A fines de abril el partido Peñarol-Cerro por el Torneo Apertura se suspendió por incidentes. Los hinchas de Cerro tiraron proyectiles a la cancha y a una de las tribunas, una mujer fue herida, la Policía recomendó terminar el partido y en diarios, portales, programas de radio y televisión especializados en fútbol se discutió una semana sobre responsabilidades y soluciones.
A lo largo de junio, el ministro del Interior, Carlos Negro, convocó a periodistas deportivos de distintos medios a una serie de reuniones informales para explicar los límites de actuación que la normativa establece para la Policía Nacional en los espectáculos futbolísticos, con el objetivo de que, a futuro, comuniquen de manera correcta a la opinión pública los alcances del rol policial. Básicamente, su intención fue aclarar un concepto: los partidos de fútbol son un espectáculo privado cuya seguridad —como todo evento privado— depende del organizador, en este caso, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los clubes.
Negro repitió ese concepto en las reuniones con los periodistas deportivos, también ante los legisladores en el Parlamento, en actos públicos y frente a los propios dirigentes del fútbol. En febrero, antes de asumir, acudió a la sede de la AUF para hablar con Ignacio Alonso y los presidentes de Nacional y Peñarol, Ricardo Vairo e Ignacio Ruglio; allí planteó una mayor coordinación entre las partes bajo el marco legal actual, que deriva el control de la seguridad en los organizadores.
Insistió en ese punto la semana pasada, cuando recibió en el Ministerio del Interior a una comitiva de dirigentes encabezada por Vairo, Ruglio y la directora ejecutiva de la AUF, Victoria Díaz. El cónclave, que se citó de urgencia por los incidentes sucedidos en la final entre Nacional y Peñarol por el Torneo Intermedio, comenzó con una nueva alusión de Negro respecto a la responsabilidad de las instituciones sobre los actos violentos que ocurren dentro de las canchas.
Fue un punto de partida contundente para una charla que se prolongó por más de tres horas en un ambiente tenso. “Fue muy franca y sincera”, matizó en una conferencia de prensa posterior el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya. Más allá de la insistencia en apegarse a las normas —que establecen que la Policía solo actúa fuera de los escenarios y está facultada a entrar ante determinados incidentes de gravedad—, la tirantez del Ministerio del Interior y la Policía Nacional con la AUF y los clubes radica en una convicción de que la violencia en el fútbol se reduce con una actitud más firme de los directivos ante los barras bravas: impedir la entrada a los partidos de todos los que figuran en la lista negra, denunciar sus actividades ilícitas y negarles el acceso a las instalaciones de las instituciones.
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Carlos Negro ha insistido en que el rol de la Policía en el fútbol se limita al perímetro de las canchas
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En los hechos, mantener esa postura es difícil. El año pasado Alonso admitió en el Parlamento que accionar contra los barras bravas no es sencillo para dirigentes que a diario son extorsionados para recibir entradas y otro tipo de favores, como el uso de estadios y predios de entrenamiento. Los amenazan personalmente a ellos y a sus familiares, o con la hipotética organización de incidentes que deriven en una quita de puntos. “Los directivos reciben todo tipo de presiones. Esto está supercomprobado”, dijo el presidente de la AUF.
Frente a esta situación, fuentes policiales indicaron a Búsqueda que, sin embargo, los directivos no suelen denunciar estos hechos, por lo cual la Policía queda inhabilitada de actuar; tampoco los directivos han averiguado ni consultado sobre la posibilidad de que se les otorgue una custodia.
La complejidad de la situación determinó que, tras la reunión de la semana pasada, el Ministerio del Interior tome una serie de medidas que no estaban previstas al comenzar esta gestión de gobierno. En líneas generales buscan incrementar la responsabilidad de los clubes en la vigilancia y el monitoreo de los partidos, lo que deriva en una mayor actividad policial, aunque sin ingresar al campo de juego como hasta ahora. Según fuentes oficiales, esto conlleva dos riesgos que el Ministerio del Interior prefería evitar: un aumento en las críticas de la opinión pública ante eventuales incidentes y restricciones para el público no violento.
La situación de las barras bravas
Las de Cerro, Nacional y Peñarol son las tres hinchadas bajo observación constante de la Policía Nacional, que desde 2023 nuclea inteligencia y operativa en una unidad especializada, la Dirección General de Seguridad en el Deporte. Especialmente violenta, la barra brava de Cerro cuenta con la ventaja, desde el punto de vista policial, de ser considerablemente menos numerosa que las de los equipos grandes.
La de Peñarol estuvo liderada en los últimos años por Emiliano Corbo, quien a principios de 2025 anunció su retiro de la hinchada para trasladarse a Dubái junto con su hija, pareja del futbolista Damián García. Una de las hipótesis policiales es que, más allá de los motivos familiares, su salida respondió a un intento de disputa del control de la hinchada por parte de un grupo de Cerro Norte con vínculos con Luis Alberto Suárez, alias Betito, hincha de Peñarol. Actualmente, la Dirección General de Seguridad en el Deporte maneja información sobre un posible retorno de Corbo, en un análisis policial que describe una relativa estabilidad en la barra brava de Peñarol, en especial si se toman en consideración su dimensión y sus antecedentes.
El contexto es diferente en Nacional, donde la barra brava perdió su referencia el año pasado tras las detenciones de Carlos Cazenave y Alan Lorenzo, hoy en prisión en Argentina por participar del intento de robo a un banco. Como líder quedó el tercer ladero, Carlos Abella, que debe hacer frente a grupos jóvenes numerosos y organizados: Lucas Píriz, Los Pibes del Skey y especialmente La Sub 21, una banda formada por personas de los barrios Cerro y Borro.
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La barra brava de Nacional incrementó su violencia y sus rivalidades internas; es hoy considerada por la Policía la más peligrosa
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“Son actualmente los que más se imponen al statu quo que venía de años”, dijo un policía, quien afirmó que, sin Lorenzo y sobre todo Cazenave, Abella enfrenta un panorama complejo para mantener el liderazgo de toda la barra brava porque “no tiene un perfil tan combativo” como sus dos aliados.
Los datos de la Dirección General de Seguridad en el Deporte catalogan a La Sub 21 como un grupo más focalizado en desmanes que en el negocio económico de una barra brava. Este es un punto llamativo compartido en otros grupos internos de Nacional y Peñarol, interesados sobre todo en la violencia de por sí contra el clásico rival, lo que supone para el Ministerio del Interior un desgaste de recursos durante los operativos de los partidos clásicos, ya que las agresiones no se limitan a la cancha y sus alrededores, sino que también ocurren en estaciones de ómnibus y zonas céntricas de Montevideo e incluso del interior del país.
Se trata, además, de una característica que se debilita lentamente en Argentina, país del que las barras bravas uruguayas tomaron históricamente sus esquemas y conductas. A diferencia de lo que ocurre en Uruguay, los episodios más graves en los últimos años en Argentina —muertes, heridos por armas de fuego o blancas— se originaron en peleas internas entre facciones de una misma hinchada, que compiten por el control del poder económico que generan sus negocios, mucho más desarrollados que en Uruguay: las transferencias de futbolistas, la concesión de puestos de comida, el cuidado de autos en las afueras del estadio, la reventa de entradas, la organización de viajes al exterior, los eventos de peñas y la comercialización de merchandising, entre otros.
Incluso este fin de semana, durante la segunda fecha del Torneo Clausura, la Asociación del Fútbol Argentino pondrá en marcha un plan piloto para el regreso de las hinchadas visitantes en la provincia de Buenos Aires, tras 12 años de prohibición.
Las nuevas medidas para la seguridad del fútbol
Del encuentro del 9 de julio, encabezado por Negro, participaron también Azambuya, Vairo, Ruglio, Díaz, el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Gerardo Siri, y los vicepresidentes de Nacional y Peñarol, Flavio Perchman y Eduardo Zaidenstadt. En la conferencia de prensa posterior, Azambuya actualizó el estado de salud del policía herido durante el clásico por una bengala náutica arrojada por la hinchada de Nacional hacia la tribuna Ámsterdam desde la tribuna Colombes, que terminó en la tribuna América. El efectivo está internado estable en el CTI del Hospital Policial.
El subdirector de la Guardia Republicana, Jorge González, admitió que esa bengala, así como otras lanzadas por ambas hinchadas, pudieron haberse escondido en el Estadio Centenario antes del partido. “Nosotros arribamos a las 10.30 de la mañana e hicimos una inspección exhaustiva del lugar, pero la realidad es que algunos sectores de proveedores no estaban totalmente abiertos. Esos lugares quedaron sin registrar”, dijo Rodríguez, quien añadió que la seguridad privada —contratada por los organizadores— era la encargada de asegurarse de que todos los sectores del Centenario fueran accesibles en la inspección previa. “Ahora, con las medidas que vamos a tomar, van a tener la obligación de tener todas las reparticiones abiertas para que la Policía pueda hacer los controles correctos”, finalizó Rodríguez.
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La Policía obligará a los organizadores privados a permitir una revisión completa de los escenarios antes de cada partido
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Las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior exigen a la AUF y a los clubes el “acceso total a todas las instalaciones de los estadios, incluso los destinados a depósitos de proveedores externos”; “realizar un relevamiento exhaustivo de todas las instalaciones e infraestructura de los escenarios deportivos, incluyendo las capacidades instaladas del sistema de cámaras y videovigilancia”; y “control y revisión corporal y de pertenencias de toda persona que ingrese y desempeñe funciones en los estadios”, como personal de ventas, proveedores, jugadores, entrenadores, dirigentes y palquistas.
También se ordenó la prohibición del despliegue de banderas de gran porte y el compromiso para que los clásicos que se hagan en el Campeón del Siglo o el Parque Central se jueguen sin hinchas visitantes.
