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Hay 23 municipios con niveles bajos de acceso a infraestructura y servicios básicos
Casi la mitad de los alcaldes denuncian que tienen “recursos insuficientes” para cumplir sus funciones y manifiestan que su voz es escuchada de forma “mínima” o “nula” a nivel nacional, dice informe presentado por Laura Raffo
Hay una búsqueda inicial, un objetivo primario en la última investigación del Centro de Estudios Metropolitano (Cemet), que preside la excandidata presidencial en la interna del Partido Nacional y actual directora de Antel, Laura Raffo. Y es “abrir una conversación” más que “describir un problema” alrededor de las diferentes realidades que hay entre los municipios del Uruguay, tanto en el acceso a infraestructura básica como a los servicios esenciales. Después de esa premisa, el diagnóstico y los hallazgos. En diálogo con Búsqueda, Raffo destacó la “comprobación estadística de que existen diferencias de oportunidades para los uruguayos según donde nazcan”. También que en los lugares de menor desarrollo —donde viven en total unas 63.000 personas— se “acumulan limitaciones” y que para que esto se revierta se “requiere de acciones conjuntas de gobierno nacional, departamental y municipal”.
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El Índice Municipal de Desarrollo Relativo fue presentado el jueves 18 en un evento que tenía en primera fila desde al expresidente de la República Luis Lacalle Pou hasta la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Raffo señaló a Búsqueda que la intención de esta investigación del think tank fundado por ella es “contribuir a que las decisiones de política pública se tomen con mejor información y con una mirada más fina del territorio”. “El desarrollo no se discute con promedios, se discute mirando lo que pasa en cada municipio”, enfatizó.
Raffo resaltó que si Uruguay “aspira a un desarrollo equilibrado, debe asegurar que las plataformas básicas estén presentes en todo el país” e insistió en la importancia de que “el lugar de nacimiento no condicione de forma estructural el horizonte de oportunidades”.
Para el estudio se entrevistó y encuestó a los 19 intendentes y a 115 alcaldes, que representan a un 85% del total de estos cargos en el país. A partir de datos del censo del 2023, se integraron y ponderaron cinco dimensiones: acceso a red de agua potable, acceso a energía eléctrica, acceso a saneamiento, disposición organizada de residuos sólidos y acceso a internet. Los 125 municipios fueron clasificados en cuartiles de desempeño relativo y el índice fue normalizado en una escala de 0 a 100 para permitir comparaciones objetivas.
Una de las conclusiones del informe es la confirmación de que hay diferentes grados de desarrollo. Los 23 municipios ubicados en el tramo más bajo del índice —con valores entre 0 y 20— no se distribuyen de manera aleatoria en el territorio nacional. Hay una marcada concentración en el nordeste y el litoral norte, con presencia también en límites departamentales como Canelones y Maldonado. Según el estudio, esto evidencia “un patrón de rezago asociado a periferias históricas del desarrollo y a zonas alejadas de capitales departamentales”. Y además, la “fuerte presencia de municipios del departamento de Cerro Largo en este grupo refuerza la hipótesis de brechas interdepartamentales persistentes”, mientras que la “aparición de casos en departamentos con mayores niveles promedio de desarrollo, como Canelones y Maldonado, revela la coexistencia de realidades distintas al interior de los propios departamentos”.
Además, el predominio de municipios de pequeña escala demográfica —por debajo de los 2.000 habitantes, en general— sugiere que “el tamaño poblacional continúa operando como un condicionante estructural para la provisión de servicios básicos, la generación de economías de escala y la consolidación de capacidades institucionales”. Pero no todas las brechas responden a la misma lógica territorial. “Mientras agua, energía e internet presentan una fuerte asociación con periferia y baja escala, el saneamiento introduce dinámicas vinculadas a procesos de expansión urbana y consolidación incompleta”, concluye el informe.
El trabajo permitió identificar 23 municipios con los niveles más bajos de acceso relativo a infraestructura básica. Pero, además, se hizo un zum específico sobre estos territorios para examinar si ese rezago se acompaña también de limitaciones en otras capacidades estratégicas.
Y lo que ocurrió es que en estos 23 municipios se observa una mayor probabilidad de enfrentar simultáneamente limitaciones en el acceso a educación media presencial, bajo nivel de educación terciaria, inserción laboral condicionada por mayores tasas de desempleo, restricciones en conectividad vial estructural y una menor disponibilidad de servicios de salud de mayor complejidad.
“El rezago no es únicamente la falta de un servicio puntual. Es la superposición de restricciones que reducen el entorno de oportunidades disponibles para personas y empresas”, dice el informe.
En la investigación del Cemet se destaca que con descentralización por municipios, Uruguay ha “avanzado” en la construcción de un tercer nivel de gobierno. Pero, con la evidencia presentada, se “confirma que las condiciones de partida no son homogéneas en todo el territorio, el mapa institucional es uno, pero los puntos de apoyo no son equivalentes”.
Los juegos y chicanas políticas
Los resultados de la encuesta muestran que hay un amplio consenso en que la descentralización tiene que seguir avanzando: hay 18 intendentes que quieren profundizar el proceso. Sin embargo, la encuesta también revela diferencias relevantes en la percepción de los recursos disponibles para los municipios. Mientras el 43% de los alcaldes cree que cuentan con recursos insuficientes para cumplir sus funciones, solo el 16% de los intendentes comparte esa evaluación. Durante la presentación del informe hubo valoraciones políticas sobre este asunto. Quedó claro que esta percepción que tienen los jefes comunales versus la de los alcaldes se ve muchas veces influida por chicanas y juegos políticos. Pero no solo entre distintos partidos, también en la interna de una colectividad. El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, señaló que atender los reclamos de un alcalde puede significar la “promoción” de una figura política que luego será “competencia” en el departamento. Y se mencionó el caso de Cerro Largo, con la ascensión del exalcalde de Río Branco y actual intendente Christian Morel, enfrentado a los exjefes comunales José Yurramendi y Sergio Botana.
El informe revela que el 43,5% de los alcaldes manifiesta que su voz es escuchada de forma mínima o nula a nivel nacional.
“Ahora empieza la etapa más importante: transformar esta información en mejores decisiones”, dijo Raffo. “Estamos sistematizando los aportes de los paneles para elaborar un documento que será presentado al Congreso de Intendentes y al Plenario de Municipios con el objetivo de aportar a una descentralización más efectiva”, concluyó.