Para los cinco años que abarca la nueva estrategia, el Grupo BID contempla un rango acumulado de aprobaciones con garantía soberana de entre US$ 1.850 millones y US$ 2.678 millones. Eso incluye “dos grandes proyectos de inversión considerados emblemáticos por el gobierno, lo que configura un escenario con un elevado nivel de aprobaciones al inicio del período”.
BID Invest estima un nivel indicativo de apoyo a Uruguay en 2026-2030 de aproximadamente US$ 1.500 millones, mientras que BID Lab ambiciona aprobar hasta US$ 60 millones en ese quinquenio, incluyendo operaciones reembolsables y no reembolsables, así como proyectos regionales que involucren al país como beneficiario.
La nueva estrategia del BID para Uruguay se apoya en tres “pilares”: innovación y clima de negocios; seguridad y bienestar; y movilidad y servicios básicos.
El diagnóstico: país estable pero con menos avances sociales
El documento empieza con un diagnóstico mixto sobre la realidad del país: lo positivo de aspectos como la fortaleza institucional y macroeconómica convive con un crecimiento económico “moderado” en la última década —un ritmo que se mantendría en el quinquenio abarcado—, “caída de la productividad” y una “desaceleración de los avances sociales”. Ese último punto está plasmado con cifras: la seguridad ciudadana “se ha deteriorado: los homicidios casi se duplicaron entre 2011 y 2018, y la población carcelaria también se duplicó en los últimos 20 años. El 32% de los menores de seis años es pobre —casi el doble que la tasa global de 17%—. Uno de cada cuatro jóvenes está desempleado y solo la mitad de las personas de 21 a 23 años completa la educación media superior, con marcadas brechas según nivel de ingresos y factores étnico-raciales. Además, cuatro de cada diez empresas señalan la insuficiente formación de la fuerza laboral como una restricción severa, lo que evidencia la importancia de desarrollar el capital humano para dinamizar la inversión privada”.
Afinando el “enfoque”
Según el texto, el trabajo con el gobierno buscó darle a la estrategia un “enfoque en la selectividad para lograr un impacto tangible”, también recogiendo “lecciones” de la experiencia con la administración anterior, presidida por Luis Lacalle Pou.
El BID procuró una “alineación de prioridades” con el gobierno del Frente Amplio y eso llevó a identificar nueve áreas a focalizar: innovación; apertura comercial; clima de negocios; competencia; gestión fiscal; seguridad ciudadana; bienestar de la infancia y la juventud; movilidad y desarrollo urbano; y servicios básicos.
El organismo realizó un análisis de riesgos para la implementación de esta estrategia del que emergió, por ejemplo, en el plano político, la “fragmentación” parlamentaria y un oficialismo en minoría en Diputados que “podría ralentizar la aprobación de proyectos”. En lo macroeconómico, el BID entiende que los niveles actuales de déficit fiscal y de deuda pública “podrían incrementar la vulnerabilidad de materializarse escenarios externos más adversos”. En términos de ejecución, identifica como “fuentes de riesgos” los “ciclos precontractuales prolongados en proyectos de gran dimensión, la escasez de roles de planificación en agencias ejecutoras, la dependencia de refuerzos presupuestarios del Ministerio de Economía”, los compromisos asumidos con el régimen de participación público-privada “cercanos al umbral legal” y la “falta de un plan de infraestructura a largo plazo”. Y respecto a lo socioambiental advierte que la “exposición a sequías e inundaciones y a eventos extremos más frecuentes amenazan la infraestructura y la vivienda”.
Para mitigar este conjunto de riesgos, el BID recomienda “proveer y difundir evidencia técnica para facilitar el diálogo y el consenso de apoyo a prioridades estratégicas y mantener canales de comunicación continuos con los clientes (gobierno y empresas privadas)”.
Los “pilares” de la estrategia: innovación y clima
Partiendo de lo que el organismo identifica como “un potencial desaprovechado”, un primer pilar, relacionado con la inversión y el clima de negocios, “aborda áreas clave para dinamizar el sector privado, lo cual es central para acelerar el crecimiento económico” de Uruguay.
Según la estrategia, el Grupo BID “acompañará” al país en la “consolidación de un modelo de desarrollo basado en la innovación, la internacionalización y el fortalecimiento del capital humano, con el objetivo de posicionar al país como un hub regional de innovación”. Entre las acciones concretas, menciona que se “continuará fortaleciendo” a Uruguay Innova mediante la “coinversión público-privada, la infraestructura de I+D (investigación más desarrollo) abierta y los programas de aceleración”. También se apoyarán el “escalamiento” y la proyección externa de empresas tecnológicas y se “reforzarán los instrumentos de apoyo a la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico, mejorando la articulación entre ciencia, empresa y sector público”.
A su vez, BID Invest apoyará la productividad en sectores del agro con ventajas comparativas y “potenciará” cadenas de valor relevantes. BID Lab respaldará la “adopción responsable” de la inteligencia artificial entre empresas de pequeño porte y startups y “acelerará el desarrollo de agrifoodtech”.
Para mejorar el acceso al financiamiento, la estrategia buscará lograr un mercado de capitales en Uruguay “más profundo” a través de “instrumentos innovadores como bonos verdes y sociales, y una mayor integración regional de bolsas”. El documento alude a una propuesta lanzada con ambigüedad meses atrás por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, cuando dice que el BID apoyará la “estructuración de vehículos e instrumentos para fortalecer el acceso de empresas públicas” al mercado bursátil, además de contribuir a “ampliar la disponibilidad de coberturas cambiarias de mayor plazo”.
Como parte de este pilar se mencionan otras acciones diversas, orientadas a mejorar la gestión fiscal —también a escala de los gobiernos departamentales— o a reforzar la “capacidad institucional del sector público de salud mediante la construcción de un mapa sanitario integrado”, mejoras de los sistemas de información del Ministerio de Salud Pública, la “transformación del Hospital de Clínicas en un hospital digital” y la “optimización de los procesos administrativos y financieros” de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
El pilar de la seguridad y la integración social
El documento refiere a la inseguridad como la “principal preocupación ciudadana y uno de los mayores desafíos para la cohesión social” en el país.
En ese sentido, el Grupo BID dará apoyo para fortalecer la “gobernanza y la integración de los subsistemas policial, penitenciario y judicial”. En concreto, la estrategia menciona entre otras cosas que BID Invest podría apoyar la inversión privada en seguridad ciudadana mediante asociaciones público-privadas en infraestructura penitenciaria.
En el campo de la educación, se “promoverá la calidad, pertinencia y equidad de los aprendizajes, enfocándose en competencias fundacionales, socioemocionales y habilidades laborales, incluida la educación técnico-profesional”. El documento también dice que se “incorporará inteligencia artificial y ciencias del comportamiento para fomentar la asistencia escolar y mejorar los aprendizajes”.
Asimismo, BID Lab “pilotará soluciones innovadoras —como Bonos de Impacto Social y servicios WorkerTech— para mejorar la finalización educativa, la empleabilidad y las condiciones laborales de los jóvenes”.
El pilar de la movilidad y los servicios
Uruguay “está bien posicionado en infraestructura en la región, pero presenta brechas que limitan” la productividad, la inclusión social y la “resiliencia climática”, señala el documento como preámbulo de este tercer pilar estratégico.
El país carece de un “plan de infraestructura que facilite la identificación y priorización de proyectos estratégicos a mediano plazo (incluidos aquellos bajo esquemas de participación privada). Además, la escasa profundidad del mercado de capitales y el fondeo bancario de corto plazo restringen el financiamiento” para cubrir necesidades de inversión totales, que según un estudio citado son de US$ 13.160 millones hasta 2030, lo que representa un 1,3% de su Producto Interno Bruto cada año.
Sobre la movilidad en el área metropolitana, el BID describe “problemas estructurales que afectan la calidad de vida y la productividad”: el tiempo promedio de viaje en Montevideo es de 46 minutos en transporte público, hay “falta de integración entre los sistemas urbano y suburbano” y una “limitada planificación”. Por otro lado, la transición hacia un transporte más limpio desde la perspectiva energética “es una oportunidad estratégica que aún no se aprovecha plenamente”, sentencia.
También identifica “retos” en cuanto a la “vivienda adecuada” y el “hábitat urbano”. Un 37% de los hogares del primer y segundo quintil de ingresos presentan un “déficit cualitativo”, principalmente por la baja calidad de los materiales, el hacinamiento y las deficiencias en la infraestructura básica en los inmuebles que habilita. Además, un 5% de la población vive en asentamientos irregulares.
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Ilan Goldfajn, presidente del BID, en la última asamblea del organismo, en Asunción.
BID
Aunque el país tiene una cobertura cercana al 99% en agua potable, el suministro “depende de una única fuente y de una única planta potabilizadora”, y la calidad del recurso “enfrenta riesgos en más de un centenar de localidades del sur”, describe.
Y en materia energética afirma que si bien Uruguay mostró “liderazgo en la transición” hacia fuentes sustentables, tiene por delante el “reto de avanzar en el proceso de electrificación de la economía” y abatir los “altos costos” en el sector de generación.
Frente a todo esto, la estrategia plantea varias acciones. Por ejemplo, BID Lab impulsará “soluciones GovTech en áreas como agua y saneamiento, y electrificación, para mejorar la eficiencia y fomentar la innovación en la provisión de servicios públicos”. BID Invest financiará “proyectos viales, ferroviarios y portuarios bajo esquemas de concesión, reforzando la conectividad regional, la integración con Brasil y la capacidad y la eficiencia del Puerto de Montevideo”. Ese brazo para el sector privado del grupo multilateral analizará oportunidades para apoyar inversiones privadas en programas públicos de vivienda social, la construcción en madera y el financiamiento a desarrolladores inmobiliarios y a la cadena forestal-maderera. También buscará proveer financiamiento para la electrificación de flotas metropolitanas y corredores urbanos y “fomentará el desarrollo del hidrógeno verde como vector energético para el transporte pesado y la industria, mediante reformas regulatorias, esquemas financieros innovadores e infraestructura logística que atraiga inversión privada”.
Los “ejes transversales”
El documento enumera varios “ejes transversales” del acuerdo con el gobierno como “fundamentales para abordar desafíos estructurales y maximizar el impacto de las intervenciones en los tres pilares estratégicos”: capacidad institucional; género y diversidad; y acción climática y medioambiental.
Entre otras cosas, la estrategia prevé la implementación de un “modelo de gestión de Centro de Gobierno” para “aumentar la eficiencia del sector público”.
