El 3 de marzo se celebró el Día Mundial de la Vida Silvestre, focalizado en varios temas preocupantes, entre ellos el tráfico de especies animales. El comercio ilegal de vida silvestre es un negocio grande que representa 20.000 millones de dólares al año, “como mínimo”, dijo el abogado Juan Carlos Vásquez, jefe de Asuntos Jurídicos y Política Comercial de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Esta organización se creó a partir de un acuerdo internacional concertado entre varios gobiernos.
Vásquez es colombiano pero vive en Suiza, donde ha desempeñado cargos relacionados con su especialidad, que es el Derecho Ambiental. “Es un Derecho muy nuevo e innovador, en el que hay mucho por crear y hacer uso alternativo del Derecho clásico para proteger lo que es de todos”, dijo Vásquez a Búsqueda durante su visita a Uruguay para el 1er. Congreso Uruguayo de Derecho Ambiental. El abogado definió el congreso organizado en Montevideo por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, con apoyo de ONU Ambiente, entre otras entidades, como “un hito en la historia”.
“A la gente le parece que no hay que echar a las personas a la cárcel por un tema de estos. Que no está bien cerrar una empresa porque contamina. Entonces estamos en ese dilema de ser un Derecho Ambiental blando, homeopático, paliativo o un Derecho duro, vinculante, que frena cosas cuando le están haciendo daño al medioambiente”, agregó el abogado. Dijo además que se está “evolucionando” hacia leyes más duras en cada país, con aumento de penas y creación de jurisdicciones ambientales. “Este tema es importante para la sociedad y tenemos que prestarle atención”.
Desde el año 2012 aumentó la atención internacional sobre el tema del tráfico de especies. “No es solamente una cuestión ambiental sino también de seguridad y económica, porque muchos países dependen del turismo, de ir a ver elefantes o de hacer safaris. En África este es un tema muy sensible”, señaló. Por eso, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre y maderas. “Estamos muy preocupados porque el tráfico de maderas, de especies marinas y de biodiversidad está en un rango alto, ocupando el tercer y cuarto lugares en los tráficos organizados más grandes del mundo, después de drogas y armas. Hay mafias que entendieron que ahí hay dinero”.
En este mercado negro un cuerno de rinoceronte vale U$S 50.000: más que un kilo de cocaína. Además, las penas son más bajas y el riesgo es menos alto, explicó Vásquez. “Con el boom de ciertas economías en Asia, se han disparado estas acciones, se han matado 100.000 elefantes en tres años para extraer el marfil. En el Amazonas se están perdiendo las especies más preciosas. La caoba y el cedro se están sacando de manera ilícita”, agregó.
El jurista dijo que estos materiales naturales se usan mucho en construcción, en la confección de pisos y muebles, para fabricar los altares de las iglesias en España en caoba y que República Dominicana es un gran consumidor. Asia y Estados Unidos también importan mucha caoba. “Utilizarla no está mal, el problema es hacerlo de manera insostenible. Es como educar a un niño. No es prohibirle todo pero sí decirle que se comporte bien. Ese tema de educar al sector que está aprovechando esos recursos es lo que nos está dando mayores dificultades”.
Vásquez explicó que al tratarse de mafias, no pueden intervenir solo los ministerios medioambientales o los “guardabosques”. Por eso se hizo un consorcio con Interpol, la Organización Mundial de Aduanas, el Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen. “Esto hay que combatirlo como se hace con el tráfico de drogas, y es lo que vinimos a explicarles a los fiscales, los jueces en Uruguay: que este tema es grave y que ellos deben conocerlo para apoyar el trabajo de las autoridades ambientales, que son las que están poniendo el pecho ahí y están un poco solas”.
Sostenible y controlado.
Cites implica un convenio internacional por el cual toda la fauna que sale del país o que pasa en tránsito y está inscripta en sus apéndices, tiene que ser controlada por la autoridad uruguaya para que los ejemplares, que pueden ser cueros, maderas, huevos o productos con componentes animales, sean certificados por la autoridad ambiental del país. De esta manera el aduanero receptor sabrá que ese producto fue obtenido legalmente, o sea de manera sostenible.
“Uruguay es un país con alto tránsito de especies; varias de las situaciones más graves en materia de fauna aquí han sido por tránsito de especies que provenían de un tercer país de América Latina, para el que servimos como tránsito y también como detención y barrera para que esos ejemplares puedan salir”, dijo a Búsqueda Marcelo Cousillas, coordinador del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho.
Vásquez explicó que la biodiversidad abarca muchos elementos. “Las especies son la unidad biológica básica de conservación. En Uruguay se produce caviar pero es legal. Es importante no dar un mensaje equivocado con el tema de legal e ilegal, porque el público se confunde y puede no querer comprar”. Vásquez dijo que hay que proteger los parques con todo lo que implican pero también considerar que el 80% de la biodiversidad ocurre fuera de las áreas protegidas. “Debe protegerse, además, de una manera independiente, por la misma gente, porque no habrá policías suficientes para patrullar el Amazonas, el Congo y los lugares que son ricos en biodiversidad”, puntualizó.
En lo ambiental dos temas macro son la biodiversidad y el cambio climático. Este último ha tomado los primeros lugares en la agenda de las organizaciones y la prensa. “Hay un cambio global, no solo el clima está cambiando. Todo está conectado, si pones foco solo a esta parte del tema, no logras hacer lo que querías. Si solo hablas de cambio climático y no de biodiversidad, haces agua”.
Latinoamérica es una potencia en biodiversidad, “es una región muy rica”, definió el experto. “Por este motivo está sufriendo por el tráfico. Tenemos experiencias exitosas de protección con la vicuña, que es la prima silvestre de la alpaca y la llama. Se ha recuperado pero empieza a haber otra vez tráfico de fibra porque es la más fina del mundo. Hay problemas con algunos insectos, arañas, peces ornamentales y rayas de agua dulce. Todo eso necesita control”.
Los suelos también están sufriendo por la conversión para otros usos, cuando por ejemplo se tala monte para hacer cultivos de soja o poner ganaderías, actividades que destruyen completamente el ecosistema que habitan las especies. “Lo que más hay en el mundo son pollos y vacas. No se usa en la región comer carne de cocodrilo o capibara. Las vacas no se están extinguiendo sino todo lo contrario. Esto es como un músculo, si no lo usas se atrofia y se pierde”, explicó Vásquez.
La devastación de terrenos, secando humedales y tumbando bosques, no solo destruye a los animales que los habitan y su hábitat. “El ecosistema juega un rol muy importante en el clima y el equilibrio ecológico de la región, evitando inundaciones y la pérdida de los servicios ecosistémicos que brindan”.
Resistirse y adaptarse.
Por más que se eduque a las personas y a los niños en la educación formal sobre la conservación y sustentabilidad, las empresas son grandes contaminantes. “Hay de todo: hay empresas visionarias que ven el problema y saben que para posicionarse en el mercado tienen que adaptarse inmediatamente. Otras tienen problemas de costos; otras se resisten. Otras precisan un Estado eficiente que reglamente y evite la burocracia que no funciona”. Todas las piezas son importantes, dijo Vásquez: que el Estado funcione bien y que “las empresas jueguen el juego, porque al principio puede haber resistencia”.
El especialista agregó que es importante que “no se sobrerreglamente el tema y que las administraciones sean eficientes: que si hay un permiso se entregue rápido”.
“Nosotros controlamos la información de todo: el shampoo, la malla del reloj, el pintalabios que por ejemplo tiene esa cera brillosa, que es candelilla, una planta del desierto de México”, explicó.
El consumidor es clave en esta cadena de control: debe estar informado para comprar “de forma inteligente. Porque la empresa va a escuchar más al consumidor que a la ONG o que al Estado. Si pierde clientes, se adapta, así le cueste. Se necesitan incentivos pero también leyes: a quienes violenten las normas hay que ponerlos en cintura. Y se necesitan tanto administraciones eficientes como una sociedad civil muy activa con consumidores informados”.
Según Vásquez, Uruguay está muy avanzado en los temas que se definen como “grises”, relacionados con químicos como el mercurio. “En los temas de fauna parece que está todavía evolucionando porque no se ve la urgencia de tratarlos. Considero que se precisa un envión más para concientizar a las administraciones y a la gente. Entiendo que la gente que se encarga de fauna es un pequeño equipo y tiene mucho por hacer, porque ellos no están en el tema discursivo sino práctico”.
Por otra parte, enfatizó que además de dar permisos, controlar, garantizar cierta infraestructura y dinámica de trabajo en la legislación ambiental, también hay que facilitar que el usuario “cumpla” las normativas. “Porque si le cuesta mucho trabajo cumplir con la ley, no lo va a hacer”.
El 1er. Congreso Uruguayo de Derecho Ambiental, celebrado a fines de noviembre de 2016, elaboró una declaración con varios lineamientos a seguir: “Es necesario reconocer al Derecho Ambiental en el ámbito de la política y la gestión ambiental, así como en el contexto de las distintas ramas autónomas de Derecho, el lugar que le corresponde por la trascendencia de su objeto y por la urgencia que la hora reclama”.
Agrega que “es conveniente mejorar y ampliar la normativa ambiental nacional, a través de leyes y reglamentos que cubran los vacíos aún existentes y mantenga nuestro Derecho Ambiental en un nivel de reconocimiento nacional e internacional”. Sostiene que “es indispensable contar con instituciones con competencias claras en la materia, que sean dotadas de los recursos necesarios”.
Establece que “el acceso a la Justicia en temas ambientales (...) requiere la sensibilización de los distintos operadores jurídicos, y, en especial, la capacitación de los jueces, fiscales y abogados patrocinantes”. El documento también destaca la importancia de la enseñanza del Derecho Ambiental, que debe ser “especialización de posgrado” y formar parte del nivel de grado. Por último, pone como objetivo la organización de la segunda edición del Congreso para la primavera de 2018.
