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Si sumamos la estafa no detectada por años al Fonasa, BPS y demás instituciones oficiales por inscripciones truchas de “empleados”, al desfalco liso y llano con coimas incluidas que puedan justificar pagar una factura emitida en pesos en dólares (solo 29 veces más de lo adecuado) en una empresa de Derecho Privado, cuyo dueño, Ancap, ya es delincuente desde hace años por malversación de fondos públicos. Si le añadimos que un vicepresidente con título universitario fraguado niega haber conocido cómo una “fiesta” de U$S 72.000 pasa a costar U$S 350.000 cuando las actas indican que estuvo por lo menos en un 90% de las reuniones y conocía perfectamente la realidad de ese disparate. Para agregar las desprolijidades de no haber expulsado sin goce de despido y denuncia penal a todos los involucrados en la estafa de Alur, para agregar todavía más a los exhaustos bolsillos de los contribuyentes (los nabos de siempre, dixit Tomás Linn) las inauditas postergaciones de los seguros de paro a empleados de Pluna, Alas U, todas las empresas fundidas y aguantadas por el Mides y otras oficinas de “seguridad social” que ahora van a ser engrosadas por Fanapel y molinos clausurados. ¿Por qué tienen “coronita” los empleados de algunas empresas fundidas sobre otros que, con los mismos derechos, pero perteneciendo a empresas menores, locales, familiares también fundidas, solo tienen unos pocos meses y después “a llorar al cuartito”?
Los sindicatos siguen torciendo la mano hasta que agoten la leche de la vaca cada vez más flaca, hasta la última gota de nuestro dinero.
Se llenan la boca con la “defensa al más desprotegido” pero solo protegen a los siervos públicos, esos que la Constitución prohíbe despedir, a menos que maten a la madre frente a las cámaras de televisión, los que, sin demostrar su trabajo eficiente tienen aumentos automáticos de sueldos y condiciones laborales que casi ninguna empresa privada puede igualar, porque los costos de estas son propios pero los del Estado los pagamos los giles de siempre.
Suma y sigue... ¿hasta cuándo vamos a soportar esta denigrante forma de gobernar sin responsabilizarse de la pésima administración de los dineros públicos, sin respetar Constitución, leyes y decretos, con la palabrería propia del siglo XVIII en que surgieron las ideas que todavía sostienen los políticos responsables del gobierno, ante realidades del siglo XXI?
Es un momento de reflexión, de tomar partido para parar y cambiar esta situación que nos está llevando cada día más al barranco económico, político, social y, sobre todo, mental.
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