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“Ninguna lógica razonable de asignación de recursos puede derivar en otorgar casi un punto del PIB a deudores del BHU, cuando el país tiene un 20% de pobreza infantil”. La frase la dijo el economista Agustín Iturralde en una entrevista con el semanario Crónicas, comentando la quita a los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, decidida por el gobierno hace unos días, y en la que renunciaba a recaudar casi 600 millones de dólares. Las claves en la lapidaria frase del economista eran las palabras lógica y razonable. O lo que es lo mismo, el economista venía a decir que la decisión no era ni lógica ni razonable. Que, como tantas otras veces, el gobierno (este o cualquier gobierno) estaba cobrando al grito de un grupo de presión.
En un viejo texto, el politólogo francés Maurice Duverger escribía sobre estos grupos y los explicaba así: “La diferencia esencial entre los partidos políticos y los grupos de presión reside en los métodos. A semejanza de los partidos, los grupos intentan hacer votar leyes o adoptar determinadas medidas. Pero a diferencia de los partidos, lo hacen sin nombrar candidatos para las funciones públicas, sin llevar a cabo ninguna campaña electoral, y sin intentar participar en el gobierno. Sus objetivos son siempre limitados en el espacio y en el tiempo”.
Para Duverger, la existencia de estos grupos se debía, al menos entonces, a la escasa adecuación de los partidos a las demandas existentes en la sociedad y agregaba que era interesante observar que en esos grupos “reside hoy un verdadero y efectivo poder de hecho al margen del sistema constitucional a pesar de todos los esfuerzos para controlarlos legalmente. Son los nuevos depositarios del poder, el cual continúa el recorrido de su órbita, amenazando con romper los moldes de un orden político que no ha sabido evolucionar al ritmo de los acontecimientos”. Y concluía: “Los grupos de presión constituyen un verdadero gobierno subterráneo, un poder oculto que se contrapone al concepto clásico de gobierno como poder sometido a la intervención del Parlamento”. En criollo, que son grupos capaces de ejercer un poder tal que logran estructurar el grito que fuerza o tuerce la voluntad del gobierno, que termina resolviendo, volviendo al ejemplo del comienzo, sin lógica ni razón.
No es la primera vez que esto ocurre, por supuesto. Al contrario, es habitual que los gobiernos terminen haciendo e impulsando cosas que solo se explican como resultado de la presión de un lobby o un grupo interesado. En una sociedad digital e hiperconectada como la nuestra ni siquiera hace falta que el grupo se reúna en un cuartito a conspirar. Siguiendo el estilo de las shitstorms, esos intereses y esa presión pueden surgir y hacerse evidentes en los nuevos ámbitos de la charla: las redes sociales, por ejemplo. De hecho, hace unas semanas vimos cómo ocurría justo eso cuando, ante el alboroto provocado de manera intencional y calculada por Spotify, un montón de usuarios se dedicaron a putear a todo aquel que hubiera “obligado” a la multinacional a retirarse del país. Haciendo cuentas simples, el gobierno decidió entonces que era mejor dejar a los músicos intérpretes en un limbo antes que molestar a los usuarios de Spotify. En términos de votos, era una decisión clara: los segundos son muchos más que los primeros. En términos de autonomía parlamentaria, soberanía y justicia social, la decisión, en cambio, dejó mucho que desear.
“La solución que se dio, que se trata de un perdón general a 25.000 deudores, que en muchos casos son personas de una situación económica muy acomodada, no es algo que se pueda decidir de la forma en que se decidió, con el costo fiscal que eso tiene”, decía Iturralde en la entrevista del comienzo. Tal como ocurrió con la enmienda que se hizo a la decisión parlamentaria en el caso de Spotify, la forma en que la decisión fue tomada hizo evidente el peso que tiene el votante organizado en esas formas, incluso al precio de reescribirle la planilla al Parlamento. Y eso, el peso del voto que tiene implícito y detrás de sí el lobby, es una de las razones que seguramente expliquen por qué en Uruguay la pobreza es 11 veces mayor en la primera infancia que entre los adultos mayores. Y que el gasto social destinado a la infancia sea muy inferior al que se destina a los jubilados: los niños no votan, los jubilados sí.
En una entrevista de 2022, el sociólogo Gustavo de Armas recordaba que los países desarrollados “destinan en promedio una inversión social de protección a la infancia cuatro veces más en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que Uruguay” y apuntaba que Uruguay invierte entre el 0,3% y 0,5% del PBI, cerca de 260 y 280 millones de dólares por año, mientras otros países invierten el 2%. Cuando el gobierno renuncia a un punto del PBI sabiendo que la pobreza infantil abarca a dos de cada 10 niños uruguayos, está tomando una decisión de carácter social. O mejor dicho, de carácter antisocial. Y la toma porque es el camino suave en términos de debate: los niños no se van a organizar para pedir recursos. Los deudores en cambio son, además de votantes eventuales, gente con capacidad de articular su demanda y plantearla pública y ruidosamente. Esa clase de ruido en el ambiente es lo que el gobierno evita con su decisión. Para que estas decisiones se tomen así, sin lógica ni sentido social, es que existen los grupos de presión, los lobbies y, en tiempos recientes, las shitstorms en las redes.
En la misma entrevista de la que sale la frase que abre esta columna, Iturralde decía que Uruguay tiene los mimbres adecuados para convertirse en el primer país desarrollado de América Latina. En el haber, señalaba su buena institucionalidad política. En el debe, la necesidad de mejorar en “la libertad económica, la facilidad para hacer negocios, los índices de competitividad”. Sin embargo, es difícil creer que la institucionalidad política, por notable y firme que sea, sea suficiente cuando resulta ser sistemáticamente permeada por intereses particulares, capaces de imponerse a la hora de la asignación de recursos del Estado. Es precisamente en esa clase de decisiones en donde se juega el carácter social del proyecto común. Es decir, no es solo un tema de racionalidad económica (que lo es), sino de qué tan juntos queremos llegar a alguna parte como país. En los países desarrollados la pobreza infantil no existe como entidad diferenciada, sus valores son esencialmente los mismos que en el resto de los grupos etarios.
Mientras el debate sea allanamiento nocturno sí o no, seguiremos consumiendo placebos mediáticos que nos impiden ver el núcleo del problema. Y en ese núcleo se enlazan, de manera inseparable, la pobreza infantil, la violencia imperante en esos entornos empobrecidos, la ausencia de oportunidades más allá de volverse narco y el fracaso estudiantil de la mayoría de los más pobres, que son quienes más necesitan poder terminar el ciclo de estudios para intentar romper el círculo de exclusión en el que viven. Gobernar al grito del lobby es una de las cosas que más nos alejan de la posibilidad de ser un país en serio.
