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Ministerio del Interior y una sanción de último día
¿Por qué una institución como el Ministerio del Interior prioriza el hecho de sentir “desacreditada su imagen pública” por sobre la importancia de la defensa a los derechos humanos?
Hace varios años que los hechos de violencia vienen impactando en niñas y niños cada vez más pequeños. Los casos suelen llegar a las noticias solo cuando hay asesinatos o heridas de bala, pero esta infancia sufre en vida otra serie de violencias de las que poco se habla y para las que no parece haber respuesta. Adolescentes captadas por redes de narcotráfico para la explotación sexual o el narcomenudeo o jóvenes utilizados para el sicariato. Este es el tipo de situaciones que desde hace años viene denunciando la ONG El Paso, dirigida por la trabajadora social Andrea Tuana.
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Precisamente de eso estaba hablando Tuana hace poco más de un año en el programa Arriba gente (en febrero de 2024), donde la habían invitado a comentar “los últimos hechos de violencia que han tenido a niños como protagonistas”. Desde su experiencia, Tuana afirmaba que esto no se trataba de algo nuevo, sino de un problema estructural del país, y uno que va a seguir pasando mientras se mantenga la “postura inerte” del Estado. La experta, que desde hace décadas es activista contra las violencias de género, doméstica y sexual hacia niños, niñas y adolescentes, señaló en esa entrevista que lo que se precisa con urgencia son políticas estructurales. “Necesitamos lo contrario a lo que hizo este gobierno, que fue retirar un montón de proyectos, apoyos y ayudas”, afirmó.
Para Tuana es fundamental reforzar las políticas que combaten la pobreza, para “no permitir que sea el narcotráfico el que les dé la solución”. Así, en aquella entrevista enfatizaba que las propuestas deben estar a la altura de las necesidades: brindar a las familias involucradas una ayuda básica, “un shock de respuestas” que refuerce las políticas sociales en territorio y ofrezca asistencia psicológica y psiquiátrica para situaciones de pobreza. “El Estado tiene que estar presente para garantizar los derechos de niños y niñas. Cuanto menos Estado haya, el narco va a ganar el espacio”, afirmaba la trabajadora social.
Sorprende que, ante realidades tan dolorosas como las que describe Tuana (y las describe porque las conoce, porque ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de estas personas), haya una institución que prefiera pasar por alto el carácter urgente de la defensa a los más desprotegidos y prefiera leer sus palabras como una falta de respeto. Eso es precisamente lo que eligió hacer el Ministerio del Interior, donde Tuana se desempeña desde hace más de 30 años como trabajadora social, en el Departamento de Neuropsiquiatría Pediátrica del Hospital Policial. Así, se priorizó el hecho de ofenderse como institución e iniciar un sumario, aludiendo a que la funcionaria “realizó críticas a la gestión de gobierno” respecto a la prevención. Pero este argumento deja varias dudas.
En primer lugar, el sumario se encuadra en el literal c, del artículo 21, del decreto 1/016, que reglamenta la Ley Orgánica Policial. Este punto clasifica como faltas disciplinarias muy graves “aquellas que ocasionan el descrédito de la imagen pública institucional”. Así, el literal hace referencia específicamente al descrédito de la imagen de la institución Ministerio del Interior, no de la “gestión de gobierno” en general. En ningún momento de la entrevista con Arriba gente se escucha a Andrea Tuana desacreditar al ministerio, sino señalar la ausencia de políticas sociales para abordar estos problemas de raíz. Visibilizar el horror en el que viven muchos de estos niños y niñas y explicitar la falta de una asistencia integral no debería ser entendido como un descrédito a una institución policial, sino como una necesidad imperiosa de llamar la atención sobre estos temas fundamentales.
Tuana es exactamente lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define como “defensora de derechos humanos”, es decir, “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional”. La CIDH considera a estas personas un “pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias” y entiende que, “cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad”.
Entonces, ¿por qué una institución como el Ministerio del Interior prioriza el hecho de sentir “desacreditada su imagen pública” por sobre la importancia de la defensa a los derechos humanos? ¿Por qué no se elige hacer una interpretación de la normativa que dé lugar a lo realmente urgente, que es alguien que habla en defensa de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración (algo así como una “interpretación proderechos” de la Ley Orgánica Policial), en lugar de ofenderse y sancionar a la funcionaria por seis meses sin goce de sueldo por cometer “una falta muy grave”?
Tanto la sanción en sí como el hecho de que se haya firmado justo en el último día de trabajo del ministro del Interior saliente (el 28 de febrero) huelen más a que alguien quería sacarse las ganas de castigar a Tuana antes de irse que a cualquier otra cosa medianamente coherente.
