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Cuando el diputado nacionalista Gerardo Amarilla asumió como presidente de la Cámara de Representantes el 1° de marzo se encontró en medio de una polémica que no esperaba. Sabía que su condición de evangelista generaba comentarios escépticos en los demás partidos. Lo que no imaginaba era que tendría que actuar sobre un tema de larga data en el Parlamento: el gasto de los viajes al exterior.
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Pocos días después de su asunción viajó a Zambia junto al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y una enorme delegación de otros 12 representantes, entre ellos legisladores y funcionarios. Entre pasajes y viáticos gastaron más de U$S 120.000 en tan solo cinco días, una cifra excesiva que terminó con acusaciones cruzadas entre Amarilla y su antecesor, el frenteamplista Alejandro Sánchez, por quién había autorizado una delegación tan grande.
La polémica pasó pero a Amarilla le quedó la idea de que algo tenía que hacer para recortar los gastos en viajes. Estudió el dinero destinado a cada rubro y se dio cuenta que permanentemente se pagan multas por cambio de planificación. En el viaje a Zambia, Sendic pagó U$S 1.480 de más por modificar su agenda de viaje.
Por ello, semanas atrás el nacionalista aprobó una resolución donde se obliga a los legisladores a confirmar su asistencia a los eventos con 30 días de antelación y que “los cambios que se hicieran luego de esta instancia, si generan multa o cambio de precio, serán trasladados al legislador”.
En diálogo con Búsqueda, Amarilla relató que esta medida le generó “algún cortocircuito” con legisladores.
El presidente de la Cámara defiende la presencia de Uruguay en organismos internacionales como el Parlasur, el Parlatino y la Unión Interparlamentaria, pero se opone a los viajes, que, como él dice, “tienen que ver con cuestiones políticas y poca trascendencia legislativa”.
De hecho, se negó a autorizarlos en varios casos, entre ellos un viaje a un evento en materia de política de drogas o el de otro legislador que pretendía ir a apoyar movimientos sociales de Centroamérica.
“No estoy en contra de los viajes ni de la diplomacia parlamentaria pero tenemos que ser muy cuidadosos y priorizar aquello que resulta importante para las relaciones exteriores del país”, dice Amarilla.
El gasto en viáticos también le preocupa. En mayo, Búsqueda informó que el Parlamento devolvió menos del 10% de los viáticos en los últimos seis años; unos U$S 185.000 de cerca de U$S 2 millones. Los legisladores no están obligados a rendir cuentas al regreso de sus viajes y este es un tema que Amarilla quisiera cambiar.
Sin embargo, sostiene que se debería modificar el régimen general de viáticos, que es igual en toda la administración pública, y que debería ser por ley y por iniciativa del Poder Ejecutivo.