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El presidente Luis Lacalle Pou, junto a la ministra de Economía Azucena Arbeleche y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie, presentaron ayer miércoles los lineamientos generales del presupuesto quinquenal, que seguramente ingresará al Parlamento el próximo lunes 31, al filo del plazo constitucional.
El presidente señaló que el presupuesto será “austero” y con una “profunda sensibilidad social”, y ratificó que las prioridades del gobierno son la generación de empleo, la educación y la vivienda. También se comprometió a no aumentar impuestos para disminuir el déficit fiscal, y que ello se logrará con base en “ahorros” en la ejecución del gasto público, más allá de que el objetivo de abatirlo en US$ 900 millones o más quedará para el 2021 como consecuencia de la crisis sanitaria.
Según señaló la ministra Arbeleche, las proyecciones oficiales apuntan a que el PBI tendrá una caída de 3,5% en 2020 y una recuperación de 4% el año que viene, al tiempo de que el déficit fiscal pasará de 6,5% del PBI en este año a 4,1% en el 2021, básicamente como resultado de la aplicación del plan de ahorro y la recuperación de los ingresos por la mejora del nivel de actividad.
Más allá de que la crisis sanitaria aumenta mucho más la incertidumbre, el mensaje del Poder Ejecutivo parece bastante claro y totalmente consistente con lo que se señaló durante la campaña electoral. La corrección del grave desequilibrio fiscal “heredado” se dará no por la vía de subir impuestos, sino de bajar el gasto a nivel global. A su vez, la atención de las áreas “prioritarias” será sobre la base de una mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos que ya se están gastando en la actualidad, o al menos esa es la intención. La idea no es seguir metiéndole la mano en el bolsillo al sector privado para financiar un crecimiento continuo del gasto público, como se hizo durante los gobiernos del Frente Amplio, sino intentar que sea el Estado el que se aprete el cinturón gastando menos y mejor.
Aunque se hizo una mención lateral al tema, es claro que una parte fundamental del “plan” para equilibrar las cuentas fiscales y poner a la deuda pública en una trayectoria sostenible a mediano y largo plazo es la reforma del sistema previsional que se discutirá en los próximos meses y que debería estar aprobada no más allá de mediados del año que viene. Si bien la reforma previsional no tendrá impactos relevantes en las cuentas públicas en el actual período de gobierno, sí tendría consecuencias muy positivas desde el punto de vista financiero y en cuanto a la capacidad de acceder a más crédito.
El presidente Lacalle Pou señaló que el presupuesto que se va a presentar es “optimista” y sin lugar a dudas es así. Por un lado, las dificultades para bajar el gasto son bien conocidas, y habrá que ver si las nuevas autoridades son capaces de generar los ahorros que se han prometido. Por otro lado, la incertidumbre global en materia de crecimiento mundial como consecuencia de la crisis sanitaria es tal que, más allá del impacto positivo de la construcción de la planta de UPM2 y obras conexas, es difícil apostar a un crecimiento económico sostenido y a tasas elevadas en los próximos años. Más teniendo en cuenta la difícil situación de la región y lo que ocurre en materia de competitividad y rentabilidad de las empresas locales.
Como sea, la señal que se pretende enviar al sector privado es positiva. Aunque no hay espacio para un “afloje de la cincha”, al menos no se vuelve a recargar nuevamente la mochila con la que deben cargar empresas y particulares. Es más, si el gobierno logra efectivamente mostrar resultados concretos en la reducción del gasto y se encamina bien la reforma de la seguridad social, dadas las condiciones financieras internacionales previsibles para los próximos años, no debería tener ningún problema en recurrir a un aumento fuerte del endeudamiento externo. Eso serviría para financiar una significativa rebaja de impuestos a las empresas y a los trabajadores, así como un gran incremento de la inversión en infraestructura que reduzca el “costo país”, contribuyendo a generar un círculo virtuoso de mayor inversión, empleo y crecimiento. Pero para ello habrá que esperar al menos hasta mediados del año que viene, y ver qué es lo que se cumple de lo prometido.
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