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    Para Uruguay, sería una “oportunidad” tener un “vínculo más estrecho” con la OCDE, según el BID

    El organismo multilateral entiende que “profundizar” la relación con esa institución con sede en París mejoraría el posicionamiento del país frente a inversores y los mercados financieros

    Buscando evitar anticipar debates a la interna del oficialismo, el Ministerio de Economía acordó con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que estudie qué “cosas debería hacer” el país si quisiera ser “aspirante” a miembro de esa institución con sede en París. Para el titular de esa secretaría de Estado, Gabriel Oddone, es la estrategia política más sensata: “Pedir al gobierno que evalúe si ingresar o no a la OCDE, y después de que tuviéramos el apoyo, nos dijeran (desde la organización) ‘bueno, pero hay una cola y vos estás atrás de esos países’, es como ridículo”, manifestó a Búsqueda en enero pasado.

    En junio, cuando Oddone volvió a París invitado a participar en un foro de funcionarios ministeriales, la OCDE le planteó si el gobierno uruguayo estaría dispuesto a firmar un MOU —sigla del inglés de memorandum of understanding—, que habilita posteriores conversaciones para una posible membresía. El ofrecimiento no fue considerado todavía por el oficialismo; “esto tiene muchas implicancias y también hay cosas que hay que entender un poco mejor; yo creo que por sí o por no (la propuesta) debería ser respondida, por decir algo, antes de finalizar el verano que viene”, declaró el ministro a Búsqueda en agosto.

    La opinión personal de Oddone es favorable a iniciar un proceso de adhesión plena. La idea es bien vista en círculos empresariales, por parte de integrantes de ciertos centros de análisis y por algunos entendidos en relaciones internacionales. Aunque sin ser explícito en cuál debería ser el vínculo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también respalda una mayor aproximación de Uruguay con esa organización.

    La estrategia del Grupo BID con Uruguay para el período 2026-2030, definida junto con el gobierno, señala que los “logros” que ha conseguido el país en algunas áreas “lo posicionan para profundizar su relación con la OCDE, lo cual representa una oportunidad para atender los retos” que todavía presenta.

    Marca que Uruguay “ya participa activamente en iniciativas de la OCDE que incluyen evaluaciones de inversión, estudios de desarrollo multidimensional, ser miembro del Centro de Desarrollo y la copresidencia del nuevo Programa Regional para América Latina y el Caribe 2026-2029. Un vínculo más estrecho con la OCDE representa para Uruguay la oportunidad de impulsar reformas ancladas en estándares internacionales, fortalecer la gobernanza y la institucionalidad, consolidar consensos nacionales y aumentar la confianza ciudadana”.

    Además, según el BID, un proceso de ese tipo le “permitiría al país posicionarse favorablemente ante inversores y mercados internacionales, así como participar en la definición de estándares globales y fortalecer la acción colectiva para afrontar desafíos comunes”.

    La posición del ministro

    A priori, es: toda vez que yo pertenezco a un club de países que comparten visiones civilizatorias similares estoy protegido de un mundo mucho más hostil. Eso sí lo pienso. Por eso el CPTPP (Acuerdo Transpacífico), por eso el acuerdo Unión Europea-Mercosur, por eso la OCDE. Esos son paraguas para un pequeño país; no es lo mismo estar solo, solo, solo, en una región que se volvió distinta a nosotros, que estar amparado bajo paraguas de países que son parecidos a nosotros”, planteó en la entrevista con Búsqueda de comienzos de año. La semana pasada agregó otros argumentos; entiende que el país ya tiene planteada una agenda bilateral con la OCDE por temas tributarios y el secreto bancario, y que el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el proceso de adhesión al Tratado Transpacífico le pueden poner por delante discusiones similares.

    El libro El despegue: cómo crecer y distribuir en Uruguay, en la mirada de Gabriel Oddone, publicado en 2024, antes de que el ahora ministro se metiera de lleno en la actividad política, plantea que lo que considera francamente inconveniente es que el país integre en su ordenamiento jurídico todas las recomendaciones contenidas en la agenda de la OCDE sin sumarse al club y disfrutar de algunas de las ventajas de ser miembro. “Si Uruguay se va a comprar todas las restricciones que derivan de la agenda tributaria global, entonces prefiero comprarme también todos los beneficios que están asociados a integrar una organización como la OCDE”, señala el ahora ministro.

    Por ventajas de pertenecer a la organización, aclara el libro, se refiere a adoptar el “enforcement” que la OCDE pone a disposición para llevar adelante algunas reformas institucionales que el país requiere y que la economía política doméstica dificulta o directamente impide. En ese caso, la excusa para el sistema político sería “la OCDE lo exige como requisito”.

    Fundada en 1961, la OCDE se presenta como una organización intergubernamental que asesora en el “diseño de políticas que favorezcan un crecimiento resiliente, inclusivo y sostenible” y promueve “redes” para la cooperación internacional, “incluida una estrecha colaboración con el G7 y el G20”, los grupos que aglutinan a varias de las economías más ricas y poderosas del mundo. Entre los 38 miembros actuales de la organización están Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur e Italia; y los latinoamericanos son Chile, Costa Rica, Colombia y México.

    Una instancia de aproximación entre el gobierno y las autoridades de la OCDE se dará a fin de este mes. El secretario general de la organización, el australiano Mathias Cormann, estará en Montevideo el próximo lunes 28 y martes 29 para participar en un foro de nivel ministerial de sus países miembros que tratará temas como productividad, competitividad e inteligencia artificial. “Es un evento relevante, que demuestra el interés que OCDE tiene sobre un acercamiento a Uruguay”, interpretó Oddone al comparecer la semana pasada ante la comisión del Senado que trata el proyecto de Rendición de Cuentas.