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Parque Hotel cierra sus puertas como casino municipal y pasa a la órbita del MEF tras un siglo de gestión
Mario Bergara aseguró que la decisión tendrá “un impacto económico significativo”, ya que ese local generaba un déficit cercano a los US$ 2,5 millones anuales
El Casino Parque Hotel reabrirá la segunda semana de setiembre bajo la gestión de la Dirección de Casinos del MEF.
En agosto de 2024, cuando la oposición departamental cuestionaba las pérdidas del Casino Parque Hotel y ponía en duda la conveniencia de que la Intendencia de Montevideo (IM) continuara administrándolo, el entonces intendente Mauricio Zunino defendía enfáticamente la gestión municipal. Particularmente, el diputado Martín Lema había señalado que el casino había acumulado pérdidas por US$ 3,3 millones entre 2021 y 2023, pero Zunino sostenía que el Sistema Departamental de Casinos debía analizarse en su conjunto y que, bajo esa mirada, era “superavitario”. También recordaba que los balances habían sido presentados y aprobados por la Junta Departamental, aunque reconocía que siempre era posible “revisar y mejorar la gestión”.
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Dos años después el escenario cambió. El pasado viernes 28 de agosto la intendencia dejó de gestionar y explotar el Casino Parque Hotel, que pasará ahora a funcionar bajo la órbita de la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), después de más de un siglo.
La decisión quedó plasmada en una resolución de la IM, aprobada dos días antes, en la que se disponía “el cese de la gestión y explotación del Casino Parque Hotel” en el histórico edificio conocido como Casa de Andalucía. La comuna esgrimió “razones de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa”, al entender que los juegos de azar no son parte de “los cometidos esenciales ni prioritarios del gobierno departamental”.
El casino prevé abrir nuevamente sus puertas la segunda semana de setiembre en una nueva etapa de gestión.
Bergara dijo a Búsqueda que la transferencia del casino “representa el cumplimiento de un compromiso asumido durante la campaña y un hito de gestión en el proceso de ordenamiento y cuidado de los recursos públicos de la IM”. Afirmó que hoy la intendencia “no tiene vocación de desarrollar una política de juego”, y que la gestión de ese tipo de establecimientos “le corresponde al organismo nacional especializado en la materia”, que es la Dirección General de Casinos del MEF. Además, aseguró que “esta definición tiene un impacto económico significativo”, ya que el casino municipal generaba para la IM un déficit cercano a los US$ 2,5 millones anuales.
“A partir del próximo año, ese costo dejará de recaer sobre el presupuesto departamental”, celebró.
Trabajadores
Uno de los aspectos que más preocupación generaba de este proceso era el futuro de los casi 50 funcionarios del casino. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) anunció semanas atrás que, de los 46 trabajadores, 35 accederán al retiro anticipado, ya que computan sus años de servicio como insalubre, con un rango de edad menor para la jubilación con un incentivo. El resto de los trabajadores, en tanto, serían reubicados, ya que sus carreras no existen en la órbita municipal fuera de los casinos.
Bergara explicó que el financiamiento de este acuerdo se cubrirá con los ingresos de la venta de las máquinas slots y del arrendamiento del edificio y el déficit de aproximadamente un año a partir de setiembre. “Los 11 funcionarios que continuarán en la intendencia serán redistribuidos en diferentes áreas de la administración departamental”, señaló. Los slots serán vendidos al MEF, mientras que el local donde actualmente funciona el casino será arrendado por dos años para desarrollar la misma actividad.
Consultado sobre los planes del MEF para hacer viable un negocio que históricamente ha arrojado números en rojo, el intendente prefirió no hacer consideraciones. De todas formas, reiteró que con esta transferencia “la IM cumple un compromiso asumido con la ciudadanía, elimina un déficit anual significativo y concentra recursos públicos en las responsabilidades que son propias del gobierno departamental”.
“Es una decisión que combina cumplimiento, ordenamiento de la gestión y responsabilidad en el uso de los recursos públicos”, opinó.
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