Trámites, pasta de dientes y “abusos”
Varios planteos cuestionan los costos y tiempos que insumen muchos trámites ante el Estado.
En ese sentido, uno solicitó “permitir el uso de notificaciones electrónicas en el ámbito privado en vez de telegrama colacionado que genera demoras y sobrecostos a muchos contratos”.
Una persona que se identificó como director de una empresa sugirió “revisar la intervención preceptiva de profesionales para realizar diversos trámites”, ya que eso “implica un costo para las empresas y muchas veces no agrega valor alguno. La responsabilidad por el trámite y sus consecuencias debe ser del titular. En el caso que el titular considere que la complejidad de la tarea requiere un profesional lo contratará pero será voluntario”.
“Normas claras y simples, trámites sencillos, costos bajos... El innovador sabe, en qué, cómo, cuándo y dónde invertir, e incluso cómo financiarse. Inversores sobran”, fue el lacónico párrafo que envió alguien.
Otro, que se presentó como experto en calidad, alegó en favor de la eficiencia administrativa y se puso a disposición: “Uruguay no es tan grande, y el Estado es lento por las personas; se requiere agilidad, sistemas que simplifiquen y personas que brinden servicio. Y como no se trata de críticas sin propuestas, estoy a las órdenes para colaborar en mejorar estos aspectos”.
Alguien reclamó adoptar un conjunto de “medidas concretas”, varias de las cuales aparecen frecuentemente en la plataforma de las cámaras empresariales: “Ventanilla única real para empresas (abrir empresa en 24-48h)”; “silencio administrativo positivo (si el Estado no responde, se aprueba)”; “eliminación masiva de trámites redundantes”; “todos los permisos, pagos y gestiones 100% online”; “interoperabilidad entre organismos (no pedir datos dos veces)”; “operativa portuaria 24/7 efectiva”; “transparencia total del gasto”; “facilitar contratos laborales temporales y por proyecto”; “simplificar contrataciones y despidos en pymes”; “evaluación de desempeño obligatoria para funcionarios públicos”; “reducción de superposición de organismos públicos”; “fusión/eliminación de organismos redundantes”; “negociación colectiva más descentralizada (empresa versus sector)”; “seguro de desempleo más dinámico (menos rigidez, más movilidad)”; “flexibilizar el Mercosur y avanzar en acuerdos paralelos”; “reducir aranceles a insumos productivos y bienes de capital (general, no sectorial)”; “ferrocarril de carga eficiente”.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento contempla la posibilidad de que haya “importadores múltiples” de un mismo producto, un punto que en la consulta pública recibió varios planteos.
Oddone y sus colegas del gabinete, en la conferencia donde se presentó el proyecto de competencia.
Presidencia de la República
Uno reclamó “validar las homologaciones y certificaciones de productos de otros países” y aludió a un rubro que en varios momentos ha sido utilizado como ejemplo: “Es increíble que la pasta de dientes brasilera (producto Mercosur) tenga que volver a ser homologada en Uruguay y que la empresa entonces restrinja ese trámite a su representante, que nos la vende después cuatro veces más cara que en origen. Notar que no paga impuestos para ingresar a Uruguay y que los impuestos al consumo en Brasil son similares a los uruguayos. Cualquiera debería poder importarla, así se terminarían los abusos”.
“Está muy bien todo lo que están gestionando”, pero “los que elaboramos en el país y tenemos una escala pequeña, compramos en plaza y no exportamos”, estas medidas orientadas a mejorar la competitividad “no nos afectan ni favorecen en nada. Para competir con productos que entran de afuera necesitamos menores costos en la producción”, se descargó uno. Agregó: “Ponemos todo nuestro capital en emprender y terminamos endeudados para mantener trabajos que solo nos da para a duras penas pagar impuestos y sueldos. Por eso vivimos en un país donde la inversión es la construcción, solo ahí hay beneficios”.
Vinculado con los costos productivos, una propuesta estuvo dirigida a favorecer el “nacimiento de empresas”: que en los primeros seis meses o un año cuente con tarifas públicas “bonificadas”. Sugirió implementar ese “tratamiento diferencial” como un “piloto” en zonas de frontera con alta informalidad.
Identificado por el remitente como un “memorándum confidencial” dirigido al presidente de la República y al ministro Oddone, otro incluyó “diez propuestas Innovadoras, 100% viables y de costo cero”, que van desde la “eliminación selectiva de siete tasas menores de control”, como reducción de la presión fiscal, hasta la “contratación de aprendices con crédito fiscal automático” para generar empleos.
Otra expresión de reclamo apuntó contra procedimientos de la Dirección General Impositiva. El asesor de una cámara empresarial del interior se quejó porque, entre ocho empresas de cierta zona, solo se inspeccionó a la “única que estaba registrada y pagando sus impuestos”; según su relato, ese comercio legal “se vio obligado a cerrar sus puertas”.
Impuestos y la “cerrazón” de la economía
Varios comentarios, propuestas y quejas refirieron a asuntos tributarios.
Un planteo fue eliminar los reintegros a las exportaciones, principalmente del rubro cárnico —que el remitente cuantificó en unos US$ 60 millones anuales—, en el entendido de que se “ha favorecido de un crecimiento de precios importante. Totalmente injustificado que los uruguayos subsidiemos al sector mas competitivo de la economía, con una tasa mayor (3,5% versus 2,5%) y que además es un oligopolio muy fuerte. Muy pocos paises pagan estos reintegros a la exportación y Argentina hasta tiene detracciones. Mejor ser neutro y esos ingresos traducirlos en reducciones de impuestos”.
Otra propuesta fue dirigida a modificar los recientes cambios al régimen con franquicia aduanera, que, entre otras cosas, amplió a US$ 800 anuales las compras por persona. En concreto, propuso elevar de los actuales 20 kilos a 50 por envío —o 30 por bulto, como en el régimen de Exporta Fácil—; “restringir el peso no es una medida de protección de la industria nacional, sino que encarece el proceso productivo de la pequeña empresa”.
También vinculado con la Aduana, otra iniciativa fue habilitar un “régimen opcional de autodespacho para operadores que acrediten capacitación, historial de cumplimiento y garantías suficientes. Esto no eliminaría la figura del despachante —quienes prefieran seguir utilizándola podrían hacerlo— sino que daría autonomía a quienes estén en condiciones de operar directamente, reduciendo costos operativos y agilizando los despachos”.
“Saquen la obligatoriedad del despachante de aduana”, reclamó otro, en la misma línea que el anterior. El proyecto no contempla eso, pero habilita el “autodespacho de sus propias operaciones aduaneras” a personas físicas con actividad empresarial o a empresas, cumpliendo ciertos requisitos.
“Uruguay necesita abrir su economía al mundo. Los bienes de capital no tienen precios competitivos por los aranceles y los impuestos. Desde celulares, computadoras hasta tractores y herramientas en general. ¿Por qué un artesano en Mercedes debe pagar más del 50% de lo que cuesta su herramienta en el resto del mundo? En parte el peso uruguayo se sobrevalúa por la cerrazón de la economía”, cuestionó alguien.
Uno de los mensajes más largos que recibió el ministerio incluyó “ideas elaboradas con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial” a partir de “una exploración asistida” sobre diagnósticos económicos actuales y experiencias internacionales comparadas, trabajos de consultoras como Exante, informes de cámaras empresariales y organismos internacionales.
Con el ministro Oddone y el canciller Mario Lubetkin señalados como destinatarios, otro de los comentarios cita diagnósticos sobre los costos en Uruguay elaborados por la consultora CPA/Ferrere y el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), para luego plantear algunas propuestas. “Si logramos, mediante la diplomacia y la gestión territorial, que el comercio fronterizo sea formal, trazable y libre de impuestos en origen, no solo estaremos bajando el costo de vida, sino que estaremos transformando una zona de conflicto y pérdida fiscal en un polo de desarrollo y legalidad”, cierra el remitente.
Un comentario instó a reforzar la competencia dotando de mayor poder a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un aspecto contemplado en el proyecto de ley. “Como bien sabe el MEF, Uruguay tiene mercados chicos con pocos actores, poca transparencia y una autoridad de competencia que funciona con recursos mínimos, sin autonomía efectiva y sin capacidad sancionatoria disuasiva. El consumidor, por su parte, carece de herramientas procesales reales para reclamar frente a conductas anticompetitivas que lo afectan directamente. Cualquier ley nueva que no ataque estos tres problemas estructurales —autoridad débil, mercados opacos, consumidor desarmado— va a ser decorativa”, argumentó. Entre otras cosas, planteó crear un “observatorio público de precios y márgenes en sectores de alta concentración (combustibles, telecomunicaciones, salud privada, servicios financieros, productos lácteos), con datos verificables y metodología transparente.
Una persona que se identificó como médico ofreció pruebas de elusión y evasión fiscal de los impuestos a las rentas por “decenas de millones de dólares” en una mutualista donde, según su denuncia, se ofrecen a pacientes “técnicas mejores por vía privada llamando a un teléfono y transfiriendo monto”.
Propuestas sectoriales
Algunas iniciativas apuntaron a intereses sectoriales.
Cooperativistas agrarios plantearon, por ejemplo, que el certificado que indica que las entidades están al día con sus obligaciones sea suficiente al momento de realizar trámites ante otras entidades públicas o privadas, sin otros requisitos.
Para dar respuesta a la consulta pública, una organización empresarial del sector turístico recabó entre sus socios 110 respuestas mediante un formulario digital circulado en abril. En su planteo al MEF, la gremial señaló que la “carga burocrática asociada a la actividad” —“trámites excesivos, lentos y, en muchos casos, duplicados, así como una escasa coordinación entre los distintos organismos involucrados”— surgió como una de las inquietudes principales. También advirtió que el turismo se encuentra en un punto de “fatiga regulatoria”, dado que las micro y pequeñas empresas —que son el 85%— dedican un “porcentaje desproporcionado de sus recursos a cumplir con el Estado en lugar de a la promoción o mejora del servicio. Si no hay una reducción de costos fijos en baja temporada, la tendencia es hacia la informalidad forzada para sobrevivir”.
El sondeo relevó quejas por las tarifas comerciales de UTE y OSE —“no se ajustan a la estacionalidad” del turismo—, referidas a los “aportes patronales, impuestos fijos y la falta de exoneraciones durante los meses de baja actividad”, así como a la “insuficiente promoción turística y las debilidades en la conectividad”. Controlar la informalidad es de “máxima prioridad”.
Una organización que nuclea a industriales del rubro alimenticio hizo diversos planteos, como simplificaciones administrativas y la extensión —de cinco a diez años— de la vigencia de los registros de los productos.
“Para el sector audiovisual es esencial mejorar y ampliar los incentivos de cash y tax rebate, este último ya hay un pre proyecto que tiene la Dirección de Inversiones. Sin estos mecanismos, que necesitan una adecuación de montos disponibles de manera urgente, es imposible competir”, planteó alguien.
Para el aeropuerto, otro propuso un “sistema de Tasas Dinámicas mediante smart contracts” e implementar una plataforma basada en blockchain para la gestión de tasas aeroportuarias y de navegación. También sugirió ir a una “Aduana invisible”, sustituyendo las verificaciones físicas aleatorias por inspección no intrusiva mediante el “escaneo 3D e IA”.
Un “operador privado comercial de residencia especializada en adultos mayores con Alzheimer y otras demencias” describió que su sector opera con “asimetrías fiscales, regulatorias y contractuales que distorsionan la competencia, desincentivan la formalización e inhiben la inversión privada de largo plazo”. Entre otras medidas, propuso exoneraciones e incentivos fiscales.
“Doctrina Bukele” y “asistencialismo”
La consulta pública ambientó la presentación de propuestas de todo tipo.
Alguien reclamó “eliminar totalmente” la Ley de Concursos, en el entendido de que esa norma, aprobada en 2008, “sólo beneficia a las empresas que se dedican a contraer deudas que luego se niegan a pagar”.
Entre la docena de ideas que planteó uno, las más originales fueron aplicar la “doctrina Bukele adaptada” ante el problema de la inseguridad pública y, aparentemente con ironía, sugirió hacer una “transformación del asistencialismo”, “del Mides a MIDAS”.
Una persona propuso “fomentar la cogestión de las empresas”, de forma que el trabajador pase a “tener más responsabilidades, obligaciones y beneficios de la riqueza” generada.
Otro reclamó “becas para estudiantes del interior” que regresen a su departamento de origen.
El MEF también recibió algunos planteos basados en situaciones personales: “Estoy solicitando un préstamo inmobiliario en el Banco Hipotecario. Con mi esposa llevamos más de seis meses de proceso, aunque desde el día uno está aprobado. La demora ha sido puro papeleo. Considerando que Uruguay tiene ratios bajísimos de acceso a préstamos inmobiliarios, que el banco estatal tenga esta demora es mucho”.
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