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A medida que las altas jerarquías dan muestras crecientes de autoritarismo, uno se va volviendo cada vez más demócrata. ¿Qué sería de nosotros, gente de a pie, si algunas personalidades que hoy ostentan el poder lo hicieran sin el freno de esa cosa maravillosa denominada Constitución de la República? Porque aunque es innegable que nuestra Carta Magna fue numerosas veces profanada y vejada, los uruguayos la sentimos como nuestra principal arma contra la injusticia y el despotismo, y siendo nuestro cobijo ante la agresión, está en nuestra esencia de orientales defenderla y honrarla.
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Solo así se explica el interés casi obsesivo de la pasada dictadura militar por legitimar su situación a la luz de una nueva Constitución, y en erigirse como salvaguardia de la misma, al tiempo que cometían cuanto atropello a la Constitución fuera concebible.
Cuestión que ahora el tiempo pasó, las instituciones se fortalecieron, y vivimos en un clima aparente de paz y con un sistema democrático saneado, como fue orgullo de otros tiempos. Y eso, aparentemente, es cierto: no se escuchan rumores de fraudes electorales, existen espacios de participación ciudadana, y cada tanto algún caso de corrupción sale a la luz y termina con la debida condena.
Pero, hay que decirlo, del horizonte se vienen arrimando algunos nubarrones. Y preocupa que ahora venga a interponerse la dictadura del pensamiento. Cada vez queda más claro que hay una “verdad” oficial, y quienes piensan distinto pueden hacerlo (“la tolerancia”) siempre y cuando se vean reducidos a su mínima expresión, enclaustrados, lejos del carril del transitar social, callados la boca, y aceptando las regulaciones y restricciones ideológicas impuestas por el ya no digamos gobierno, sino “establishment”.
Pienso en un ejemplo reciente y me viene a la mente el Ministerio de Salud Pública, que se está transformando en una especie de Policía del pensamiento orwelliana. Es un hecho que los ginecólogos y demás médicos de este país están firmando de forma masiva sus objeciones de conciencia al aborto. En varios departamentos y localidades, el rechazo médico al aborto es total. Y esto era predecible. Pasó ya en otros países en que legalizaron el aborto antes que nosotros. El médico fue formado para salvaguardar la vida, no para eliminarla. El proceso de transformación en la educación formal está iniciado, pero les llevará un tiempo antes que las nuevas generaciones de médicos formados bajo la consigna “aborto = salud” pasen a copar los hospitales. Además, la gente no es tonta. Y cualquiera que lee el decreto reglamentario se da cuenta que todo eso de la información sobre alternativas al aborto y los plazos de reflexión consciente eran bombas de humo, funcionales para conseguir los votos de algunos diputados indecisos, pero totalmente ajenos a la voluntad del Ejecutivo, que es hacer abortos. Muchos.
Frente a este baño de realidad, algunas autoridades del mencionado Ministerio salieron con declaraciones que denotan mucha falta de sueño. Y cruzaron la raya de lo admisible en una democracia. Salieron a meterse y a indagar dentro de la conciencia de la gente. La encargada de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Leticia Rieppi, al ser consultada sobre el hecho de que el 100% de los ginecólogos de Salto y otras localidades objetan hacer abortos, dio a relucir una muestra de autoritarismo al que los uruguayos nos estamos empezando a acostumbrar: “En un estado laico, uno no pensaría que 12 personas piensan exactamente igual”. ¿Es que están tan convencidos que el aborto es una maravilla y que a los médicos les encanta aspirar fetos vivos, que no se dan cuenta que lo raro y alarmante sería lo contrario? Pero lo más grave es que haya empezado un proceso de espionaje y elucubración de las razones que hacen que una persona piense o no de una determinada forma: “Es un tema al que realmente hay que buscarle un porqué” ya que “seguramente haya especialistas que se dejan llevar por la corriente” (“El Observador”; 19/12/12).
Esto es gravísimo. Es una intromisión de un Ministerio en la conciencia de ciudadanos particulares. Por un lado se asume que una adolescente que quedó embarazada está en perfecto estado de libertad emocional cuando plantea la posibilidad de hacerse un aborto, y al mismo tiempo se plantea que hay médicos especializados de larga data que no son capaces de adoptar posturas personales coherentes. La independencia de la conciencia moral es un derecho de todo trabajador, consagrado en la Constitución en su artículo 54. No hay decreto ni autoridad pública que pueda decirles a los trabajadores hasta dónde puede llegar su conciencia moral y hasta dónde no. Resistiremos cualquier forma de imposición de la dictadura del pensamiento. Y sería bueno que algunas autoridades se fueran acostumbrando a eso.
