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Le escribo en relación con la reciente nota sobre el informe presentado por la Dinacia y las declaraciones del brigadier general Alejandro Trujillo. Considerar que la construcción de un aeropuerto entre las lagunas Garzón y de Rocha beneficiará a las áreas protegidas adyacentes resulta una premisa simplista y contradictoria.
En primer lugar, argumentar que la infraestructura es necesaria porque hoy existen decenas de vuelos no controlados sobre la zona es trasladar la responsabilidad institucional. Si existen aeronaves y principalmente helicópteros realizando sobrevuelos sobre áreas de alta sensibilidad ecológica y localidades como José Ignacio o las lagunas, esto no responde a la falta de un aeropuerto en ese predio específico, sino a deficiencias en la fiscalización, vigilancia y aplicación de la normativa por parte de la propia Dinacia.
En segundo lugar, carece de sustento técnico y lógico afirmar que la presencia de una terminal aérea a 30 kilómetros de la zona garantice un control eficaz, mientras que la fiscalización desplegada desde infraestructuras existentes a 50 kilómetros —como el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce— resulta insuficiente. La capacidad de monitoreo del espacio aéreo depende de la tecnología de vigilancia, los protocolos operacionales y la voluntad fiscalizadora de la autoridad aeronáutica, no de erigir una obra de gran impacto ambiental e infraestructura en la franja costera entre dos ecosistemas protegidos.
Asimismo, resulta desacertado recurrir al ejemplo del aeropuerto de las islas Galápagos para justificar esta ubicación. En contextos insulares y geográficamente aislados, dicha infraestructura responde a una necesidad estricta de conectividad física básica, con alternativas terrestres inexistentes, y opera bajo severísimas restricciones de bioseguridad.
En la costa de Rocha, por el contrario, existe una red vial consolidada y hectáreas técnicamente disponibles para implantar un aeropuerto fuera de zonas frágiles, lo que vuelve la comparación forzada e insostenible.
Pretender resolver la falta de control aeronáutico instalando una fuente permanente de perturbación sonora, impacto paisajístico y riesgo para la avifauna entre dos lagunas protegidas es un contrasentido. La protección de nuestras áreas naturales requiere una fiscalización rigurosa del espacio aéreo existente y una planificación territorial responsable que aleje la infraestructura aeroportuaria de los ecosistemas más vulnerables del país.
Como uruguayos, tenemos la obligación de proteger este patrimonio único de Rocha.
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