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Hay varias mafias blancas prendidas de nuestros recursos en salud pública y todas se generaron por una perversa aplicación de incentivos por parte del Estado. Si el Estado subsidia servicios médicos para los ciudadanos pero los entrega directamente a la oferta —como lo hace el Fondo Nacional de Recursos (FNR)— se abre un enorme potencial de corrupción, largamente advertido por la Organización Mundial de Salud, la auditora William Mercer y recogido hace diez años en páginas de Búsqueda. En efecto, la cantidad y el precio de los actos médicos, subsidiados directamente a sus proveedores, pueden incrementarse “artificialmente” y el sistema de salud así financiado puede apartarse de las reales necesidades de la sociedad: hace una década que el sistema de salud no tiene respuesta al flagelo de la pasta base. No le importa, no asume la responsabilidad, no le conviene…
En salud, la calidad de los servicios es una dimensión de vida o muerte y la capacidad de los usuarios para evaluarla es limitada. La información que manejan sobre la calidad de los mismos es insuficiente y justifica por razones económicas una intervención del Estado para corregir esta deficiencia. Pero aun cuando el Estado brinde información suficiente, no siempre los usuarios estarán en condiciones de interpretarla con corrección para tomar decisiones acertadas. No es tan fácil.
El instrumento ideal para difundir eficazmente información a la sociedad sobre mejores prácticas en salud, es el hospital universitario, nuestro Hospital de Clínicas, porque: I) la garantía de calidad del servicio la brinda la principal autoridad académica en ciencias médicas del país; II) produce salud y genera inversión en salud en su principal factor: el recurso humano; III) logra altas tasas de retorno en capital humano médico por la intensa participación de la juventud. Esta solución práctica, institucional, es la razón de ser económica de la intervención del Estado en salud y ella va de la mano con una profunda razón social: la asistencia a la pobreza. Pero el Estado uruguayo viene haciendo todo lo contrario.
La sociedad no aprovecha esta intervención si el hospital universitario y el resto de la salud pública ofrecen servicios de baja calidad. La salud pública debería estar en condiciones de soportar la doble exigencia de ser de primera calidad y gratis, para fijar el estándar que los ciudadanos deben reclamar en todos los servicios privados y para atender con los mejores servicios a los pobres. Y si los pobres reciben la mejor atención en salud pública, mejor para todos. Esa era precisamente la idea.
Por el contrario, crear un mercado oligopólico de mutualistas mediante la asignación de un subsidio por ciudadano —un voucher en términos técnicos— permitiendo que éstas instalen “corralitos” para retener estos vouchers, hace del ciudadano un rehén de sus caprichos y arbitrariedades. Peor aún: dejar en agonía al Hospital de Clínicas y crear un mercado oligopólico de intervenciones de alta complejidad mediante la asignación de un subsidio unitario por acto médico —en este caso, los vouchers del FNR— y entregarlo al oferente del servicio equivale a crear un supermercado y regalarlo a sus proveedores. Y toda la fiesta la pagamos nosotros por partida doble: con nuestros recursos y con nuestra salud. El incentivo que se genera es: “cuantas más diálisis hagas y más caras las cobres, más ganas”.
Jamás se debe entregar un sistema de vouchers a los proveedores, puesto que anula su efectividad y lo transforma en un instrumento perverso. Otros deciden por el ciudadano que no cuenta con información ni poder de decisión y al que apenas entregan un papelucho para que firme su “consentimiento”. El Estado es el responsable de haber hecho de la salud un coto privado de caza de subsidios.
Y en este coto privado de caza de subsidios poco importan las necesidades y urgencias de la sociedad. Según datos oficiales 35.767 uruguayos han consumido pasta base. Un 60% de los 10.000 presos actuales han cometido delitos bajo los efectos de la pasta base y la siguen consumiendo dentro de la cárcel. De cada 100 mujeres que dan a luz en el Hospital Pereira Rosell, 9,6% consumió pasta base durante el embarazo, por lo que de los 8.000 nacimientos que allí se registran al año, 768 son de madres consumidoras.
Si al menos tuviéramos una mala política pública de salud en materia de drogadicción estaríamos mucho mejor porque tendríamos la opción de mejorarla. Pero el flagelo de la pasta base, entre otros, no le interesa al sistema de salud. Mientras las prioridades para la inversión de nuestros recursos de salud pública la fijen las mafias blancas, no tendremos un sistema de salud eficiente, ni solidario.
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