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Javier Miranda sabe que su período como presidente del Frente Amplio tiene término, pero el día exacto es una incógnita. Es que, pese a que hay fecha definida para las próximas elecciones internas, la situación sanitaria que atraviesa Uruguay por la pandemia de Covid-19 puede significar nuevas postergaciones.
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Setiembre y octubre son los meses tentativos que quedaron definidos por el plenario nacional del Frente Amplio para que se realice el congreso y las elecciones, respectivamente, pero el aumento de contagios y fallecidos por el virus no permitiría llevar adelante ambos eventos. Al mismo tiempo, no hay pistas sobre la nueva conducción de la fuerza política. Instalar un triunvirato con una figura de liderazgo que genere consenso continúa sobre la mesa, así como la idea de competencia interna, aunque aún no se confirman candidatos. Este incierto escenario es el que podría llevar a que el presidente del Frente Amplio pueda ser la mejor alternativa para evitar una crisis interna.
Sin embargo, Miranda no está dispuesto a continuar de cualquier forma, según dijeron a Búsqueda fuentes frenteamplistas. El presidente de la coalición de izquierdas manifestó algunos requisitos que deben darse para que no deje el Frente Amplio —tal cual él lo manejo— el 31 de mayo. Sus dos planteos son concretos: contar con un total respaldo de los principales sectores a su gestión y que su mandato continúe sin que se instale un triunvirato o se incorporen nuevas autoridades para acompañarlo.
Luego de las elecciones nacionales, donde Luis Lacalle Pou fue electo presidente, el Frente Amplio instaló una comisión de seguimiento, con representación de los principales sectores y la presidencia de la fuerza política, para abordar una deficitaria situación económica. A partir de allí, esa comisión se transformó en un organismo de proyección hacia el futuro y es precisamente en ese espacio donde Miranda quiere contar con el respaldo y apoyo para llevar adelante sus acciones si desean que continúe en el cargo.
En los próximos días habrá un encuentro entre Miranda y dirigentes de los principales sectores que se reúnen regularmente y allí uno de los temas a abordar es el proceso electoral y recambio de autoridades, dijeron los informantes.
La conclusión compartida por varios sectores es que el ciclo de Miranda debe terminar, pero la gran interrogante sigue siendo cómo hacerlo sin la posibilidad clara de llamar a elecciones. El problema no está focalizado en el acto electoral, sino en la dificultad de realizar las etapas previas. Por un lado, cómo llevar adelante la campaña entre quienes sean los candidatos en disputa, si los hay. Y, por otro, que para habilitar las elecciones la cúpula frenteamplista considera fundamental que se realice el congreso para finalizar con el proceso de autocrítica, balance y perspectiva previo a entrar en un nuevo proceso electoral. De acuerdo a las estimaciones, serían cerca de 2.000 delegados, y reunirlos de forma virtual no es viable para la organización del Frente Amplio.
En los últimos días, según fuentes de la fuerza opositora, la comisión de organización frenteamplista discutió la posibilidad de llevar adelante el congreso de forma virtual, pero rápidamente fue descartada como alternativa. Sería muy complejo llevar a la práctica una discusión de miles de personas, y al mismo tiempo no es posible contar con una plataforma que admita tantos participantes en simultáneo. Varios dirigentes coinciden, además, en que aunque existiera alguna alternativa para realizarlo de forma presencial sería una mala señal estar solicitando como fuerza política que el gobierno limite al máximo la movilidad y luego concretar una reunión masiva.
Otro hecho de gran magnitud que ya está llevando adelante el Frente Amplio es la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, lo que colocó a la estructura de la fuerza opositora en un enorme despliegue a lo largo y ancho del país. Además, de alcanzar las 680.000 rúbricas necesarias —equivalentes al 25% del padrón electoral— la movilización continuará para el plebiscito. Precisamente en este contexto es que sumarle una campaña electoral interna sería un desgaste que la dirigencia ve como muy arriesgado.
En este sentido, la Comisión pro Referéndum envió un comunicado el jueves 1º solicitando que se extienda el plazo de un año previsto por la Constitución para presentar las firmas necesarias para convocar a la consulta popular. Los impulsores de la convocatoria entienden que, así como las elecciones departamentales debieron postergarse a raíz de las consecuencias provocadas por la pandemia, en este caso el año de plazo debería contemplar la imposibilidad de generar encuentros masivos.
