El fiscal mantuvo dos semanas atrás una reunión con abogados de Presidencia para conversar sobre la denuncia penal. Días después Rodríguez concluyó que los exministros Javier García y Armando Castaingdebat, el exdirector general de Secretaría Fabián Martínez y el exdirector de Recursos Financieros Damián Galó tendrán calidad de indagados al comienzo de la investigación, informó el miércoles 5 El Observador.
Fiscalía también solicitó al Parlamento que remita todas las actuaciones de la comisión que investigó el frustrado negocio de Cardama, cuya actividad terminó el lunes 10. Es posible que no sea la única documentación que le llegue desde el ámbito legislativo.
Diputados y senadores del Frente Amplio que integraron la comisión analizan por estos días qué pasos dar. Un legislador dijo a Búsqueda que una posibilidad que manejan es presentar una denuncia penal propia, que una vez ingresada debería ser remitida por la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación de Fiscalía a la sede que tiene la causa ya en proceso.
Entre los legisladores oficialistas no hay todavía un acuerdo sobre cómo proceder, como tampoco lo hubo al cierre del trabajo de la investigadora. Búsqueda informó el jueves 6 que analizaban citar al expresidente Luis Lacalle Pou a la comisión.
El senador Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) dijo el lunes 10 a la mañana en Arriba gente, de Canal 10, que evaluaban esa citación. Recordó que Lacalle Pou decía estar “arriba de los temas” y que podía analizarse sus “responsabilidades políticas”.
El oficialismo desistió de promover la convocatoria del expresidente. El diputado Joaquín Garlo (Movimiento de Participación Popular) contradijo a Caggiani en rueda de prensa ese mismo lunes a la salida de la última sesión de la comisión. Afirmó que el Frente Amplio no manejó citar a Lacalle Pou porque de la comisión no surgieron “elementos” para justificarlo.
La demanda civil por “dolo”
El Estado presentó la demanda civil contra Cardama el jueves 6. Al día siguiente, el juez en lo civil de 9° turno, Alejandro Recarey, aprobó un decreto en el que traslada la demanda al astillero Cardama y emplaza a presentarse en el juzgado en un plazo de 60 días.
Uruguay acusa al titular del astillero, Francisco Cardama, de actuar con “dolo” en perjuicio del Estado durante el proceso de obtención de las dos garantías que permitió la activación del contrato millonario que había firmado con Defensa. Reclama la restitución de los 28.794.500 euros transferidos al astillero antes de la rescisión del contrato, el pago de los gastos legales en los que incurra Uruguay, la diferencia de monto entre lo que le hubiesen salido las dos OPV al país si Cardama cumplía y las que finalmente adquiera y otros daños y perjuicios.
A lo largo de 200 páginas de demanda, el Estado describe una “secuencia de conductas desplegada por Cardama al menos desde la firma del contrato en diciembre de 2023 hasta la constatación del fraude en octubre de 2025”, que “no se explica como una sucesión de errores o negligencias aisladas, sino que revela un patrón sostenido que, examinado en su conjunto, presenta las notas propias del dolo”.
La demanda cuestiona la “buena fe” del astillero y de la validez de las dos garantías que presentó. Cardama tenía 45 días para obtener un aval de fiel cumplimiento por 4,1 millones de euros y otro de rembolso por 8,2 millones de euros; una vez conseguido, el contrato por 82 millones de euros quedaba operativo y Uruguay realizaba el primer desembolso.
Tras 11 meses y muchos rechazos, el astillero logró que Defensa aceptara una garantía de fiel cumplimiento emitida por Eurocommerce Bank, una supuesta institución financiera domiciliada en Londres, y de Redbridge Insurance Company, con representantes en Uruguay.
La demanda dice que Cardama incurrió en un “incumplimiento flagrante de las tres obligaciones” que tenía por contrato: “constituir en forma” la garantía de fiel cumplimiento, renovarla a tiempo y “constituir en forma” el aval de rembolso. Esto coloca a Cardama “en una situación de culpa grave o dolo”.
En cuanto al posible fraude al Estado, el gobierno argumenta que constató el fraude del que había sido víctima cuando en octubre del 2025 quiso ejecutar la garantía de Eurocommerce Bank. Ahí detectó que la dirección incluida en el aval era falsa y que la empresa era “de papel”. Ello obedece “precisamente a la naturaleza del fraude”, dice la demanda: “La garantía fue presentada con apariencia de regularidad, en un contexto de confianza contractual propio de las negociaciones de buena fe que, a la postre, resultó ser groseramente infringido por Cardama”.
Búsqueda publicaría después otros detalles sobre el intento de ocultar el engaño.
Las autoridades entonces fueron a revisar el proceso de constitución de la garantía, relata la demanda. “La constatación del fraude es indiscutible: Eurocommerce no era una institución bancaria, carecía de actividad económica, de empleados, de domicilio real y de registro ante los organismos reguladores del Reino Unido”.
Vista de la primera dirección en la que EuroCommerce afirmaba que se encontraban sus oficinas.
Google Street View
La demanda sostiene que, para dar validez a la firma que lucía en la garantía de Eurocommerce Bank, el astillero presentó documentos falsos. La garantía presentada al Estado uruguayo estuvo acompañada, desde el principio, de documentación notarial adulterada y de un contenido conscientemente distorsionado”, sostiene.
Hortalizas, pallets y la guerra de Ucrania
Después de que quedara expuesto que la garantía de Eurocommerce Bank era falsa, Cardama presentó una denuncia penal en España por considerarse también víctima del fraude. Además, inició un proceso de arbitraje contra el Estado por la decisión, en febrero, de rescindir el contrato.
En esas acciones, según la demanda, el titular sumó un elemento “desconocido hasta ahora”: “la intervención de dos empresas intermediarias presuntamente contratadas por Cardama” para conseguir las garantías que exigía el contrato y que fueron “aparentemente vehículos del fraude”.
“Más allá de la novedad de este planteo, en lo que parece ser un intento por alejarse de su participación directa en el fraude, solo confirma la existencia de un esquema de engaño contra el Estado uruguayo, de principio a fin”, dice la demanda.
Cardama habría contratado a Forum Europe SL y a Star Alliance Consulting. “El análisis de la documentación registral de ambas intermediarias revela que ninguna de ellas contaba con la capacidad mínima exigible para actuar como intermediaria en la obtención de garantías bancarias de esta naturaleza y cuantía”, dice un informe del estudio jurídico español Uría Menéndez, contratado por el gobierno para investigar el tema.
Forum Europe, domiciliada en Valencia, fue contratada como intermediaria el 17 de diciembre de 2023, dos días después de firmar el acuerdo con el Estado para construir las dos OPV. Y luego renovaría el contrato con la intermediaria el 15 de octubre del 2024, cuando negociaba con Defensa para que aceptara la garantía de Eurocommerce Bank.
La intermediaria fue creada en marzo 2021 para el rubro “comercio al por mayor de frutas y hortalizas”. Pocos meses más tarde sumó la venta de pallets, su producto estrella según su web y la fachada del edificio que ocupó al menos hasta 2024, según los registros comerciales de Valencia que obtuvo Búsqueda.
En 2022 y 2023 llegó a tener ocho empleados, pero en 2024 tuvo un promedio de 1,3, según un informe del sitio Axesor que consiguió Búsqueda. De acuerdo con esos datos, una de las supuestas intermediarias de Cardama recibió en 2023 una subvención del Estado español de 80.000 euros destinada a empresas afectadas por la invasión rusa a Ucrania. Ese apoyo estaba dirigido a compañías “pertenecientes a todos los sectores productivos con excepción del sector financiero y de seguros, que se encuentren afectadas por los efectos económicos de la guerra en Ucrania, como el incremento de los precios de la energía, materias primas o electricidad”.
El informe del estudio Uría Menéndez indica que Forum Europe cambió su “objeto social” en enero del 2025, “lo que demuestra que en el momento de la contratación carecía incluso en papel de capacidad legal para esta actividad”. La nueva dirección es en un parque industrial.
Cardama habría llegado a Forum Europe a través de otra intermediaria llamada Star Alliance Consulting, una empresa que en su página web promete “soluciones globales” para empresas que buscan “expandirse” fuera de fronteras.
El estudio español dice que esa empresa “fue constituida tan solo cuatro meses antes del contrato de intermediación, con el capital social mínimo legal de 3.000 euros; su activo total era inferior a 12.005 euros; y no contaba con ningún empleado en plantilla”, según la demanda.
La dirección de Star Alliance Consulting es un cowork en Madrid. Búsqueda llamó al teléfono que luce en la página, un número celular francés, que fue atendido por una persona que hablaba español. Cuando el periodista se identificó, la persona que atendió el teléfono cortó la llamada y no volvió a responder.
“La concurrencia de estas anomalías configura una estructura de fachada deliberadamente diseñada para dotar de apariencia de legitimidad a un proceso de obtención de garantías que carecía de respaldo real, mediante la interposición de sociedades instrumentales. La modificación retroactiva del objeto social de Forum Europe apunta, además, a un intento de dotar de cobertura formal a una actuación ya consumada”, sostiene el informe de estudio Uría Menéndez.
El 22 de octubre del 2025, minutos antes de que el gobierno anunciara que había detectado un presunto fraude con la garantía de Eurocommerce, el titular del astillero envió al Ministerio de Defensa la renovación de la póliza vencida. Era un documento similar al anterior, con los mismos datos falsos y sin apostillar. Una pericia solicitada por el Poder Ejecutivo a Policía Científica sugiere que es apócrifo.
El conflicto de intereses
El gobierno también apunta contra la garantía emitida por Redbridge Insurance Company. Cardama entregó un documento de “Términos y condiciones” y no el documento correcto, según la demanda.
“La verdadera póliza emitida con fecha 23 de octubre de 2024, ahora obtenida de Redbridge, da cuenta de que sus condiciones no se ajustan al contrato celebrado entre Cardama y el Ministerio de Defensa Nacional”, cuestiona el gobierno. “La verdadera póliza de Redbridge, de haberse conocido su contenido al momento de la presentación de las garantías por Cardama, habría sido rechazada”.
La demanda también pone en duda la validez del documento de fondo y la capacidad de aseguradora para el negocio. El Estado apunta a que el astillero presentó un informe de un corredor de seguros —Organización de Seguros MyN de Freitas SRL— que aseguraba que Redbridge tenía las condiciones necesarias para emitir la garantía.
En la póliza que consiguió el gobierno recién este año, MyN de Freitas aparece favorecido como broker del negocio y Redbridge. Búsqueda informó después acerca de otros vínculos entre las dos aseguradoras.
“Esto constituye otra grave violación del principio de buena fe por parte de Cardama, ya que el evidente conflicto de intereses entre los dos agentes hace que la constancia emitida por el corredor de seguros local, y que fue requerida por el Ministerio de Defensa, carezca de todo valor. Más aún, la maniobra perpetrada configura un claro engaño o fraude contra el Estado”, dice.
Toda circunstancia en torno a las garantías, concluye la demanda, “no revela meras irregularidades aisladas, sino un conjunto de hechos convergentes que demuestran que las garantías presentadas carecían de las condiciones mínimas de autenticidad, solvencia, validez y ejecutabilidad exigidas por el contrato, frustrando por completo la protección que debía brindar al Estado frente al incumplimiento de Cardama”.
El Estado uruguayo sostiene que esos “incumplimientos graves” justifican la rescisión unilateral del contrato, sobre la que el astillero no presentó recursos de revocación, y “generan la obligación de Cardama de restituir los importes pagados y resarcir íntegramente los daños y perjuicios causados al Estado uruguayo”.
El Estado ya gastó en peritajes y asesoramientos 474.162 euros, US$ 64.709 y $ 417.255, cifra que podría crecer, según la demanda. Por lo pronto, el gobierno contrató al estudio Rueda Abadi Pereira para tramitar la demanda civil por más de US$ 35 millones.
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