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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn el año 2012, luego de un tormentoso proceso de varios años de duración, se pudo poner fin a la oposición de los vecinos de La Coronilla al proyecto de incorporar la zona del Cerro Verde como Área Protegida del SNAP.
Hoy, luego de dos años del inicio del proceso, hay una enorme insatisfacción en la población.
Al menos en un grupo numeroso de personas que participan en el funcionamiento del Área Protegida (AP), hay algún descontento con la forma de funcionamiento. Se reiteran, en casi todas las reuniones de la Comisión Asesora Específica (CAE), manifestaciones de disconformidad y se señala la inoperancia con que se viene actuando.
En el resto de la población local predominan el escepticismo y el descreimiento. No se percibe cambio alguno en el funcionamiento del AP. La gente tiene la impresión de que es un área desprotegida, donde no hay control de nada y donde nada se hace para conservarla, protegerla o darle valor y utilidad.
En la gente de la localidad predomina la impresión de que estamos ante otro ejemplo del desastre que es el Área Protegida de Potrerillo de Santa Teresa. Que, por notorio, no vale la pena describir. Caso idéntico al de la Sierra de San Miguel (en verdad, no se sabe bien cuál es peor… si no lo son al mismo nivel).
Lo único que se rescata son los valiosos esfuerzos del coronel Legelén, actual director del Área, quien hace lo poco que puede, con los escasísimos recursos que le aporta el SNAP y con todo lo que él logra obtener del Ejército (Parque de Santa Teresa y Estudios Históricos en San Miguel).
En contrario, vemos que los representantes del SNAP y quienes desempeñan cargos en el sistema tienen una opinión totalmente opuesta. Y continuamente destacan los “avances” en el funcionamiento.
Disparidad de apreciaciones que merece mucha atención. Tal vez fuera bueno detenerse un poco a evaluar lo que se ha venido haciendo, cómo se lo ha hecho, y cuáles son los resultados reales conseguidos.
Y si se realiza ese examen, resulta evidente que, si comparamos el AP Cerro Verde con otras AP del SNAP, la diferencia a favor del funcionamiento del Cerro Verde es notoria.
No es necesario mirar hacia lugares lejanos del país. Con echar un vistazo en las cercanías, o sea, en Potrerillo y en San Miguel, alcanza y sobra.
En ninguna de esas dos áreas se ha realizado nada en el aspecto institucional (CAE, etc.) y ambas son lugares dejados de la mano de Dios. Donde los predadores incursionan libremente y sin dificultad alguna. Pese a unos pocos guardaparques que, en realidad, están “pintados”. Si no estuvieran en el lugar, la cosa sería idéntica.
Estos ejemplos se repiten en todo el país. Con distintos grados de intensidad. Pero, en general, y salvo algún caso especial, el panorama es similar en todo el Uruguay.
Lo que lleva a dos conclusiones que parecen incuestionables:
a) una, que indica que el problema no radica en la gente de La Coronilla y de quienes trabajan en el AP Cerro Verde, sino que la causa de la ineficacia está en el mismo SNAP.
b) la otra, que la inusual participación de los vecinos y del coronel Legelén (hecho que no se repite mucho en las otras AP del SNAP) se ha constituido en factor que impulsa y moviliza un funcionamiento que, de no existir tal intervención, estaría seguramente en los mismos niveles de desidia y caos que existen en Potrerillo, San Miguel y otras áreas.
Si examinamos, aun someramente, el esquema institucional y funcional del SNAP comprenderemos prontamente que el factor principal del desquicio y la desidia radica en lo que la ciencia económica denomina un “sistema perverso de incentivos”.
El calificativo de “perverso” obedece a que ese funcionamiento determina que los incentivos produzcan resultados totalmente opuestos a los que, se dice, son las finalidades primordiales del sistema.
En efecto, se nos dice que la prioridad —la esencia del SNAP— es la conservación de las AP. Pero lo que vemos, en los hechos, es que no se realiza prácticamente nada en materia de conservación, y que nos limitamos a realizar estudios, proyectos, planes, congresos, simposios, talleres y muchas otras actividades que, en realidad, no implican conservación, sino hablar y escribir acerca de lo que se va a realizar en tema de conservación en un futuro… que no llega nunca.
Ese esquema perverso de incentivos está radicado en la determinación de cuáles son las actividades que se van a ir realizando y, en forma casualmente ligada, en qué se van a gastar los recursos escasos de que dispone el SNAP.
Es obvio que los recursos económicos de que dispone el SNAP son limitados con relación a los fines. Esa es la esencia del problema económico y lo que determina la generación de la ciencia económica: la finitud de los recursos con relación a la infinitud de los fines.
Si tuviéramos recursos sin límites, podríamos atender todos los fines posibles. Pero los recursos son finitos, y los fines no, por lo que hay que seleccionar, entre todos los fines posibles, aquellos pocos que podemos ir atendiendo con los recursos escasos disponibles.
Y quienes formulan tal selección en el SNAP son los técnicos universitarios o asimilados colocados en los lugares de decisión. Son ellos quienes deciden qué tareas se van a realizar y cuáles tareas tendrán recursos asignados (con lo cual, obviamente, deciden simultáneamente, cuáles tareas no los tendrán).
Y ahí entonces aparecen operativos el espíritu de grupo y la vigencia del sabio y viejo proverbio: “Hoy por ti, mañana por mí” (o a la inversa).
Porque, en forma casi inevitable (dado el esquema de poder en la burocracia del SNAP), las tareas que se van seleccionando para ser ejecutadas son siempre aquellas que permiten que de una u otra manera los fondos disponibles terminan configurando ingresos para los técnicos y no para los operarios de hecho o para los guardaparques.
Las vías por las cuales los fondos se trasforman en ingresos de los técnicos son, principalmente, los sueldos, compensaciones, viáticos y gastos de funcionamiento.
Eso es algo que vemos todos los días.
No implica esto que haya necesariamente actividades ilícitas. Nada es más lícito que quien desempeña un cargo y trabaja, cobre su sueldo correspondiente.
También es lícito (cuando no hay abusos), que algunos reciban viáticos por algunas tareas excesivas (no por el mero desempeño del trabajo por el cual ya cobran sueldo).
Nada es más lícito que a alguien se le reintegren los gastos de su peculio que realiza para desempeñar su trabajo.
Pero todo sugiere que hay abusos.
Cosa que siempre es posible. Y que no manifestamos que exista. En primer término, porque semejante imputación exigiría pruebas. Que podríamos no tener.
Y, en segundo término, porque lo que importa no es la eventual detección de algún ilícito (que sería siempre circunstancial y de escasa entidad), sino determinar la distorsión que este sistema introduce en todo el funcionamiento del SNAP. Llevándolo casi inexorablemente a su actual estado de absoluta ineficacia.
Porque el mal principal radica en una mala (perversa) selección de prioridades.
La tarea, prácticamente íntegra, del SNAP se parece mucho, en sus resultados, a aquellas sabias y largas disquisiciones de la Iglesia (algunas llevaron varios siglos) sobre el sexo de los ángeles u otras cosas parecidas (las condiciones requeridas para poder ingresar al Limbo, etc.).
Quien desee comparar el reciente libro del SNAP sobre las especies en extinción (que costó una pequeña fortuna en sueldos, viáticos y gastos de técnicos universitarios) con la estrepitosa y secular discusión sobre el sexo de los ángeles, hallará muchas similitudes. Mucho esfuerzo intelectual (muy bien remunerado) y total ausencia de resultados prácticos. En ambos casos.
Porque ni la Iglesia detectó nunca embarazos, abortos o perversiones sexuales entre los ángeles ni el SNAP logró nunca proteger ni un poquitito a ninguna de las muchas especies que incluyó en su listado de papel (papel, mucho papel…).
Porque es incuestionable que con la costosa confección de ese libro hasta ahora lo único protegido fue una serie de técnicos universitarios. Pero ni una sola de esas especies relacionadas ha recibido aporte efectivo alguno para su protección.
Es cierto que nos dirán —y de inmediato— que ese conocimiento acumulado y divulgado configura un valioso “insumo” (la palabreja es una de las preferidas en la jerga que el SNAP emplea para intentar disimular su total inoperancia práctica) para futuras tareas de protección y conservación.
Pero sucede que, como esas tareas prácticas en el terreno no serán desempeñadas por técnicos (ni les generarán ingreso alguno)… ese futuro nunca llega.
¿Alguien puede enumerar cuántos árboles exóticos invasores ha eliminado el SNAP? ¿O qué protección efectiva brinda a los carpinchos —ya casi extinguidos— en Potrerillo de Santa Teresa?
Este funcionamiento ineficaz e ineficiente —para la protección de las áreas, pero no para los funcionarios técnicos que allí trabajan— es cuidadosamente ocultado por la Dirección del SNAP.
Cuando se realizó el acuerdo que permitió la instalación del Área Protegida, entre los vecinos y el director de Dinama, Arq. Jorge Rucks, este dispuso lo siguiente (con pleno acuerdo de los vecinos: “Ratifico el compromiso de Dinama en cuanto a habilitar la confección del Plan de Manejo del Área en cooperación entre el personal de Dinama y los vecinos. Así como también, el compromiso de una total transparencia en cuanto al manejo financiero del área, presentando los gastos realizados hasta la fecha, destacando que para la Dinama es una obligación rendir cuentas e informar a la Comisión Asesora Específica”.
Ese fue el compromiso que asumió el director Jorge Rucks, o sea, la Dinama, frente a los vecinos. Compromiso que, sabemos muy bien, el director mantiene a carta cabal. Porque lo conocemos como un funcionario capaz y honesto, sin cuestionamientos posibles en ambos órdenes.
Pero lo cierto es que sus funcionarios no lo hacen. Y cuando les hemos pedido esos informes, nos ocultan lo que se gasta en viáticos y gastos. Como también nos ocultan los contratos que han firmado.
O sea que el director manda y hace acuerdos. Y sus funcionarios no cumplen sus órdenes y desconocen los acuerdos firmados.
Enrique Sayagués Areco
CI 910.722-5