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    Amistades peligrosas

    Nº 2194 - 6 al 12 de Octubre de 2022

    Si bien fue EL tema político de la semana y a esta altura todo el mundo debe estar un poco harto, voy a usar esta columna para comentar un par de aspectos de lo que ya podemos llamar “El caso del jefe de custodia presidencial que resultó un malandra”. Creo que se puede obviar el “presunto” en este caso porque si bien el asunto de la red de falsificadores de pasaportes está aún siendo procesado por la Justicia, el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, ya demostró ser un delincuente que incluso cumplió tiempo de prisión hace casi una década.

    Se ha hablado mucho sobre detalles legales del problema: si el presidente sabía de los antecedentes o si, como señalaba en Twitter el diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía citando el artículo 126 del Código Penal, “Astesiano no tiene antecedentes pues le fue concedida la suspensión de la pena y el juez ordena la extinción del delito”. Otros se han interesado por los impactos que la obvia cercanía del jefe de custodia con su custodiado, el presidente de la República, podía tener tanto sobre la investidura presidencial como sobre su gobierno y, más allá, sobre la credibilidad del país en general. Un país que, por cierto, ya estaba resonando internacionalmente por el caso del narco Marset.

    Sin embargo, más que entrar en el detalle legal (eso se lo dejo a los abogados) o en las eventuales implicaciones políticas (eso queda para politólogos y militantes, más interesados por la construcción del “relato”), me interesa intentar exponer cuál es, a mi entender, el problema previo que nos deja en el punto en que estamos actualmente: una figura prominente de la seguridad presidencial resulta ser uno de los líderes de una banda de falsificadores de pasaportes, quien, hasta que el asunto estalló, contó siempre con la confianza total del primer mandatario. Un presidente que bien puede no haber conocido el antecedente “extinto” del que habla Zubía, pero que sin duda conocía la larga serie de roces que Astesiano tuvo a lo largo de dos décadas con la Justicia uruguaya. Un empleado sobre el cual el presidente fue explícitamente advertido hace un año por su jefe de Inteligencia Estratégica, Álvaro Garcé.

    Me interesa por eso concentrarme en dos aspectos: por un lado, señalar la distancia que existe (y debe existir, sobre todo en casos como estos) entre el ciudadano Luis Lacalle Pou y el presidente Luis Lacalle Pou. Por otro, intentar explicar por qué en este caso primó el ciudadano sobre el presidente y por qué eso es, creo, un error mayúsculo en un gobierno y una Presidencia que, se supone y queremos creer, se rige antes que nada por criterios de razón de Estado. Esto es, que se maneja según criterios racionales y no impulsos emocionales y/o afectivo-paternalistas. Vamos allá.

    En tanto ciudadano uruguayo, Lacalle Pou puede confiar en quien le plazca. Incluso en alguien que despide un notorio tufo a delincuente como es el caso de Astesiano. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el posible daño que pueda causar una mala gestión del cargo o el hecho de que, además de custodiar, el elegido se dedique a realizar acciones delictivas, afecta solo el ámbito del ciudadano Lacalle Pou, no a su investidura presidencial. Y eso, la importancia de su investidura, es algo que el propio Lacalle Pou recordó varias veces en campaña al afirmar que siempre iba a priorizar su carácter de presidente que trabaja por el bien del país por encima de sus preferencias políticas personales. Sin embargo, ya en el caso de la asunción del presidente colombiano Gustavo Petro se pudo ver que se hacían excepciones a la regla.

    Ahora, precisamente en razón de esa investidura, que al mismo tiempo que es provisional tiene un carácter abarcativo total (Lacalle Pou es presidente de todos los uruguayos, los que lo votaron y los que no), el criterio que asume en tanto presidente para seleccionar al jefe de su seguridad institucional, no puede ser el mismo que Lacalle Pou asume en tanto ciudadano. No solo por la mencionada cuestión de los impactos. Esto es, que la persona elegida resulte un desastre (eso es lo que estamos viendo precisamente en estos días). También porque lo que se espera de un presidente es que actúe de manera racional e institucional, porque su cargo así se lo demanda. Los cargos grandes otorgan un gran margen y capacidad de decisión (eso es notorio en nuestro sistema presidencialista), pero por esa misma razón implican también una necesaria responsabilidad y sensatez en las obligaciones. Y, también, en las elecciones de personal.

    En ese sentido se puede decir que fueron los criterios del ciudadano Lacalle Pou, la lógica del conocimiento personal (que entiendo se equivocó en este caso) y del vínculo paternalista, los que primaron por encima de la lógica racional moderna de los Estados como el nuestro. Que es la que debe primar para a) reducir al mínimo la posibilidad de error y sus impactos y b) dar garantías tanto a la figura presidencial como a la ciudadanía respecto a la idoneidad de empleados clave en el Estado. Astesiano no es un ministro, es obvio, pero tiene acceso (y su actual proceso parece demostrarlo) a una cantidad de información sensible a la que no debería acceder alguien capaz de darle el uso que él le dio. Entiendo entonces que en este caso el estilo de gestión basado en la impresión personal, caudillesco y premoderno, le ganó la pulseada al liderazgo moderno y racional. Y el plato roto que deja esa decisión, de una forma u otra, lo estamos pagando todos, especialmente el presidente y su gobierno.

    Es verdad también que ese estilo no es privativo del presidente Lacalle Pou. De hecho ha estado presente en varios presidentes previos, muy particularmente en José Mujica, quien de manera constante despreciaba los “modales” del protocolo republicano y en su lugar promovía una suerte de populismo de cercanías que aplicaba de manera absolutamente discrecional. En ese sentido, el caudillismo premoderno tiene una larga historia en el país y los líderes modernos (en el sentido de la modernidad racional y republicana) han sido más la excepción que la regla. Ahora, concluir a partir de eso que estamos condenados a depender de las opciones de confianza personal a la hora de elegir el personal sensible en la operativa del Estado, es un error mayúsculo. Uno que nos aleja ya no solo de la famosa y nunca vista “reforma del Estado” sino hasta de gestionar de manera adecuada este Estado semidisfuncional que ya tenemos.

    Las amistades peligrosas lo son menos si su peligro se restringe el ámbito privado porque ahí son un problema privado, no uno público. Cuando esas amistades peligrosas ocupan el cargo de jefes de la custodia presidencial, son especialmente peligrosas. Para el presidente, para el gobierno y para el país. El presidente Lacalle Pou (y cualquiera que aspire a gestionar un Uruguay serio) haría bien en tomar nota de la distancia que existe y debe existir entre las decisiones ciudadanas y las que se corresponden con su investidura.