Otro paso contra la violencia en el fútbol: nueva unidad policial, posible app y más límites a la lista negra

Los partidos de alto riesgo, como los clásicos entre Nacional y Peñarol, requieren de la Policía alrededor de mil oficiales dedicados a controlar los accesos y el perímetro de los estadios, las sedes sociales y otros lugares donde suelen agruparse las hinchadas de ambos equipos. Es una tarea que aglutina el trabajo operativo de varias divisiones policiales, que incluyen la Jefatura de Policía de Montevideo, la Dirección Nacional Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Policía Caminera, la Dirección Nacional de Bomberos, la Dirección Nacional de Aviación Policial y el Centro de Comando Unificado.

Allí explicó ciertas debilidades de los operativos policiales en el fútbol, como retirar policías de tareas de patrullaje y prevención, utilizar funcionarios que en muchos casos no están preparados para este tipo de intervenciones y hacerlo en jornadas extensas, en condiciones logísticas deficitarias —como alimentación inadecuada— y con compensaciones económicas que suelen ser percibidas como insuficientes.

La lista negra del fútbol uruguayo

La lista de personas impedidas —conocida comúnmente como lista negra— es el registro oficial utilizado en Uruguay para reunir a personas que tienen prohibido ingresar a espectáculos deportivos, especialmente a partidos de fútbol. Es gestionado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), aunque la inclusión de los integrantes de la lista puede surgir de decisiones no solo de la AUF sino también del Poder Judicial y del Ministerio del Interior.

En la práctica, la seguridad privada contratada por el club local verifica si una persona está incluida en el registro y, de ser así, le impide el ingreso al estadio. Sin embargo, el sistema presenta varias grietas que permiten que impedidos por la lista negra igualmente entren a la cancha. Una de las más habituales es el uso indebido de entradas digitales: como el control se realiza muchas veces mediante códigos QR, una persona habilitada puede compartir su entrada con otra que está prohibida, y si no hay una verificación efectiva de identidad, el ingreso se concreta igual.

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A esto se suma un problema en el control operativo. Los funcionarios de seguridad privada, encargados del chequeo final —incluida la cédula de identidad—, no siempre realizan esa verificación de forma rigurosa. En algunos casos puede haber connivencia o corrupción, y en otros simplemente temor a enfrentarse con barras bravas.

Existe además un mecanismo más estructural: algunos barras bravas son formalmente registrados por los clubes como trabajadores vinculados al espectáculo, lo que les permite justificar su presencia en el estadio los días de partido. Bajo el argumento del derecho al trabajo quedan entonces exceptuados de la restricción y son retirados de la lista.

Aunque el control de entradas para el ingreso al estadio no depende de la Policía, en el Plan Nacional de Seguridad Pública el Ministerio del Interior señala que, en el corto y mediano plazo se endurecerán los controles para impedir el ingreso de personas inhabilitadas a espectáculos deportivos, se implementará un nuevo esquema de ingreso con mayores controles y se mejorará la tecnología de control integral de acceso y permanencia en estadios.

El año pasado, la Dirección General de Seguridad en el Deporte consultó a empresas de software locales sobre la posibilidad de desarrollar aplicaciones que obliguen a los hinchas a registrarse previamente en una base de datos que incorpore su nombre, edad y rostro, entre otra información, con el objetivo de profundizar la identificación de los asistentes. La iniciativa original busca poner el foco en las tribunas populares detrás de los arcos, donde se concentran los barras bravas. Desde entonces, el organismo mantiene contactos a la espera de avances.

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Por otro lado, una empresa brasileña se comunicó con la AUF y el Ministerio del Interior para instalar en el fútbol uruguayo un sistema de reconocimiento facial y biométrico equipado con inteligencia artificial. La compañía Imply, con base en el estado de Río Grande del Sur, presentó una herramienta que incluye una fase previa de registro de hinchas para la activación de sus rasgos faciales de forma remota y en línea, lo que habilita después acceder a la cancha sin la necesidad de soportes físicos o digitales como entradas, tarjetas o códigos.

El Ministerio del Interior, por su parte, analiza cambios en la infraestructura que la AUF, Nacional y Peñarol puedan realizar en los estadios Centenario, Gran Parque Central y Campeón del Siglo. Clavijo estuvo semanas atrás en el Reino Unido, durante un viaje oficial que comprendió la visita a ciertos estadios de la Primera División de Inglaterra para estudiar qué tipo de mejoras pueden aplicarse en Uruguay.

Uno de los puntos que el Ministerio del Interior ya conversó con la AUF y los clubes es que las cámaras instaladas en las canchas permiten identificar a los hinchas pero aún no están integradas a sistemas automatizados de control que impidan el ingreso de quienes figuran en las listas de restricción. La Policía Nacional cree también que hay posibles modificaciones a implementarse en los límites perimetrales de los estadios y en la señalización y numeración de las localidades.

¿Qué acciones ya aplica la Policía?

En 2025, tras incidentes ocurridos en partidos de Cerro, Nacional y Peñarol, la Policía Nacional y la AUF comenzaron a trabajar en una mesa conjunta sobre seguridad. Tras una primera reunión, coincidieron justamente en revisar la infraestructura de las canchas y prohibir el despliegue de banderas de gran porte, en cumplimiento del reglamento de seguridad de la AUF, que establece que el tamaño máximo de las banderas que se pueden ingresar a una cancha es de dos metros por un metro; las que exceden esas dimensiones son retenidas en la entrada.

Acordaron estudiar otras iniciativas relacionadas con el funcionamiento de la lista negra que, ahora con la posibilidad de que puedan ser articuladas como parte del Plan Nacional de Seguridad Pública. Una de las medidas fue propuesta por Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, quien pidió que las personas incluidas en la lista se presenten antes de cada partido en una dependencia policial, en una sede del club involucrado o en una unidad de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de controlar su paradero durante el horario del encuentro, evitar que concurran al estadio y desestimular un mal comportamiento en el futuro.

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“Hace que se termine lo de tener el domingo libre, porque me tengo que ir cinco horas antes a un lugar a presentarme y quedarme tres horas después”. afirmó Ruglio en noviembre, en una comparecencia ante la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. “Entonces, tirar una petaca me repercute en mis próximos cuatro años, porque todos los domingos que juegue Peñarol lo voy a sufrir. Si por los próximos cuatro años se tienen que presentar cinco horas antes e irse tres horas después de un partido, créanme que van a decir: 'no lo hagamos más porque no sabés lo que es saber que en los próximos cuatro años, todos los domingos no puedo viajar, no puedo ir a ningún lado porque me tengo que presentar en algún lugar'”, añadió.

Más allá de las acciones que sobre este tema analizan el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, la Secretaría Nacional del Deporte propuso la creación de un nuevo marco normativo que reconozca a los eventos deportivos y a sus actores como un bien jurídico tutelado, pasible de protección estatal al mismo nivel que la seguridad o la salud pública. El objetivo es facilitar las formalizaciones contra hinchas que incurren en disturbios, amenazas, agresiones o actos de vandalismo en el ámbito deportivo. Uno de los problemas que esta iniciativa pretende resolver es el de las amenazas de barras bravas a dirigentes, por ejemplo, para ser retirados de las listas de impedidos.