Agoreros susurrantes del CPP

Los enemigos del CPP añaden algún argumento tramposo: “¿para qué ese Código si no mejorará la seguridad pública?”. Como si ese fuera el objetivo. ¡Qué razón tenía el músico Frank Zappa!: “La estupidez tiene un cierto encanto del que la ignorancia carece”. Aprovechando esa ignorancia lanzan otros datos, preocupantes, pero solubles. Citan a una reunión el 10 de diciembre de los docentes del Centro de Estudios Judiciales (CEJU), donde se forma a los futuros jueces. Allí se expresó que la prueba de ingreso la dieron 120 aspirantes y solo salvaron 10. Hubo una segunda oportunidad e ingresaron otros 12, lo que hace un total de 22 postulantes. Aun cuando todos aprobaran el curso no alcanzan para cubrir las vacantes actuales. Ni que hablar de si fuera necesario designar a 62 de golpe.

Todo es cierto, pero nada impide que rija ese nuevo Código que es reclamado a gritos por los operadores del sistema como el camino ineludible para democratizar y garantizar el proceso penal. Para demonizarlo los agoreros abogan en contra sin considerar (o tal vez sí) que conspiran para mantener un sistema anacrónico, antidemocrático, inconstitucional y con pocas garantías, en el cual los abogados charlatanes y saca presos trabajan igual que los estudiosos. A esos especímenes y a algunos magistrados les molesta el control ciudadano en juicios orales, exponerse al debate público, salir del oscurantismo y que la víctima participe en el proceso.

Los contras sostienen que no hay condiciones económicas para afrontar el cambio como si todo saliera de las arcas del Estado, cuando hay organismos internacionales dispuestos a aportes económicos. Pese a las sombras esta iniciativa no es solo necesaria sino posible y, a diferencia de otras, es para todos y no para proteger a unos pocos.

Un antecedente destruye los cuestionamientos. En 1986 el gobierno de Julio Sanguinetti designó una comisión de especialistas de oro: Adolfo Gelsi Bidart, Enrique Véscovi y Luis Torello para redactar un nuevo Código General del Proceso (CGP). Es el Código que comprende a todos los juicios civiles, laborales, de familia, etc., con la excepción de los penales. Ese proceso encendió la luz en juicios que transcurrían en tinieblas y de espaldas a la gente. Como hoy los procesos penales.

Fue votado por todos los partidos y en 1989 estaba en funciones. En esa ápoca tampoco había suficientes jueces ni escuela para formarlos.

Sin embargo, se duplicó el número de juzgados y de golpe ingresaron 100 nuevos magistrados: jueces de paz bisoños, abogados de otras dependencias, algunos que ejercían la profesión liberal y otros recomendados por profesores universitarios. Pese a las dificultades iniciales —tanto por tratarse de magistrados inexpertos, como desde el punto de vista operativo—, el CGP, un modelo para Iberoamérica, produjo una revolución que funciona desde hace 24 años aunque los ciudadanos la ignoren y los juicios penales dominen la información mediática.

¿Que hubo jueces que resultaron malos y alguno corrupto? Sí. ¿Que otros no tuvieron la dedicación necesaria? También. Pero varios se transformaron en magistrados de primera. La estructura del Código y quienes se lo pusieron al hombro robustecieron sus cimientos.

Que se apruebe el CPP no significa que regirá desde su promulgación. Si se votara en 2014 entraría en vigencia en enero de 2018. Los cargos presupuestales de magistrados deberían crearse: 20 en 2014, otros 20 en 2016 y 22 en 2017. Irían recibiendo preparación progresiva para juicios completamente diferentes en los que la investigación estará a cargo de los fiscales y el juez será un tercero imparcial, como en todo el mundo serio y democrático.

A diferencia del proceso civil que comenzó con una infraestructura inadecuada, para el CPP y los futuros juzgados se está reciclando el edificio del ex Banco Caja Obrera de 6.000 metros cuadrados en 25 de Mayo y Treinta y Tres, que estará pronto en 2017.

La Corte, optimista, considera aumentar a partir del año que viene los cursos en el CEJU para incentivar a los más capaces. Habrá que ver.