Durante meses, la conversación pública sobre la industria tecnológica uruguaya se pareció a una sucesión de partes de guerra empresariales: PedidosYa, UKG, Sabre, Verizon/Alorica, BASF. Reestructuras, relocalizaciones, recortes. Un goteo de anuncios que el gobierno leyó en clave laboral y al que el sector respondió, sobre todo, con una palabra: competitividad.
Uruguay logró convertirse en un jugador relevante en servicios tecnológicos, con exportaciones por US$ 3.681 millones en 2024, equivalentes a 4,5% del Producto Interno Bruto. Pero, según Imparatta, detrás de esos números hay una base más frágil: alrededor del 70% del negocio estaría apoyado en software factories, es decir, empresas que venden capacidad técnica por encargo, no producto propio ni propiedad intelectual. Ese modelo, sostuvo, funcionó mientras Uruguay ocupó un lugar muy específico en el mundo: más barato que los mercados desarrollados, más confiable que los más baratos. “Durante años, Uruguay ocupó ese punto medio con comodidad. Ese punto medio ya no existe”, publicó el empresario el 21 de febrero en la red LinkedIn.
Los costos de producir en Uruguay
La primera fractura, según su lectura, sería cambiaria. El negocio de exportar servicios tiene una lógica simple: se cobra en dólares y se paga en pesos. Cuando el peso se aprecia, los márgenes se comprimen. “El resultado es que Uruguay se encareció sin haberse vuelto más productivo. Y eso tiene consecuencias que ninguna negociación salarial puede revertir”, resumió en su análisis. Mencionó, incluso, el caso de BASF como ejemplo de esa tensión. “El ejecutivo de BASF, que lo dijo públicamente, no estaba siendo cruel. Estaba siendo preciso”.
La segunda fractura es de escala. India no aparece en su análisis solo como un país más barato, sino como uno que también puede ofrecer calidad técnica, pero con un volumen infinitamente mayor. “La calidad uruguaya es real. Pero no es suficientemente diferente para justificar el diferencial de precio cuando el trabajo es intercambiable”, planteó Imparatta.
La tercera fractura es tecnológica. La IA no destruiría de golpe el trabajo de software, pero sí empezaría por la capa donde Uruguay se había vuelto fuerte: “Va a eliminar primero exactamente el tipo de trabajo que las factories hacen: código intermedio, soporte funcional, integración de sistemas, documentación técnica. El estrato que Uruguay más exporta es el estrato más expuesto”.
La cuarta fractura sería educativa. No porque falten buenos talentos, sino porque son escasos por definición estructural. El sistema, dijo, no produce en masa los perfiles que la transición hacia un modelo más sofisticado requeriría: pensamiento de producto, diseño sistémico y comprensión del negocio, además de código.
El problema de fondo, planteó, es que Uruguay lleva demasiado tiempo confundiendo salario real con productividad. “El salario real no mide productividad. Mide poder adquisitivo. Son cosas distintas”. La consecuencia, según su argumento, es que el país mejoró ingresos sin discutir con la misma seriedad cuánto valor genera y que, en sectores transables, esa omisión termina pasando factura en forma de pérdida de competitividad.
La pregunta que queda planteada es si el problema es solo el dólar o si el país se acostumbró a mirar la distribución sin discutir con la misma crudeza su capacidad de producir y competir.
Costos “al nivel de Europa”
Consultado sobre ese diagnóstico, el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Amílcar Perea, dijo a Búsqueda que “son análisis válidos”, pero desde la gremial tienen una lectura “un poco diferente en base a la realidad” de sus empresas. Para la cámara, la situación actual no se explica por el “fin del modelo”, sino por una “tormenta perfecta” formada por tres factores: “La falta de competitividad por el precio del dólar, unos años donde el mercado americano, que es nuestro principal mercado, ha estado bastante deprimido y la irrupción de la inteligencia artificial”.
Perea no negó que el modelo esté cambiando. “Sí es cierto que no podemos seguir haciendo lo mismo, sí es cierto que eso es un proceso y sí es cierto que eso ya está siendo más fácil de hacerlo” con la IA, afirmó. “Lo que no compartimos para nada es esa visión apocalíptica de que eso va a ir en desmedro del sector servicios per se. El sector servicios va a seguir teniendo su fuerza, modernizándose y actualizándose”.
Perea admitió que el país perdió el costo intermedio que históricamente lo hizo atractivo. “Hoy los costos de Uruguay están al nivel de Europa y de algunas zonas de Estados Unidos”, señaló. Y agregó: “Con la calidad, si no somos competitivos, no alcanza”.
Al mismo tiempo, subrayó que la IA ya está cambiando la forma de trabajar dentro de las empresas del sector y que las hacen más productivas.
Donde la CUTI se distancia con más claridad del planteo de bifurcación formulado por Imparatta es en la idea de que el destino probable sea un pequeño segmento sofisticado de producto propio y un amplio vacío en el medio. Para Perea, esa visión simplifica demasiado el proceso en curso. “El segmento amplio está adoptando fuertemente productivización de servicios, que es lo que le falta a ese análisis”, señaló.
Viejas ventajas siguen, pero “son insuficientes”
Bruno Gili, uno de los referentes del nuevo armado institucional en ciencia, tecnología e innovación del actual gobierno, ubica la discusión en un marco más amplio. “Uruguay sigue teniendo sus virtudes”, señaló a Búsqueda, y enumeró algunas conocidas: seguridad jurídica, capital humano, trayectoria en servicios globales, huso horario e infraestructura tecnológica. Pero enseguida remarcó lo decisivo: “Siguen siendo válidas, pero son insuficientes”.
“Hay un cambio en la matriz de producción del mundo”, sostuvo. “Si voy a reducir costos para ser más competitivo, lo primero que evalúo es aquello que no es el core de mi negocio”, agregó Gili. Si ese trabajo puede automatizarse o hacerse más barato en otro lugar, algunas ventajas tradicionales de Uruguay pesan menos; “te encontrás con que de repente vale menos la seguridad jurídica o el huso horario y me puedo ir a la India, y eso está ocurriendo”.
Además, señaló que el impacto de la IA no solo está en la relocalización geográfica, sino también en la cantidad de trabajo necesario para producir software. “Antes, desarrollar un software podía llevar 15 o 18 meses; hoy puede hacerse en tres o seis meses”, mencionó.
El director del programa Uruguay Innova puso énfasis en distinguir segmentos. No es lo mismo un back office contable o financiero que una empresa de software con conocimiento profundo del negocio. “No vamos a negar que tenemos problemas de costos para servicios que no son de alto valor agregado”, señaló. Y agregó una crítica más amplia sobre la competitividad del país: “Todo nuestro sector no transable no está teniendo el nivel de productividad y competitividad que necesita el sector que compite globalmente”.
Del software factory al conocimiento del negocio
Donde el gobierno y el sector parecen converger es en la necesidad de mover el eje desde el servicio puro hacia formas más sofisticadas de crear valor.
Gili lo resumió sin rodeos: “Ellos tienen que mutar”. Se refirió así a las empresas uruguayas de software acostumbradas a vender desarrollo por encargo. En su visión, el paso siguiente no es simplemente “hacer producto”, sino combinar software con conocimiento del negocio y construir soluciones exportables a partir de problemas concretos de distintas industrias. “No inventás un producto porque te sentaste una noche en tu casa. Tenés que conocer del negocio”, dijo. Y usó ejemplos conocidos para explicarlo: Genexus surgió de saber mucho sobre bases de datos; el software bancario uruguayo creció al calor de una plaza financiera sofisticada. La apuesta, entonces, sería usar esa misma lógica en salud, seguridad, agro o logística: conectar problemas sectoriales con capacidades tecnológicas y convertir eso en soluciones exportables.
Perea habló de “servicio a producto”, pero aclaró que no se trata de abandonar el mundo de servicios, sino de lograr que “el crecimiento sea sobre producto”. En esa línea, mencionó que la CUTI está trabajando con el gobierno —los ministerios de Economía y de Industria, y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación— en herramientas para apoyar esa inversión de cambio.
En el fondo, el debate vuelve a una interrogante más amplia que el propio Imparatta dejó planteada. “La pregunta que nadie está haciendo en voz alta es qué pasa con las 15.000 personas (…) que siguen trabajando en un modelo que está siendo desmantelado gradualmente”. Si esa transición efectivamente ocurre —sea hacia productos, hacia servicios más sofisticados o hacia nuevas áreas tecnológicas—, el desafío no será solo empresarial. Será también económico, educativo y político. Según el empresario, “esa conversación todavía no empezó. Y el tiempo para tenerla se está achicando”.
