El más violento.
El año anterior culminó con el triste privilegio de haber sido el más violento contra la prensa ecuatoriana desde 2008, cuando el registro se ubicó en 22 casos (ver gráfico en esta página).
La Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa de Fundamedios reportó el año pasado 174 agresiones en contra de medios, periodistas y ciudadananos que ejercían su derecho a la libertad de expresión, lo que suma desde 2008 un total de 778 agresiones.
Según la organización, el hecho de mayor gravedad ocurrió el 11 de abril en Guayaquil, donde el periodista Fausto Valdiviezo fue asesinado y hasta el momento se desconoce el motivo y sus responsables.
Fundamedios diferenció entre cuatro grupos de actores que han sido agredidos, principalmente por autoridades del gobierno.
En un primer grupo se encuentran los medios privados y públicos que fueron objeto de 64 agresiones (37% del total). “Sin embargo, de esas agresiones 63 correspondieron a medios privados y tan solo una a un medio del Estado, lo que hace evidente que las agresiones están dirigidas principalmente contra medios que no son afines al poder”, dice el informe.
En un segundo grupo aparecen la prensa escrita, la televisión, periodistas en general, radio y freelancers que fueron víctimas de 51 agresiones (29% del total). “De este grupo, la gran mayoría (43 personas) son trabajadores de medios privados, mientras que cuatro pertenecen a medios públicos”, informó Fundamedios. Las restantes cuatro agresiones fueron contra camarógrafos y reporteros gráficos (tres y una, respectivamente).
Un tercer grupo integrado por personajes públicos y ciudadanos registra 29 agresiones (16%). Este dato marcó un aumento considerable comparado con los registros de años anteriores, ya que en 2010 hubo cuatro agresiones, en 2012 fueron siete y en 2012 seis.
Para Fundamedios, esto “da cuenta de un cierto nivel de intolerancia contra ciudadanos que expresan su opinión o son críticos con el poder, sea a través de redes sociales o a manera de protesta en las calles”.
Y en el cuarto grupo se engloba a las ONGs, que han recibido 13 ataques. El informe recoge expresiones vertidas por el presidente Rafael Correa, quien las calificó de “vende patria”, “traidores”, “desestabilizadores” y de responder a la “ultraderecha”.
En última instancia, las páginas web y portales de noticias registraron cuatro agresiones, los autores de libros cinco y hubo cinco más en otros casos.
Agresores.
Los funcionarios públicos y el Estado fueron los principales agresores, encabezados por el propio presidente Correa en persona, quien utilizó 26 cadenas nacionales para marcar sus diferencias con publicaciones hechas por los periodistas.
“Los funcionarios públicos son los principales agresores, con 82 ataques, lo que representa el 47%, seguido por el Estado, que por medida administrativa, legislativa o judicial, ha sido el autor de 53 ataques, es decir el 32%. Si se desglosa esa categoría, el presidente de la República es el responsable de 14% de los ataques, seguido por jueces con el 11%, mientras que los ministros de Estado han sido responsables de 8% de los ataques”, se lee en el informe.
Si se evalúan los datos de las cadenas nacionales utilizadas por el gobierno y dedicadas a coberturas de periodistas, desde 2007 hasta 2013 se registraron 2.181 en los medios televisivos y radiales, lo que equivale aproximadamente, según el documento, a “ser obligado por 19 días durante las 24 horas a escuchar y ver la propaganda oficial”.
Solamente en 2013 el gobierno de Correa puso en el aire 817 cadenas de la Secretaría Nacional de Comunicación (4.309 minutos). De ellas, 666 fueron cadenas televisivas y 151 radiales.
“El uso de propaganda para la difusión y para posicionar la verdad oficial es la herramienta más fuerte con la que cuenta el gobierno de Rafael Correa, incluso la utilización de cadenas nacionales es la segunda agresión más alta registrada en este año: 26 enlaces obligatorios para desprestigiar y criticar las opiniones distintas a la expuesta por el gobierno”, afirmó Fundamedios.
Esto despertó críticas de organismos internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, la cual indicó que “este mecanismo, utilizado en forma discrecional y con fines ajenos al interés público, puede constituir una forma de censura”.
“Discurso estigmatizante”.
Romper periódicos y descalificar a los medios a través de cadenas ha sido la práctica de preferencia utilizada por el presidente Correa para responder a las denuncias hechas por el periodismo no oficialista.
Según recoge Fundamedios, el presidente ecuatoriano ha utilizado de forma frecuente calificativos como “manipuladores”, “mediocres”, “corruptos”, “conspiradores”, “sicarios de tinta” y “golpistas” para definir a los medios de prensa.
Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista Martín Pallares, actual editor de contenidos digitales del diario “El Comercio”, a quien Correa ha agredido verbalmente en reiteradas oportunidades.
Un informe de Fundamedios realizado en abril de 2013 muestra que “por lo menos en diez ocasiones distintas el presidente Rafael Correa ha utilizado adjetivos como ‘enfermo’, ‘sicario de tinta’, ‘chiflado’, ‘inmoral’, ‘falto de ética’, ‘cobarde’, ‘desquiciado’, ‘pobre hombre’ y ‘malcriado’” para referirse al periodista Pallares.
Otro episodio que involucra a Correa refiere al editor del diario “Hoy”, Roberto Aguilar, a quien se lo criticó por una columna escrita en 2011, en la cual relataba anécdotas del acto en el cual la hija del presidente fue designada abanderada de su colegio. El 1º de junio de 2013, durante el segmento “la amargura de la semana”, Correa le envió un mensaje a Aguilar con la siguiente advertencia: “Si se mete en mi vida privada se va a encontrar conmigo”.
A esto se deben sumar las instancias legales impulsadas por el propio Correa en contra de ciudadanos, periodistas y medios que terminaron con condenas a prisión en algunos casos.
“Un asambleísta y dos activistas fueron condenados a prisión y a pedir disculpas públicas por supuestas injurias contra el presidente Rafael Correa; un periodista en la provincia de Carchi también recibió una condena de 30 días en prisión por supuestas injurias a una ex gobernadora, mientras que en al menos tres ocasiones jueces han obligado a distintos diarios ecuatorianos a rectificar información por sentencia”, denunció Fundamedios.
Asimismo, un periodista de Loja afrontó su quinto juicio tras ser acusado de llamar “ladrón” al ex alcalde de dicha localidad, Bolívar Castillo; y en otro caso, una jueza de la localidad Esmeraldas enjuició a un periódico local y a sus directivos por injurias, exigiéndoles U$S 30 millones de indemnización.
De acuerdo con Fundamedios, estos casos evidencian la situación que viven los profesionales “en un país donde se sigue criminalizando la opinión”.
