2017

La diferencia debe ser en cuanto a la “velocidad en la profundización”. Y, en efecto, es como que hay algo cansino —igual que en el hablar— pero es notorio que el artífice ha optado por el método de cocinar al sapo —esto es, a los uruguayos— poniéndolo en la cacerola con agua fría, la que va calentando de a poquito y así el sapo queda cocinado casi sin darse cuenta.

¿A quién le importa cómo se llame?

Desde el Ministerio de Economía y de diversos integrantes de la coalición de gobierno, salieron a pelear con números en ristre. A saber:

Mejora del salario real.

Efectivamente es así: la inflación fue del 8,1% y el salario medio nominal tomado el año a noviembre creció 10,77%. Los números cantan. Pero veamos algunos detalles: los salarios que más crecieron fueron los de sector público (¿por ser más laburantes?): 11,93% contra 10,77%. Sigamos viendo: si hablamos del aumento real (descontada la inflación), tenemos que el aumento del poder de compra para los funcionarios estatales fue el doble que para el sector privado: 3,54% contra 1,89%.

Pienso que no vale la pena abundar en aquello de quién paga los salarios a quién. Pero es claro que el poder de la burocracia crece con más salarios y menos trabajo (hoy hay tareas que se tercerizan y que antes las cumplían funcionarios), de la misma forma que crece el número de  integrantes: se calcula que en estos años ingresaron cerca de 60.000 funcionarios.

Tarjeta de débito.

Se enarbola como una gran cosa el descuento del 4% para las compras con tarjeta de débito. ¿Y los que compran al contado? ¿Y los que no tienen tarjeta? ¿No son iguales unos y otros? ¿Habrá que establecer en la Constitución dos categorías: la de ciudadanos con tarjeta y la de los sin tarjeta?

En fin: yo lo que veo, y no creo que esté viendo mal, es que se trata de una carnada —transitoria y engañosa, como toda carnada— para que todos acepten la “inclusión financiera” que le permitirá al gobierno saber todo lo que el ciudadano gasta y cómo destina su dinero. Si va al cine, cena afuera o compra un libro (en este último caso recomiendo “1984”, de Orwell).

El Ministerio de Economía sabrá todo lo que hace el ciudadano con su dinero, como lo han dicho, y hasta jactándose, desde esa misma Secretaría de Estado.

Ya el ciudadano estaba bastante acosado y su intimidad violada e inspeccionado en función de los clubes de que es miembro, de los colegios a los que van sus hijos, de si les hacían fiesta de 15 a sus  hijas y más si compraban un auto medio caro o cambiaban de casa. Ahora quieren saber cómo gasta hasta el último centésimo. El 4% menos (de un impuesto, además) es para eso, esencialmente, desde mi punto de vista.

Sumemos a todo eso las nuevas normas que se vienen en materia de secreto bancario (especie extinguida por esta región), que incluso van más allá de lo que exige la OCDE; para empezar con respecto a los residentes, es decir, los uruguayos.

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En otros campos, y paralelamente, de hecho se expropian las armas en manos de los ciudadanos (que se quieren proteger porque no lo hace el Estado) y también con alguna gambeta a la Constitución. Como que uno se olvida de lo de la sal, el cigarrillo, el alcohol y otras situaciones como en el campo de la salud, donde se priva a muchos ciudadanos o se les obliga a salir del país, por la aplicación de una política que huele mucho a la receta en marcha y a la llamada la lucha de clases.

Y ahora esto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Búsqueda Nº 1.899, página 3), sorprendente y preocupante, que validó que unas grabaciones de conversaciones particulares, autorizadas judicialmente en función de una investigación sobre maniobras y eventuales delitos específicos, fueran utilizadas para investigar otro tipo de delitos e incluso aplicar sanciones. Hasta ahora, aquí o en cualquier Estado de derecho, eso de utilizar escuchas no autorizadas expresamente —o autorizadas para otras investigaciones— es ilegal. Parece grave, por más que haya parentesco entre los delitos. ¿Quién resuelve en cada caso el “grado de parentesco”?

Se ha dado un paso en un camino nuevo: el de la pesquisa secreta, lo cual está vedado por la Constitución en su artículo 22. Es algo muy peligroso.

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En concreto, el gobierno —y, particularmente, el Ministerio de Economía— toma todas las medidas, algunas de dudosa legalidad o constitucionalidad, para saber cuánto es lo que tiene y lo que gana cada ciudadano y cómo lo gasta.

¿Cómo podríamos hacer los ciudadanos para saber cuánto es lo que tienen los gobernantes, cuáles son sus ingresos y qué hacen con ellos? Eso es lo que se debe y hay que saber, sin ninguna duda, en los países con democracia representativa.

En los países totalitarios, en tanto, es donde ocurre al revés.