• Cotizaciones
    martes 18 de febrero de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La respuesta uruguaya a la crisis brasileña

    N° 1862 - 14 al 20 de Abril de 2016

    , regenerado3

    El lunes pasado, como se esperaba, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados votó a favor de iniciar un juicio político (impeachment) a la presidenta Dilma Rousseff. El voto de la Comisión fue 38 a favor del juicio (58,5%) y 27 en contra. El plenario de la Cámara deberá decidir si el juicio continúa, probablemente este fin de semana, el domingo 17. Si una mayoría de dos tercios de los diputados se pronuncia a favor del juicio, entonces la Cámara de Senadores tiene 180 días para decidir si destituye a la presidenta, lo cual requiere también una mayoría de dos tercios. Si no se consigue esa mayoría la presidenta recupera sus funciones, porque mientras dure el juicio, queda apartada de su cargo y el vicepresidente (o quien corresponda, siguiendo la línea de sucesión) asume sus funciones.

    El juicio político es, como su nombre lo indica, un proceso político. En los sistemas presidenciales, es el único camino para destituir a los presidentes durante sus mandatos (la destitución de los primeros ministros o jefes de gobierno en los regímenes parlamentarios es mucho más simple). En las Américas, durante las últimas décadas, los juicios políticos a presidentes en funciones han tenido diferentes resultados. Varios presidentes fueron absueltos, otros renunciaron antes del final del proceso (normalmente porque esperaban perder el juicio), y alguno fue destituido (este ha sido el resultado menos frecuente).

    La lógica del conflicto (se vota a favor o en contra del presidente) es dicotómica, y en última instancia obliga a los diferentes actores nacionales a tomar partido. En parte por esa razón, los impeachments se desarrollan como conflictos muy intensos, intensidad que puede amenazar la estabilidad institucional. Suele ocurrir que alguna o ambas partes se acusen de buscar un golpe de Estado. Pero en la práctica, de acuerdo a la perspectiva dominante en la academia (con una excepción parcial), hasta hoy en estas situaciones no hubo realmente golpes de Estado, cualquiera fuese el resultado del juicio político. La excepción parcial: algunos sostienen que sí hubo golpe en el caso del presidente Lugo en Paraguay, en 2012. El Mercosur también opinó de ese modo (hubo golpe), lo que le permitió suspender a Paraguay como miembro e incorporar a Venezuela; solo Paraguay se oponía a su ingreso.

    Puede ocurrir que los problemas subyacentes al juicio político sean distintos o más amplios que los argumentos concretos que se debaten. Siempre es posible que los que buscan la destitución, o una parte de ellos, lo hagan por razones políticas independientes de las razones formalmente presentadas en el juicio. En estos casos las razones formales son solo un pretexto más o menos apropiado para alcanzar la meta, voltear al presidente. También puede ocurrir que, por diferentes razones, parte de los problemas que realmente subyacen al juicio sean genuinos y más amplios que los sometidos a debate jurídico. En América Latina, en particular, casi todos los juicios políticos han tenido como telón de fondo problemas muy generales de corrupción que pueden aparecer solo parcialmente en el debate formal. Finalmente, nada impide que los dos factores estén presentes a la vez.

    El actual caso brasileño encaja muy bien en este esquema general. El conflicto político subyacente es muy intenso. El oficialismo dice que la oposición es golpista. Los que se oponen a la presidenta forman un grupo probablemente heterogéneo, con diferentes motivaciones. Las dos partes tienen al menos algunos argumentos defendibles. En particular: las causas finales que impulsan el juicio político son mucho más amplias que el argumento estrictamente jurídico, y también están ancladas, como en la mayoría de los impeachments latinoamericanos, en problemas vinculados a la corrupción: desde el mensalão hasta la operación lava jato, con el macro escándalo Petrobras en su centro. Esto se aprecia nítidamente en los debates.

    En esas condiciones, para un observador (externo o interno) que se propone evaluar imparcialmente el juicio político a Rousseff las certezas son pocas. Los observadores externos, en particular, me parece que tienen una única base relativamente sólida en la que apoyarse: es imprescindible que los aspectos formales previstos en las reglas se cumplan estrictamente. Si esto es razonablemente así, y puesto que el impeachment es un procedimiento explícitamente político, lo único que pueden hacer es cruzar los dedos y dejar que los brasileños resuelvan como puedan sus problemas. Si aun en estas condiciones opinan a favor o en contra de la presidenta, entonces están tomando partido en un problema que es exclusivamente brasileño, y que solo ellos podrían resolver.

    El gobierno uruguayo tomó partido, buscando apoyar a Rousseff mediante un pronunciamiento de la Unasur. Su idea fracasó: las voces esperables (Correa, Maduro, Morales) acompañaban, no así los paraguayos (con larga experiencia en estos asuntos) ni los argentinos. Algunos críticos uruguayos señalaron que este proceder fue incompetente, y que algún precio tendrá en el futuro. Es posible que tengan razón.

    Entonces: ¿por qué motivo el gobierno uruguayo gastó capital político internacional en esta aventura fallida? En su seno algunos podían creer que el oficialismo brasileño terminaría resolviendo sus problemas, y luego recordarían (y agradecerían) la posición uruguaya. Este es un supuesto muy arriesgado: nadie sabe con certeza si habrá o no juicio político, ni (si lo hay) cuál será su desenlace, ni mucho menos aún, cómo terminará todo el episodio. De los no muy abundantes precedentes históricos lo único que se deduce es que un golpe genuino en Brasil es poco (o muy poco) probable.

    No creo que el cálculo del gobierno uruguayo haya sido instrumental (aunque erróneo). Hasta ahora nadie había dicho nada en relación con los procedimientos de la Justicia brasileña (que involucran a empresarios y a políticos de todos los partidos importantes). En privado todo el mundo reconoce que hubo problemas serios (Mujica lo ha reconocido públicamente). Si Lula y Rousseff (ex presidente de Petrobras, nada menos) realmente no sabían nada, entonces son de una incompetencia muy extrema. Si sabían, es peor. Pero todas esas historias previas involucraban personajes desde la segunda línea hacia abajo. Cuando se toca directamente (como ahora) a la primera línea, Lula y Dilma, se está poniendo en tela de juicio a todo su proyecto. Desde la sensibilidad de las izquierdas de la región (tal vez aún más para la izquierda uruguaya) eso es muy difícil de aceptar; por eso el gobierno uruguayo (y el Frente Amplio) hicieron lo que hicieron. Esta discusión, si es correcta, no justifica esas acciones. Pero ayuda a entenderlas.