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    La trampa identitaria

    Columnista de Búsqueda

    N° 1933 - 31 de Agosto al 06 de Setiembre de 2017

    En estos días, se ha podido seguir en la prensa española el caso de Juana Rivas, quien ante una sentencia judicial que la obligaba a entregar a sus hijos a su exmarido, al que ella había denunciado por violencia de género, estuvo casi un mes en paradero desconocido con los niños. La mujer se entregó finalmente a la Justicia y los niños están ahora con su padre. A pesar de que Rivas se enfrentaba a un delito de sustracción de menores y de desobediencia a la autoridad judicial, que implica una pena de hasta cuatro años de cárcel, la fiscalía ha optado por no pedir prisión.

    Mas allá de los vericuetos legales, lo que resultó llamativo fue lo rápido que se extendió la idea de que si alguien, Juana Rivas y sus asesores legales en este caso, creía que la Justicia no había contemplado el ángulo que ellos creían relevante, era legítimo saltarse el mandato legal. Esa idea fue explícitamente planteada no solo por medios de comunicación sino por su abogada y hasta por miembros de la Policía, que declararon no tener demasiada prisa por averiguar en dónde se ocultaba Juana con sus hijos.

    Algo parecido viene ocurriendo con el asunto del llamado 'proceso', que se propone independizar la comunidad autónoma de Cataluña del resto de España. Partiendo de la base de que votar es democrático y que con mucha gente queriendo votar algo, alcanza, se omite que la democracia es además del voto un procedimiento que da garantías a ese voto. Y que ese procedimiento es, en esencia, aplicar las leyes vigentes que proporciona el Estado de derecho para llevar a cabo esos cambios que se pretenden. Lo que se hace en cualquier democracia más o menos homologada y España es, pese a sus corruptos, una de ellas.

    La idea común que subyace en ambos casos es que existe una suerte de derecho natural previo al derecho que ha sido pactado por la ciudadanía y que tiene prioridad sobre este último. En el caso de Juana Rivas, ese derecho previo parece emanar de la lucha contra el patriarcado, que lo empapa todo, incluidas las resoluciones judiciales, y que de manera habitual y hasta natural perjudica a las mujeres por su condición de tales. En el caso del independentismo catalán, el derecho previo viene de la memoria y el deseo de un pueblo que tiene una voluntad de autogobierno que necesariamente pasa por encima de constituciones y leyes, en caso de que estas pongan coto a esa llama histórica. Y es que el triunfo de la voluntad, la voluntad de ese pueblo que se ha mantenido a lo largo de los siglos e invasiones siempre idéntico a sí mismo, no tiene tiempo para ñoñerías.

    Mas allá de las coartadas ad hoc que se construyen en cada caso, se trata de una convicción claramente prepolítica. Es decir, se basa en una serie de creencias previas a la zona de intercambio que las sociedades democráticas han establecido como terreno común para saldar las diferencias. Curiosamente, o no tanto, esas posiciones son desde hace algún tiempo el punto desde el cual imagina y concreta sus intenciones políticas buena parte de las fuerzas de izquierda. Que tal como parece indicar el giro, ha decidido mantener la intención de enmendar la totalidad, aunque ya no a través de una revolución entre clases sociales sino de la promoción de determinados mimbres identitarios que sostendrían el accionar social.

    Esto supone para la izquierda un abandono del concepto de lucha de clases en toda regla, provocado quizá por el hecho de que a pesar de los augurios sobre tendencias decrecientes de tasas de ganancias, las cuentas nunca cerraron y el capitalismo no se desplomó sobre sus contradicciones internas. Ojo, en el caso catalán, a esa voluntad de enmienda de la totalidad, que considera cualquier negociación un suerte de traición, se suma el partido de derecha que ha gobernado casi 30 de los últimos 40 años en esa tierra, y que ve en el acto independentista la oportunidad de manejar el cortijo como se manejan los cortijos propios, sin rendir demasiadas cuentas.

    En resumen, aunque se abandona la arena común del intercambio ciudadano, es decir, la política entendida como plaza pública horizontal entre ciudadanos iguales y libres, no se abandona la idea de enmendar el todo. Antes la revolución, hoy la identidad como criba única de lo que está bien o mal. De qué lado de la mecha estás, como decían los Redondos.

    El problema, tal como logro entenderlo, es que con el agua sucia se está tirando también al niño. Se nos viene a decir que como eso de la igualdad, que parecía una buena idea, nunca se ha logrado desarrollar del todo, es mejor olvidar el asunto y arrancar para otro lado. Y entonces en lugar de gobernar desde la idea de construir y desarrollar una comunidad de ciudadanos libres e iguales, se empieza a gobernar desde la restitución de la ofensa. Primero en lo simbólico, que siempre es más barato, y luego en lo real, adaptando las leyes al grito del grupo identitario más ruidoso o de moda. Y es que las banderas son como los helados, el sabor del mes cambia, justamente, cada mes.

    Quedan así sin voz aquellos que no tienen capacidad de estructurar su demanda ni de delinear la ofensa, supuesta o real, que les hace merecedores de una ley, un carguito o ser liberados del cumplimiento de las leyes, según amerite el caso. Si el entuerto se pudiera traducir en kilómetros de carreteras construidos, sería el equivalente a hacerles una doble vía a las empresas que más capacidad de lobby tienen y dejar de la mano de Dios a los rancheríos pobres que ni siquiera saben que lo son.

    Laminar la idea de ciudadanía en pro de la restitución de la ofensa identitaria es un flaco favor que se les hace a las democracias, en la medida en que debilita los conceptos que expresamente nos han venido alejando de la tribu. Y es al tiempo un juego peligroso, porque las identidades son como los culos, todos tenemos una, incluso aquellos que consideramos detestables y que, por esa misma lógica, pueden reclamar su porción de la torta. O si no que le pregunten a Trump.