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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) estudia un planteo de Antel para que anule una resolución de un órgano de la Presidencia de la República que le exige entregar información sobre gastos de publicidad oficial a un periodista.
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A fines de febrero, el procurador de lo Contencioso Administrativo elevó un dictamen a los ministros del Tribunal en el que sostiene que la empresa de telecomunicaciones debe entregar la documentación solicitada, según informó “La Diaria” el martes 19.
La opinión del procurador, que no es vinculante para los miembros del Tribunal, está en consonancia con la posición de la Unidad de Acceso a la Información Pública —oficina dependiente de la Presidencia de la República— y de la asesoría letrada del secretario de la Presidencia.
“Carece de sustento”.
Amparándose en la ley de Acceso a la Información Pública, el periodista de Búsqueda Guillermo Draper solicitó en abril de 2009 a Antel que le proporcionara datos sobre el gasto en publicidad entre 2006 y 2008. El Directorio de la empresa aprobó una resolución 104 días después en la que rechazó el pedido con el argumento de que “implica revelar datos de altísimo valor estratégico para la empresa, que de hacerse públicos, permitiría dotar a la competencia de una información útil para definir sus propias estrategias de comunicación y responder publicitariamente a las que aplica Antel”.
El periodista denunció la resolución ante la UAIP porque Antel tomó la decisión pasados los 20 días hábiles desde que se presentó la solicitud. La ley establece que cuando no hay decisión contraria en ese lapso, tácitamente el organismo público da una respuesta afirmativa.
Ante esa denuncia, los abogados de Antel reiteraron el argumento de que la difusión pública de sus gastos publicitarios puede “provocar severos impactos en la operativa” de la compañía.
El 13 de julio de 2010 la UAIP fijó posición a favor del denunciante. En una resolución sostuvo que la defensa de Antel “carece de sustento” porque no dio una respuesta negativa en los plazos previstos en la ley.
El expediente llegó a la Secretaría de la Presidencia en agosto. Uno de los asesores letrados de esa dependencia respaldó la opinión de la unidad.
Última etapa.
Pero el enfrentamiento entre Antel y la UAIP no terminó ahí. Como la resolución no podía ser impugnada, el ente estatal llevó el caso ante la Justicia administrativa para conseguir su anulación y retener la información.
El 2 de febrero, la procuraduría del TCA estimó que Antel debe entregar los datos por el mismo motivo expuesto por la unidad de acceso y la Presidencia.
