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Trascendió en la prensa que el presidente Mujica realizó afirmaciones respecto a la posibilidad de instalar detracciones a las exportaciones uruguayas. Su principal argumento es que el precio de la tierra ha crecido fuertemente en los últimos años y eso ha sido fruto del “progreso general” que tuvo el país.
En primer lugar, rompe a los ojos la experiencia nefasta que ha tenido nuestro vecino país con este tema, destruyendo las inversiones en el sector agropecuario y llevando a la Argentina a tener que importar carne y granos por falta de stock, algo impensado hace solo unos años atrás. No debemos empecinarnos en copiar los malos ejemplos de la región.
En segundo lugar, no tiene sentido crear impuestos nuevos a sectores que han sido relativamente exitosos en un período. Basta pensar qué ocurriría en caso que el precio de la tierra comenzara a caer, ya que como todo commodity fluctúa dependiendo de factores puramente externos. En ese caso, ¿el Estado devolverá el dinero cobrado a través del nuevo impuesto a los titulares de dichos campos? Evidentemente, eso no ocurrirá.
En tercer lugar, como se evidencia en los informes de compraventas de campos de la DIEA, existe mucha rotación en los titulares de campos. De hecho, muchas de las personas que vendieron sus campos y capturaron la suba en el precio de la tierra, aguantaron quizás décadas de precios deprimidos. En todos esos casos, el nuevo impuesto se cobraría a los nuevos compradores, que no se beneficiaron en nada de dicha suba (es más, compraron seguramente a precios caros). Según las perspectivas de muchos analistas, el precio de la tierra podría detenerse o incluso comenzar a caer por factores externos como tasas de interés mundiales y precios de productos agropecuarios.
En cuarto lugar, no solo hay que pensar en el hecho aislado de recaudar los famosos 60 millones, sino también en los incentivos que se crean en los productores y la gente que invierte sus ahorros en el sector agropecuario. ¿Qué certezas tiene un productor si le van a cobrar detracciones a las exportaciones? Aquellos que vinieron al Uruguay expulsados de Argentina, se irán al Paraguay, Brasil o Bolivia. Y nosotros quedaremos a la deriva, como el país gobernado (o mejor dicho “desgobernado”) por Kirchner.
Por otro lado, llama la atención que el gobierno no cuente con 60 millones de dólares para caminería rural, pero sí tenga dinero para contratar miles y miles de nuevos funcionarios públicos (subieron de 230.000 a 268.000 en las dos administraciones del Frente Amplio). Por lo tanto, el argumento de crear nuevos impuestos para fines loables es una falacia que se viene repitiendo una y otra vez. Lo que hay que hacer es gastar bien los 14.000 millones de dólares que gasta por año el Estado, y no salir a pedir más recursos a los contribuyentes. Recordemos que todos estos gastos se financian con impuestos como el IRPF, que deben pagar aquellas personas que cobran sueldos de 18.000 pesos para arriba (está de más decir que es absurdamente bajo este mínimo no imponible). Y el margen para seguir quitando ingresos a los sueldos más altos, como todo en la vida, se termina, ya que esas personas negociarán con las empresas subas proporcionales a la quita y, en definitiva, la empresa termina con menos dinero disponible para invertir y emplear gente. Si no, como ocurre en todos lados del mundo, esa gente termina yéndose del país.
Resulta clave estudiar mejor las propuestas, no improvisar, analizar los impactos y mejorar la calidad del gasto antes de proponer alegremente más impuestos y, lo que es peor, generar muchas de las cosas que ya vimos en la Argentina y que quisiéramos que nunca ocurriesen en nuestro país.
