De hecho, en la reunión que se desarrolló en la Torre Ejecutiva durante más de una hora el lunes 21 para tratar el tema y de la que informó Búsqueda en su última edición, participó, además del vicepresidente Danilo Astori, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el actual secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y el ex secretario de la Presidencia de Vázquez, Miguel Ángel Toma.
Fuentes del Frente Amplio señalaron que de esta forma ambos líderes políticos están preparando la transición del gobierno y “limando posibles asperezas” para la continuidad de esa fuerza política en el poder.
Al igual que la decisión de la TV digital, la posibilidad de arreglar con Casal fue cuestionada por Astori.
En un comunicado público, Astori, principal figura del Frente Líber Seregni, se quejó por la filtración del encuentro.
“La nota aparecida en la portada de hoy, del semanario Búsqueda constituye —notoriamente— una filtración sobre una reunión en el edificio de la Presidencia a la que fuimos convocados junto al ministro de Economía Fernando Lorenzo para considerar el diferendo que existe entre el Estado y el empresario Francisco Casal por razones impositivas”, afirma el comunicado.
“Una vez más se utiliza el método de la filtración a la prensa para hacer referencia a temas de gobierno y —nuevamente— como suele ocurrir en estos casos, se suministra información que deforma o tergiversa la realidad, esto es, la verdad”, se queja.
“Así, en este caso, la versión publicada omite un pequeño detalle y es que en esa reunión manifestamos con el ministro Lorenzo nuestros serios reparos sobre este tema y la necesidad de un análisis más profundo y riguroso del mismo, tanto desde el punto de vista jurídico, como desde las perspectivas política e institucional”, agrega.
“Ante esta situación, me veo en la obligación de ponerla en conocimiento de la opinión pública, que de esta manera podrá disponer de elementos de juicio relevantes a los efectos de formar opinión. Mi lealtad al gobierno y mi adhesión a las instituciones no tiene límites. Tampoco el valor que concedo a la ética y a la rectitud de procedimientos en la acción política”, concluye.
Consultado por Búsqueda, Guerrero se negó enfáticamente a realizar cualquier tipo de comentario. “No comento reuniones de gobierno ni discuto con compañeros por la prensa”, aseveró. “Se trata de un proceso tributario que no corresponde comentarlo porque está amparado por el secreto”, agregó.
“Tensa”.
Empero, según supo Búsqueda, la reunión en la que participaron Toma, Guerrero, Astori y Lorenzo fue por momentos tensa. Incluso en más de una oportunidad Lorenzo alzó el tono de su voz y Astori le pidió que se serenara. De hecho, fuentes políticas señalaron que Lorenzo no tiene decidido hasta el momento si firma o no la resolución para archivar el tema Casal.
En el encuentro se manejó la posibilidad de que si eso no se hace el Estado quede expuesto a una demanda millonaria si el contratista obtiene un fallo favorable en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Ese tribunal ya consideró válida una filmación presentada por la defensa de Casal en la que un grupo de inspectores de la DGI concurre a la oficina del contratista a transmitir en forma enérgica los adeudos que presuntamente tenía con la administración tributaria. Según la defensa de Casal, esa visita de los inspectores constituyó una suerte de extorsión.
Ante ese escenario y para “resguardar los intereses” de la administración, integrantes del Poder Ejecutivo plantearon que lo mejor es buscar una “solución jurídica” que permita “blindar” al Estado de esa posible reclamación que puede alcanzar los U$S 300 millones, según las estimaciones.
De acuerdo con los informantes, la fórmula jurídica que se estudia es la “avocación”, una figura que permite que la Presidencia y el Ministerio de Economía soliciten el expediente a la DGI para resolver el punto. Según explicaron especialistas en la materia, la avocación es un instituto que faculta al órgano superior, fundándose en razones de orden jerárquico y de oportunidad, adquirir una competencia que materialmente coincide con la que un órgano inferior posee.
La negociación incluye como contrapartida que Casal y el resto de las personas a las que la administración tributaria les reclama tributos impagos desistan de realizar acciones judiciales contra el Estado.
“Fehaciente y contundente”.
En el gobierno preocupa seriamente la posibilidad de que Casal obtenga una sentencia favorable en el TCA. Para eso se basan en un dictamen del procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Rafael Ubiría, quien le dio la razón el contratista de fútbol Héctor Buitrago por un caso muy similar al de Casal.
Si bien la opinión de Ubiría no es vinculante para los ministros del TCA, puede indicar el rumbo que seguirá la jurisprudencia en este asunto.
Según ese dictamen de Ubiría, las formas jurídicas que los particulares adoptan para sus negocios son lícitas y quien tiene la carga de probar que son artificiales es la administración.
En esa línea el fiscal afirma que comparte la opinión que ha dado en otras oportunidades el propio TCA en cuanto a que la prueba que se requiere para aplicar el artículo 6 del Código Tributario y declarar la existencia de una “unidad económica” debe ser fehaciente y contundente, lo que no ocurre en este caso.
Este aspecto es importante porque si se entiende que el contribuyente es titular de una unidad económica, tiene un tratamiento más gravoso por parte de la administración, tanto desde el punto de vista jurídico como económico.
Por esos fundamentos, el procurador del Estado considera que es “insuficiente” la prueba ofrecida por la DGI respecto a que la integración de sociedades en el denominado “Grupo Casal” conforman una “unidad económica”.
Por otra parte, según el dictamen de Ubiría no surge probado que sociedades panameñas realizaran “trabajo en forma relevante” en Uruguay de manera de pagar el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) que le es reclamado.
Esto tiene otra implicancia importante, porque aquellas sociedades que no generan IRIC tampoco configuran IVA.
No obstante, el dictamen del procurador afirma que Buitrago y otro contratista deben pagar sí el impuesto al patrimonio, aunque su responsabilidad no es ilimitada como reclama la DGI sino limitada al valor de los bienes que administraban.
Este dictamen de Ubiría se suma a otras opiniones técnicas que también apoyan la posición de Casal en el diferendo que mantiene con la administración tributaria. Los dictámenes de los fiscales de gobierno Toma y Daniel Borrelli, desginados por Vázquez, concluyeron que el empresario futbolístico no adeuda tributos. La misma opinión manifestaron varios de los principales referentes de Derecho Tributario. Entre ellos, el experto Juan Manuel Albacete, del prestigioso estudio Guyer & Regules, concluyó que Casal no debe pagar impuestos y que el plazo de prescripción de los tributos es de 5 años y no de 10, como afirma la DGI.
Antecedentes.
El diferendo entre Casal y la DGI comenzó en 2008, cuando a pedido de la administración tributaria la entonces jueza civil de primer turno, Loreley Opertti, embargó los bienes de Casal y de los empresarios Daniel Delgado, Jorge Chijane, José Herrera, Gonzalo Madrid, Carlos Aguilera, Sergio Hermida, al corredor de bolsa Ignacio Rospide y al contador del grupo Julio Szafran por U$S 25 millones. Con el tiempo esa cifra inicial fue aumentando por la mora y los recargos hasta llegar a más de U$S 100 millones.
Unos meses más tarde la DGI inició un juicio penal contra Casal por el delito de defraudación tributaria que fue archivado por el juez Carlos García a pedido de la fiscal Dora Domenech, quien consideró que el comportamiento del empresario no merece reproche penal porque se comportó sin dolo. Casal solicitó el asesoramiento de diversos especialistas que le informaron que no debía pagar los tributos reclamados.
En ese caso, el contratista contó con una consulta favorable del catedrático de Derecho Penal y ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández. A pesar del archivo del juicio penal, el litigio civil continúa, aunque su monto se redujo sensiblemente luego de que Casal presentó una fianza de U$S 1,5 millones (Búsqueda Nº 1.736).
