo afectada, en algunos indicadores, por el contexto de la emergencia sanitaria a raíz del Covid-19. De hecho, a escala global “la pandemia de coronavirus fue sin duda una catástrofe para la libertad económica”, observó el Instituto Fraser, que construye y publica ese índice, cuya última edición, para 165 países, fue realizada ese mes.

    Para Uruguay, en la elaboración participa el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), un think tank de corriente liberal presidido por Hernán Bonilla, quien hasta hace pocos meses fue asesor de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. El índice de Libertad Económica (ILE) para el país bajó de 7,36 a 7,06 puntos en esta última edición, que toma datos de 2020.

    El índice incorpora 42 variables relacionadas con cinco grandes áreas: tamaño del gobierno (gasto público, presión fiscal, etc.); sistema legal y protección de derechos de propiedad; solidez monetaria (inflación); libertad para el comercio internacional; y regulación para los negocios. A cada componente y subcomponente se le asigna una escala de 0 a 10 (donde los puntajes más altos indican una mejor situación), de lo que surge un valor del ILE.

    En el deterioro en la última medición del índice para Uruguay influyó, por ejemplo, el peor puntaje en “tamaño del gobierno” (bajó de 6,52 en 2019 a 6,21 en 2020) debido, básicamente, a un mayor gasto público derivado de la pandemia y sus consecuencias. En 2021 y 2022 continuaron los egresos extraordinarios asociados al Covid —en testeos y vacunas, por ejemplo—, aunque el déficit fiscal tendió a disminuir, lo que debiera visualizarse en siguientes ediciones del ILE.

    En función del índice calculado para cada país, Fraser los ordena conformando un ranking global; los cambios en las posiciones dependen tanto de la evolución propia como de la de los demás. En ese sentido, en la última edición Uruguay bajó cuatro lugares y quedó 68°. El CED señaló que tal retroceso “se debe tanto al efecto de la pandemia como a un estancamiento en el puntaje” del país, al mismo tiempo que “otros avanzaron de forma notable. Perú y Paraguay son ejemplo de una evolución positiva en los últimos años”. En su informe, difundido el jueves 15, ese centro de análisis juzgó también como un “deterioro significativo” en la comparación con el lugar 45 que había llegado a ocupar en 2012, con un puntaje de 7,49.

    Desde 2015 el puntaje había oscilado en torno a 7,30. En una perspectiva más histórica, antes y durante la dictadura estuvo en torno a 6 puntos, o algo por debajo, y subió en años posteriores. Si se consideran períodos de gobierno, la menor “libertad económica” se dio bajo el régimen de facto (5,42 en 1975) y la mayor en 2010 (7,50), año en que José Mujica sucedió a Tabaré Vázquez, ambos frenteamplistas (ver cuadro).

    Fraser sostiene que la libertad económica suele venir de la mano de mayores niveles de ingresos por habitante, mejores niveles educativos y una mayor esperanza de vida.