El pasado 3 de junio en Paysandú, al volver de su trabajo, un hombre se encontró en la puerta de su casa con la cabeza de su perra Juli. La mascota, a la que buscaba desde hacía días, había sido decapitada viva por su expareja, quien poco después fue condenada por un delito de violencia privada especialmente agravado, con una pena de cinco meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Sin embargo, más allá de juzgarla por la amenaza, no fue posible imputarle ningún cargo vinculado a la muerte de la perra, ya que en Uruguay no existe una figura legal que tipifique el maltrato o la crueldad hacia los animales como delito.
El suceso dejó en evidencia un vacío legal que existe en la legislación y volvió a reavivar el debate público sobre la necesidad de que este tipo de conductas sean castigadas penalmente. Hoy, estas acciones son únicamente pasibles de sanciones administrativas (como la confiscación o prohibición de tenencia de animales) y económicas (que van de 1 a 500 Unidades Reajustables), previstas en la Ley 18.471 de protección, bienestar y tenencia de animales.
Es así que la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Representantes comenzó a trabajar en las últimas semanas en varios proyectos —algunos desarchivados de la legislatura pasada— que buscan tipificar como delito penal los actos de crueldad y maltrato hacia los animales, con penas que podrían alcanzar hasta tres años de prisión efectiva. Entre ellos, hay una propuesta presentada por el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, otra liderada por el presidente de la comisión, Walter Verri, y otra elaborada por la Plataforma Animalista, que se suman a las más de 17 iniciativas que se intentaron impulsar en los últimos años.
En ese contexto y tras conocerse lo sucedido a la perra Juli, que conmocionó a la sociedad sanducera, el diputado por Paysandú Juan Gorosterrazú (Frente Amplio) se reunió con el presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Ricardo Teixeira, con el fin de conocer la realidad que atraviesa hoy el instituto. En diálogo con Búsqueda, el legislador explicó que el INBA, creado en el gobierno anterior bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), “no tiene una estructura de instituto, sino más bien de comisión”, con “cargos honorarios”.
“No tiene una estructura, como puede ser el Instituto de Colonización, como para darle la real trascendencia que tiene el tema del bienestar animal”, opinó Gorosterrazú. En ese sentido, evaluó que es necesario dotar al INBA de una nueva estructura que le permita tener “participación y presencia en todos los departamentos, y la capacidad de poder fiscalizar y llevar adelante acciones más contundentes en los territorios”. El diputado afirmó que el problema requiere de una mirada “interdisciplinaria e intersectorial”, e incluso repensar la ubicación e institucionalidad del INBA.
El propio ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, planteó recientemente que el instituto necesita “tener otra estructura desde el punto de vista del financiamiento y del funcionamiento, con otras capacidades para la intervención de otros sectores que permitieran potenciarlo”.
Es que hoy la aplicación de penas pecuniarias por maltrato animal requiere de una investigación llevada adelante por el Ministerio del Interior y Fiscalía, antes de que el caso sea derivado al instituto. Pero una vez que el caso llega, el INBA “no tiene suficiente fuerza para hacer cumplir la normativa, al controlar y aplicar una política pública en todo el territorio nacional”, dijo Gorosterrazú. Y agregó: “Falta mejorar la ejecución, el control y la discusión, y para eso se requiere de una estructura y recursos”.
El legislador se refirió, además, a las multitudinarias movilizaciones que ocurrieron tanto en Paysandú como en otros puntos del país a raíz de la decapitación de la perra, lo cual atribuyó a una agenda que ha sido trabajada especialmente desde las organizaciones sociales, pero también al avance legislativo impulsado en los sucesivos gobiernos.
En ese sentido, el diputado indicó que dado que hay múltiples proyectos en el Parlamento en relación con el maltrato animal, se buscará unificar las iniciativas en una sola propuesta que sea compartida por todos los partidos. Así, la Comisión de Bienestar Animal comenzará por elaborar una hoja de ruta con las distintas propuestas y opiniones, y, particularmente desde la bancada del Frente Amplio, buscarán trabajar sobre un solo proyecto que aúne los planteos y las diversas miradas, con la colaboración de las cátedras de Derecho de la Universidad de la República.
“Queremos avanzar en la penalización, pero intentando que existan medidas sustitutivas a la prisión, como trabajo comunitario. Que pueda devolverse a la sociedad parte del daño causado”, informó.
Denuncias
Teixeira, quien asumió como presidente del INBA en marzo, explicó a Búsqueda que las denuncias que llegan al instituto son recibidas a través de su página web, donde los ciudadanos pueden notificar sobre situaciones de maltrato, abandono o tenencia irresponsable. También reciben denuncias que se presentan ante las comisarías y las que se realizan de oficio por parte de sus propios inspectores.
Actualmente el INBA recibe un promedio de entre 500 y 600 denuncias mensuales, informó Teixeira. Desde marzo a mayo de este año tuvieron 1.570 denuncias, y hasta junio estiman que llevan recibidas cerca de 2.000. Más de la mitad son por tenencia irresponsable de animales, mientras que otro 20% se deben a ataques y mordeduras de perros. En menor medida se registran denuncias por abandono, maltrato y ataques a animales de producción.
El INBA clasifica las denuncias según la gravedad: aquellas que no necesitan que el instituto se haga presente se procesan a través del correo y se le manda una notificación al denunciado, del que es necesario conocer nombre y dirección. Si se trata de una falta grave, ahí sí los inspectores del INBA registran el lugar. Sin embargo, el instituto cuenta únicamente con siete personas para todo el país.
Consultado sobre si son suficientes, Teixeira planteó que solo unas 200 denuncias son catalogadas como urgencias y registradas por los inspectores. Por ejemplo, perros que muerden a las personas en la calle, caballos sueltos en la ruta y accidentes de tránsito en las que animales quedaron lastimados. “Ahí se inicia un proceso que no termina con la ida del inspector al lugar. Y si bien la gente no ve respuesta, las actuaciones continúan y terminan en una multa para el tenedor en unos casos, y en la incautación de los animales en otros, dependiendo de la gravedad del hecho. Pero todas las denuncias que ingresan tienen algún tipo de tratamiento y las graves se atienden todas”, aseguró.
El problema es que muchas veces las denuncias que llegan —como un perro que ladra— son quejas que deben ser solucionadas en el municipio, no en el INBA. “Inclusive a veces inventan el maltrato en la denuncia para que el instituto le dé más importancia”, señaló.
Respecto a la aplicación de las sanciones económicas, Teixeira indicó que si bien las multas son obligatorias, “el pago es voluntario y son muy difíciles de cobrar”. En ese sentido, opinó que debería existir “otro tipo de alternativas” enmarcadas en una futura ley de maltrato animal, que obligue, por ejemplo, a realizar trabajo comunitario.
El presidente también se refirió a las movilizaciones sociales generadas a raíz del hecho en Paysandú. Sin embargo, sostuvo que al INBA “no lo presiona para nada”, porque el caso aún no terminó y el proceso continúa. “El problema es que la gente quiere que las cosas se hagan como a ellos les parece, pero nosotros tenemos que regirnos por el derecho, no podemos adelantarnos a las situaciones”, dijo Teixeira, en referencia a que deben esperar las actuaciones de la Justicia y de la Policía antes de poder intervenir.
Sobre la posibilidad de reubicar al INBA, el presidente indicó que lo que se busca en el próximo Presupuesto Nacional que está bajo elaboración del gobierno es incorporar un artículo para crear un instituto independiente del MGAP, similar al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria o el Instituto Nacional de la Carne, con una junta directiva y un presupuesto aparte.
Es que hoy el INBA “no tiene presupuesto”: “Este año, por ejemplo, se está ejecutando el presupuesto del período 2020-2025, y el instituto no tiene dinero. Se maneja con la plata del MGAP y con dinero de endeudamiento externo, por Rentas Generales y un proyecto del Banco Mundial. Eso es lo que lo sostiene hoy”, indicó.
Además, está prevista una tasa del 4% que se le cobra a la comercialización de raciones nacionales e importadas, que va a servir para el financiamiento del INBA en el próximo período, cuando el instituto salga del MGAP. “Ya se está repensando, porque en realidad en los temas vinculados a animales de compañía el ministerio no tiene incidencia”, explicó.
Esto le permitiría, agregó, contratar más personal de manera directa para que haya al menos un inspector en cada departamento con un vehículo para trasladarse, algo que hoy “es inviable”.
