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Por estos días se empiezan a calentar los motores respecto a la discusión del próximo Presupuesto quinquenal de gastos para el período 2021-2025, y se intensifican las polémicas sobre los diferentes “relatos” respecto a la situación fiscal y económica en general que plantean, por un lado, el gobierno de la coalición multicolor y, por otro, la oposición del Frente Amplio.
Desde el oficialismo se sostiene que hubo “derroche”, mientras que los dirigentes de la coalición de izquierdas alegan que el gasto aumentó para atender políticas “sociales”. Hacia delante, para el gobierno lo que se precisa es empezar a gastar bien, lograr eficiencia y “ahorrar”, en tanto que desde enfrente se advierte que lo que habrá son “ajustes” y “recortes” que afectarán las “conquistas de derechos” obtenidas en los últimos 15 años. Unos dicen que se trata de mostrar la realidad tal cual es, y otros, que el gobierno tiene dos relatos, uno para los inversores del exterior y otro para los uruguayos, y que ignora las mejoras sociales de los últimos años.
Lo cierto es que las cifras oficiales mostraban una economía estancada desde fines del 2014 —y seguramente cayendo si se excluye al sector de las comunicaciones—; un desplome de la inversión privada; pérdida de casi 60.000 puestos de trabajo; un déficit fiscal orillando el 5% del Producto Bruto Interno; un crecimiento insostenible de la deuda pública; niveles de inflación persistentemente por encima del techo del rango meta; y la competitividad externa en niveles muy bajos, lo mismo que la rentabilidad —en general— de los sectores productivos. Es difícil asegurarlo categóricamente, pero esos problemas que llegaron a notarse en el bolsillo de la gente —asalariados, empresarios y pasivos— pueden explicar, en parte, por qué el Frente Amplio debió dejar el gobierno.
En ese contexto, el análisis de cómo se gastó lo mucho que se gastó es un capítulo aparte y fundamental, porque la clave debería ser qué recibió a cambio la sociedad por todos los recursos que se volcaron en las “políticas sociales”. Que se gastó más en educación no cabe duda, como tampoco caben dudas de que las mediciones objetivas siguieron mostrando resultados educativos mediocres. Lo mismo podría decirse acerca de la seguridad, la salud, la vivienda. Ni que hablar de temas como lo sucedido en Ancap, Pluna, el Antel Arena, el Fondes, en el frustrado proyecto de la regasificadora. Se le podrán poner los adjetivos que se quiera, pero parece evidente que en los gobiernos del Frente Amplio hubo problemas notorios en cuanto a la eficiencia y eficacia con las que se aplicó el gasto público a todo nivel. Y si ya era urgente enfocarse en reducir el gasto público global y sobre todo concentrarse en mejorar la eficiencia y eficacia en su ejecución antes de la aparición del Covid-19, lo es mucho más ahora dado el devastador impacto que la crisis sanitaria está teniendo a todo nivel. No solo hay que atender los costos directos del coronavirus, sino que habrá que ayudar a que la mayor cantidad posible de empresas pueda retomar la actividad en el futuro, todo en un contexto donde los ingresos de los gobiernos en todo el mundo muestran caídas significativas.
La crisis sanitaria le ha dado el golpe de gracia a la fantasía que se quería sostener en el sentido de que era posible mantener las supuestas “conquistas” sociales a base de un endeudamiento creciente del Estado, como se intentó en el gobierno anterior. Retomar el crecimiento económico será todo un desafío.
Más allá de los diferentes “relatos” que se tengan, el gobierno debe poner en práctica las ideas que presentó a la ciudadanía durante la pasada campaña electoral. En materia fiscal, no importa que se lo llame “ahorro” o “ajuste” o que se le ponga el nombre que se quiera, el objetivo final tiene que ser gastar menos y mucho mejor para liberar recursos para el sector privado, de modo que reciba mejores bienes y servicios por los impuestos que paga.
