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Según informes de prensa el gobierno estaría considerando la posibilidad de crear un nuevo impuesto que gravaría el haber de retiro y las pensiones militares. Este nuevo gravamen se aplicaría además del IAAS que actualmente pagan los retirados y pensionistas, al igual que todos los pasivos, y tendría una estructura similar a dicho impuesto. Vale decir que pagarían más quienes tienen retiros y pensiones más altos.
Sin entrar a considerar la procedencia jurídica de esta doble imposición sobre un mismo hecho generador que afectaría solamente a un pequeño sector de la población, llama la atención que, hasta ahora, no se conozca la razón ni el objeto de esta medida.
Operadores políticos oficialistas han manifestado que se trata de eliminar el déficit de la Caja Militar. Es obvio que con este nuevo impuesto ello no se logrará debido a que es pequeña la cantidad de retirados y pensionistas que perciben mayores ingresos y por lo tanto la recaudación que se logre sería totalmente insuficiente para enjugar el déficit de la Caja.
Entre quienes perciben mayores prestaciones se encuentran los que se acogieron a los beneficios de la ley 17.949 del 8 de enero de 2006, que modificó los derechos jubilatorios y pensionarios de quienes hubiesen sido desvinculados de las Fuerzas Armadas entre el 1ero de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985 por motivos políticos o ideológicos.
Al amparo de esta norma se recompuso la carrera tanto del personal subalterno como del superior, lo que determinó que soldados adquirieran el rango de sub oficial mayor y que mayores ascendieran a general. Además todos ellos percibieron una indemnización de 24 veces el haber del retiro o pensión correspondiente a julio de 2005 y además, como resarcimiento por daños y perjuicios, se incrementó el 25% de su haber de retiro a modo de renta vitalicia.
Si bien la aplicación de esta ley incidió sobre las finanzas de la Caja Militar, que ahora se pretende modificar, los montos involucrados son de tan poca significación que permiten mantener en pie la interrogante antes señalada: ¿Con qué objeto se pretende crear otro impuesto para los retirados y pensionistas militares? Y además, ¿por qué solo a la Caja Militar y no también al BPS?
La información que surge de la Rendición de Cuentas del año 2014 (la del 2015 aún no fue aprobada) establece que la asistencia financiera neta que recibió la Caja Militar fue de 492 millones de dólares y que el BPS recibió, por igual concepto, 2.444 millones de dólares (tipo de cambio promedio del año 2014 a $23,205).
En otros términos, del total de las transferencias financieras netas que el Estado destinó al sector de la seguridad social, el 79,03% fue para el BPS y el 15,91% para la Caja Militar.
O sea que el BPS recibió cinco veces más que la Caja Militar.
Estos organismos tienen en común que en ambos hay pocos pasivos que reciben prestaciones más altas que la mayoría de sus afiliados.
Entonces, ¿por qué el argumento que se esgrime para con los militares no se aplica también para quienes perciben pasividades altas del BPS?
Entre ellos los jubilados como presidentes, ministros, senadores, diputados, directores de entes estatales, entre otros.
Aun así, si se aplicara también al BPS la ley que está a estudio, tampoco los números darían para evitar las transferencias que el Estado hace a la Caja Militar y al BPS.
En consecuencia, una norma legal que se pudiera aplicar solamente a retirados y pensionistas militares, pero que no lograría solucionar el problema que se aduce para propugnarla, acabaría únicamente consagrando un claro sentido de discriminación social.
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