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“Ahora tenemos que debilitar las AFAP para luego reformar el sistema. La posición del PIT-CNT es que queremos un sistema sin lucro. Vamos a ver si nos dan las fuerzas para ir hacia una reforma estructural del sistema en el próximo gobierno”, planteó en marzo Ramón Ruiz, integrante de la representación sindical en el Banco de Previsión Social (BPS), en una charla en el Sindicato Único de Telecomunicaciones días después de que entró en vigor una ley que habilita a ciertos grupos de trabajadores a salirse de esas administradoras de fondos previsionales.
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Hasta ahora, algo más de 5.000 personas se han ido de las AFAP para empezar a aportar solamente al BPS, lo que supuso transferir a ese organismo el equivalente a U$S 38 millones que tenían acumulados en sus cuentas individuales. Son cifras que, según ejecutivos de las administradoras consultados por Búsqueda, muestran un actitud de “correcta racionalidad” de quien se desafilia y, más aún, indican que la ley terminó “consolidando el sistema”.
Las AFAP surgieron en 1996 tras una reforma que buscó darle sostenibilidad fiscal al régimen previsional uruguayo, entre otros propósitos. El cometido de estas administradoras es invertir profesionalmente los ahorros previsionales de los hoy más de 1,2 millones de trabajadores; la mayoría se afilió voluntariamente y el resto lo hizo obligado por la ley en función de su edad y nivel salarial.
El PIT-CNT y las asociaciones de pasivos están en contra de las AFAP porque estas cobran una comisión por el servicio que prestan; alegan que no debe haber lucro con la seguridad social y que el mejor sistema es el de solidaridad intergeneracional manejado por el BPS. También el Frente Amplio las cuestiona e incluso su programa de gobierno para el período 2010-2015 plantea la intención de propender a la eliminación de las ganancias de las AFAP, lo que sin embargo no se tradujo en medidas concretas.
Una ley votada por el Parlamento en noviembre y que entró en aplicación en los primeros días de febrero permite salirse de una administradora a quienes eran mayores de 40 años en 1996 y a los que hoy tengan entre 40 y 50 años; en ambos casos se trata solo de afiliados voluntarios. También habilita la opción —por el plazo de dos años— para los mayores de 48.
Los interesados deben pasar por un asesoramiento obligatorio previo que es realizado por el BPS. Allí se les indican tres escenarios de su posible jubilación, y a partir de entonces corre un período de 90 días en el cual el afiliado debe decidir su permanencia o no en el sistema mixto.
Hasta el 22 de junio asesoró a 20.229 personas y se desafiliaron 4.027, mientras que otros 1.059 revocaron la opción que prevé que aporten a una AFAP por una parte de los pagos que realizan; el 21% tomó una decisión en el momento de recibir el asesoramiento, según datos proporcionados por el BPS.
República, la administradora de propiedad estatal líder del sistema, fue la empresa que más dinero transfirió hasta mayo (U$S 27,7 millones), mientras que Sura pasó al BPS U$S 6,6 millones y Unión Capital U$S 4 millones. No fue posible obtener datos de la AFAP Integración.
Las cuatro administradoras manejan cuentas individuales que acumulan el equivalente a U$S 10.800 millones, aproximadamente.
• Asesoramiento“ecuánime”. “Reafirmamos lo que pensábamos, que esta ley (de desafiliación) consolida el sistema”, dijo Jimena Pardo, directora de República AFAP. “Hoy la gente tiene una verificación de algo y las sumas que trasladamos son manejables, las cubrimos con liquidez”, agregó.
Las administradoras consultadas aseguraron que las transferencias al BPS no han implicado una recomposición de sus portafolios de inversiones. Si bien la ley de desafiliaciones comenzó a regir en febrero pasado, las primeras transferencias de dinero se realizaron a partir de marzo. Ahora se harán mensualmente.
“En nuestras giras por el interior mucha gente nos pregunta por este tema. El asesoramiento del BPS viene siendo ecuánime y mucha gente está preguntando también a su AFAP”, informó Pardo.
República AFAP comenzará ahora una comunicación con cartas personales a los afiliados comprendidos por la ley, especialmente a los mayores de 48 años, que tienen un período especial de dos años para poder desafiliarse.
“El sistema va a estar consolidado cuando la gente tenga educación financiera. Esto (la ley) es un paso. La gente tomó decisiones con racionalidad y el asesoramiento está saliendo bien”, opinó por su parte María Dolores Benavente, gerente de UniónCapital.
“Con la apertura a los 40 años la ley dejó una ventana abierta de permanente peligro, de algo que le podía hacer daño al afiliado. Pero la gente está actuando con correcta racionalidad y se está yendo solo aquel a quien le conviene”, agregó.
Según cálculos de la representación de los trabajadores en el Directorio del BPS, el 78% de los afiliados no estaban obligados a entrar a una AFAP por tener más de 40 años en 1996 o ganar menos de $ 35.516 ($ 5.000 a valores de entonces). El PIT-CNT y las asociaciones de jubilados pretendían que la ley votada en noviembre abarcara a todos los afiliados, pero el gobierno optó por darle una cobertura restringida. Conforme con estimaciones del Ministerio de Economía presentadas durante la discusión legislativa del proyecto, unos 30.000 trabajadores podrían desafiliarse.
