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Solo cuatro de las 26 cárceles tienen salas de lactancia y funcionarios penitenciarios inician un juicio al Estado
El sindicato busca que el Ministerio del Interior construya en un año salas en todas las unidades y que se elabore un protocolo para que “toda mujer embarazada no trabaje en un establecimiento carcelario”
Funcionaria del INR en la cárcel de Santiago Vázquez, antiguo Comcar
El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios resolvió iniciar un juicio contra el Ministerio del Interior por la falta de salas de lactancia en las cárceles, acondicionadas exclusivamente para que las funcionarias puedan amamantar a sus hijos mientras trabajan en las prisiones —como ha sucedido en algunos casos— o para extraerse leche.
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La Ley 19.530, aprobada en 2017, obliga a que las instituciones, organismos y empresas del sector público y privado cuenten con salas de lactancia materna si trabajan 20 o más mujeres, o más de 50 personas.
Sin embargo, según información que fue aportada por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) al gremio el 1º de abril de 2025, a través de un pedido de acceso a la información pública al que accedió Búsqueda, solo cuatro de las 26 unidades cuentan con una: la Unidad N° 1 y la Unidad N° 6 de Punta de Rieles, la Unidad N° 4 de Santiago Vázquez y la Unidad N° 7 de Canelones.
En la respuesta, el Ministerio del Interior también informó que no existe un protocolo que permita a las embarazadas ser reasignadas a tareas fuera del ámbito penitenciario, donde los funcionarios, al igual que los presos, están sometidos a condiciones de trabajo insalubres. “Se estudia caso a caso con el fin de adecuar las tareas a las posibilidades de la gestante, teniendo en cuenta que para ello se requerirá la presentación de un certificado médico”, respondió la cartera.
Si bien la Ley 17.215 de 1999 establece excepciones para el cambio temporario en las actividades que desempeña una mujer embarazada, todavía no fue reglamentada, entonces, en la práctica, su aplicación es “arbitraria”, dice el sindicato. Su implementación queda “sujeta a la voluntad del director de cada establecimiento penitenciario, con posibles consecuencias de discriminación y arbitrariedades y muchas veces no concediéndoles el derecho de cambio de tareas en los hechos”, según detallaron en la citación al Ministerio del Interior para una conciliación, en el marco del juicio ordinario.
El presidente del gremio, Germán Gutiérrez, operador penitenciario grado 3 del INR dijo a Búsqueda que es “particularmente grave” que las funcionarias embarazadas sean obligadas a trabajar en la cárcel hasta el inicio de la licencia por maternidad.
En el llamado a la cartera para la conciliación, que será el próximo 25 de junio —una instancia obligatoria antes de cualquier proceso judicial—, el sindicato buscará acordar con el Ministerio del Interior que, en un período de un año, cumpla con la normativa de salas de lactancia en todas las unidades y que presente un informe de avance de las obras cada tres meses, además de encomendar al Departamento de Género del INR a elaborar un protocolo de actuación en 60 días para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 17.215 para que “toda mujer embarazada no trabaje en un establecimiento carcelario”.
En ese pedido también se incluye que la cartera encomiende a la Dirección Nacional de Bomberos presentar un informe en 60 días, respecto a la violación de la normativa contra incendio y que informe de los riesgos de incendio sobre cada una de las cárceles que no cuentan con la habilitación. Según informó el propio Ministerio del Interior en la respuesta al pedido de acceso a la información pública que hizo el sindicato de trabajadores, solo tres cárceles tiene habilitación de Bomberos vigente (la Unidad N° 1, la Unidad N° 24 y la N° 26), otras cuatro lo tienen pendiente de renovación y el resto carecen de habilitación.
El gremio reclama que, en un plazo de tres años, el ministerio se comprometa a que todas las cárceles tengan habilitación de Bomberos.
Antes de resolver iniciar un juicio, el sindicato presentó un recurso de amparo, que fue rechazado en primera y en segunda instancia, porque se trata de “una problemática histórica de las cárceles nacionales”, según dice la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° turno, que excede el plazo de caducidad de 30 días para interponer la acción extraordinaria de amparo contra la omisión del Estado.
Otros reclamos para las cárceles
Esta no es la primera vez que el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios reclama cambios en la Justicia para mejorar las condiciones laborales y la de los reclusos. En los últimos años fueron promotores del habeas corpus para mejorar las condiciones del Comcar, que fue aceptado de forma parcial por la Justicia, y otro recurso judicial de habeas corpus por el estado crítico de la Unidad N° 5 Femenina, por el hacinamiento y con problemáticas en la infraestructura eléctrica y sanitaria, y la Justicia hizo lugar a su pedido.
El habeas corpus es una herramienta judicial de amparo regulada en el artículo 351 del Código del Proceso Penal, que establece que el recurso debe presentarse ante un juez, con el propósito de “la protección de la persona contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad humana”.
El gremio también reclamó que el trabajo de los policías y operadores penitenciarios en las cárceles sea declarado insalubre, dado que enfrentan condiciones negativas desde el punto de vista higiénico, carencias edilicias, ruido constante, agresiones verbales cotidianas, ataques físicos puntuales, incendios accidentales y exposición indirecta al humo de tabaco, ya que fumar está permitido en estos establecimientos. Ese planteo está siendo analizado por la Comisión Honoraria de Trabajo Insalubre.
Además, pidieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que analice la posibilidad de incorporar como “actividad bonificada para su cómputo jubilatorio” el trabajo que realizan los operadores civiles en las cárceles. Esto implica que se computen más años de trabajo que los efectivamente cumplidos por las condiciones especiales en las que se desempeñan.
