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“Paulatino pero continuo”, fue una de las premisas con las que Tabaré Vázquez pidió enfrentar la violencia en Los Palomares, Casavalle. Bajo esa consigna se desarrolla desde hace más de dos meses un trabajo que involucra a varios organismos del Estado y logró prácticamente desarticular a Los Chingas, una de las bandas de narcotraficantes que controlaban esa zona de la capital. El operativo, que incluye desde la construcción de calles a allanamientos simultáneos, es liderado por el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, a quien el propio presidente confió esa tarea con el consenso del ministro Eduardo Bonomi.
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Los constantes operativos, que han tenido a Leal como cara pública, generaron que el Ministerio del Interior detuviera el miércoles 5 a la mañana a un integrante de Los Chingas, Jairo Sosa, tras interceptar mensajes telefónicos y de WhatsApp donde amenazaba con asesinar a Leal, informaron VTV Noticias y El Observador.
Las autoridades policiales consideran que las amenazas a Leal son consistentes con experiencias ocurridas en otros países, dijeron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior. Primero los narcotraficantes se atacan “entre ellos”, lo que explica el aumento en los “ajustes de cuentas” registrado en los últimos años. Pero la “evolución natural” del fenómeno es que los delincuentes “redireccionan sus ataques a las autoridades” encargadas de la seguridad. En los últimos años hubo amenazas contra jueces y fiscales vinculados a la lucha contra el crimen organizado.
Pero además, para el gobierno también es una señal de que el operativo en ese barrio está teniendo “éxito”. Las amenazas, que derivaron en que la Policía disponga una custodia a Leal, se produjeron horas después de que el Ministerio del Interior derrumbara el sábado 1º una decena de viviendas en Los Palomares, entre ellas la de Mónica Sosa, madre de Jairo Sosa y líder de Los Chingas.
Bajo el mando de la mujer, desde el año pasado el grupo expulsó de sus viviendas a unas 200 personas mediante amenazas y violencia; luego las vendían, alquilaban o usaban como bocas de drogas y depósitos de armas. El 15 de agosto, Sosa fue ordenada a cumplir 60 días de prisión preventiva por usurpación de una finca y por hurto de energía y agua, en lo que supuso uno de los puntos altos del gobierno en su operativo limpieza en Casavalle.
Dos días después de la audiencia judicial donde la jueza María Noel Olaizola formalizó a Sosa, Leal afirmó que ella y otras seis personas fueron detenidas porque “a punta de pistola” sacaron gente de sus hogares. “Nos estamos acostumbrando demasiado a maquillar algunas situaciones y a no hablar de frente: esta banda criminal de Los Chingas ejercía la extorsión masiva y desalojó a personas que no coincidían con ellos. No lo vamos a aceptar”, dijo en una entrevista con Telemundo.
Cuál es el poder.
Leal fue designado por el gobierno para hablar públicamente de los procedimientos diarios que desde el 23 de junio se realizan en Los Palomares, también conocido como Unidad Misiones. Ese día estuvo a cargo del censo que la Policía realizó a los vecinos y a las viviendas, y desde entonces es frecuente su presencia en la zona y en los medios de comunicación para hablar sobre los avances, los cuales reporta directamente a Vázquez o al prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.
Desde el censo, los trabajos liderados por Leal han derivado no solamente en detenciones y procesamientos sino también en apertura de calles, construcción de veredas, iluminación, demolición de viviendas en estado crítico, limpieza de basurales y reinstalación de servicios públicos. A cargo de la Intendencia de Montevideo y los Ministerios del Interior, Desarrollo Social, Vivienda y Salud Pública, los rápidos resultados conseguidos durante julio y agosto responden a una “orden directa” de Vázquez de reinstaurar “la cultura de la legalidad” en Los Palomares, señalaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
“La idea es demostrar que la seguridad en un sentido integral supone todos los aspectos. Si en esa zona tengo un porcentaje mucho más alto de desempleo no es simplemente el tema del delito. Es una cantidad de ausencias que permiten la autonomía de las personas”, dijo el secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal.
Villarreal ha estado en contacto con el organismo dependiente de Presidencia que Vázquez creó a fines de mayo para tratar el tema después de que el director nacional de Policía, Mario Layera, declarara que faltaba decisión política para desarticular a los grupos delictivos que operaban casi con impunidad en Los Palomares. “La respuesta que se está dando y el año y medio que queda del gobierno de Vázquez tienen que ver con concretar resultados”, agregó Villarreal. “Es una intervención integral que supone dejar en claro cuál es la autoridad”.