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    En manos del presidente

    En el mano a mano, ¿será capaz Orsi de dar vuelta una decisión que parece no tener marcha atrás?; y los partidos, ¿se animarán a rechazar el pedido personal del presidente?

    Columnista de Búsqueda

    Un año atrás, cuando la discusión política se centraba fervorosamente en si había que votar Sí o No al plebiscito por la seguridad social que impulsaba el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio, apareció el término “diálogo social”. Fue la forma que encontraron los sectores frenteamplistas que no querían acompañar la consulta popular para calmar los ánimos, atemperar los enfrentamientos internos y advertir que la discusión sobre cuestiones jubilatorias y otros aspectos de la seguridad social se daría el siguiente año si se lograba el gobierno, y que de esta forma se podría debatir y tomar decisiones sin tocar la Constitución, como planteaba la papeleta que finalmente no llegó a los votos necesarios.

    O sea, se sabía que si ganaba el Frente Amplio existiría este ámbito. No se sabía si la oposición participaría, pero a priori parecía tener sentido porque la instancia incluía temas que excedían lo jubilatorio. Para que se entienda, el diálogo social plantea abordar temas prioritarios para la primera infancia, los cuidados para niños, adultos y personas con discapacidad, la educación. Sí, también abordará temas previsionales, pero todo lo que salga de esa discusión irá en un proyecto de ley al Parlamento. Es decir, si no se logran acuerdos, tampoco habrá votos, por lo tanto, la discusión entre partidos políticos, organizaciones de la sociedad, sindicatos, empresarios y gobierno debería generar consensos para que las ideas que surjan de allí tengan un correlato en la vida pública.

    Sin embargo, sorpresivamente, el lunes 14, con apenas un rato de diferencia, primero el Partido Colorado y después el Partido Nacional informaron en conferencias de prensa que no participarían del diálogo. Luego lo hizo el Partido Independiente y luego Identidad Soberana. Los motivos argumentados, a grandes rasgos, son dos: lo que consideran falta de representatividad de los partidos políticos, y que se incluyan temas que estaban presentes en la papeleta, porque lo consideran un asunto laudado por la sociedad. Cuando digo sorpresivamente es porque no era un tema que estuviera en la discusión pública de los últimos días y porque tampoco se habían manifestado en ese sentido cuando el gobierno les entregó la hoja de ruta que detalla cómo se dará el proceso de discusión durante un año. Pero, además, para abonar a la sorpresa, el diario El Observador informó que el Partido Nacional y el Partido Independiente, que también informó que no participaría de la instancia, ya le habían confirmado al gobierno los nombres de quienes serían sus representantes en el diálogo. Luego de algunas consultas, la explicación sobre esto es que el directorio cambió, que se volvió a analizar el tema y que las condiciones del ámbito no convencían. Hay versiones que indican que el gobierno no aceptó modificar la cantidad de integrantes y otras que dicen que nunca se planteó directamente. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo públicamente que si esa era la barrera, se podía ampliar la participación sin problemas. Veremos.

    ¿Están obligados los partidos de la oposición a participar? No, claro. ¿Sería deseable que lo hicieran? Sí, en mi opinión. Y los argumentos son bastante sencillos. Se abordarán temas prioritarios para crear políticas públicas, se recogerán opiniones de todos los que allí se sienten y, si hay temas importantes y cosas para modificar o temas nuevos para introducir, es mejor hacerlo desde adentro. Así lo ha planteado el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuyo partido sí participará. Evidentemente, existe una estrategia en la decisión que el tiempo dirá si funciona o no, pero la negativa suena más a posicionarse en la vereda opuesta que a una convicción de fondo. Y además, el que entienda que el ámbito no funciona o no le gusta, se puede ir.

    Pero veamos algunos de los argumentos que se manejaron y sus posibles respuestas o soluciones. Los partidos plantearon que tienen baja representatividad y sienten que se banaliza su participación. De los ocho representantes políticos que indica la hoja de ruta hay tres del Frente Amplio, uno del Partido Nacional, uno del Partido Colorado, uno de Cabildo Abierto, uno de Identidad Soberana y uno del Partido Independiente. El FA tiene más, sí. Pero la oposición en total tiene cinco de ocho. No parece tan desventajoso. Aunque mirado desde el otro ángulo tampoco hay una explicación de por qué el FA tiene tres y el resto uno solo. También se han quejado de que el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, que en unos cuantos temas tienen posturas antagónicas con la oposición, tienen más lugares. El planteo concreto es que los partidos tienen ocho lugares en 22 y sienten que se desestima su relevancia. Pero hay un punto nada despreciable: en este ámbito no se vota, por lo tanto, ser uno, tres o cinco, a esos efectos, no tiene importancia.

    Otro de los motivos de la negativa responde a que se introducirán temas que, según blancos y colorados, “están laudados”. Esto es una referencia directa al plebiscito que no llegó a los votos. También hace referencia a la ley de reforma jubilatoria que el gobierno pasado aprobó. Pero en los dos casos hay cuestionamientos para señalar. Para empezar, la ley es modificable, por lo tanto, si existe consenso —y votos en el Parlamento—, no hay nada objetable. Y el tema del plebiscito es otro cantar. La gente lo que decidió con su voto fue que no quería que se estableciera en la Constitución la jubilación a los 60 años, la eliminación de las AFAP y la equiparación de la jubilación mínima con el salario mínimo. Eso es lo que se resolvió con el plebiscito, no que no se pueda hablar de esos temas y discutirlos. La negativa fue a establecerlos en la Constitución a través de una reforma. A no confundir.

    De todas formas, más allá de los detalles —de si antes el FA participó o no y de qué manera en los diálogos sobre otros temas, o de si la oposición quiere hacerlo bajo sus reglas o de las miles de idas y vueltas que pueda haber entre las partes—, si los invitados no quieren ir, el anfitrión, si es que el tema le parece suficientemente importante, debe insistir.

    Y, en este sentido, ayer miércoles se dio un paso más. La foto en el Sodre con todos los representantes de los partidos políticos firmando el acuerdo no salió, pero el presidente Yamandú Orsi juega hoy su última carta. Una reunión por separado con cada uno de los representantes de los partidos que dijeron que no participarán. Uno a uno. Y ahí se verán las cartas que mostrará cada uno y las estrategias de convencimiento y de eventual aceptación o no.

    Es verdad que los ítems a discutir son enormes. Que probablemente el tiempo establecido no alcance y que nada garantiza que este ámbito logre cambios significativos. En las últimas horas escuchamos y leímos frases del tipo “deslealtad institucional”, “show” y “circo”. Pero en medio de las chicanas estamos perdiendo el foco. Mientras debatimos los bancos que cada uno va a tener y si es oportuno o no que políticos y dirigentes sociales y sindicales se sienten en la misma mesa, los grandes temas siguen esperando y las pequeñas rencillas políticas siguen ganando espacio. La duda que surge antes de la reunión de este jueves es: ¿Orsi será capaz, en el mano a mano, de dar vuelta una decisión que parece no tener marcha atrás? Y otra: ¿se animarán los partidos a rechazar el pedido personal del presidente?