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    Bagashopping solidario

    N° 1953 - 18 al 24 de Enero de 2018

    , regenerado3

    Muchos uruguayos creen que cuando se agitan banderas solidarias hay que tirar la ética y la ley a la basura. Es habitual que cuando se reclama por una ilegalidad u omisión surja la misma respuesta: “¡Hermano, estoy trabajando!”. Y como el energúmeno está trabajando —no importa si en forma regular o irregular, ni si lesiona derechos— alcanza para justificar cualquier cosa. El fundamento de esa y de otras uruguayeces populacheras es “vivir y dejar vivir”. El todo vale. Así nos va.

    El bagashopping de Salto, donde varios comercios venden productos ilegales, acaba de sufrir un incendio. Este hecho llama a reflexionar sobre lo que desde hace años sobrevuela o subyace: el contrabando impune y protegido desde el Estado en una de las ciudades más importantes del país.

    ¿Cómo se abastecen? Desde Argentina cruzan el puente —incluso alquilan en conjunto camionetas que regresan llenas de marcadería— o atraviesan el río Uruguay en barcazas. El contrabando también entra desde Brasil y mucha mercadería se guarda en depósitos. ¿Y el control aduanero?: “¡Hermano, están trabajando!”. Las autoridades municipales y nacionales hacen la vista gorda salvo alguna represión aislada. Detrás del contrabando hay mafias que lavan dinero que circula en el sistema financiero. Control demagógico o politiquero del Estado para algunas cosas y cero para otras: represión en la venta ilegal de marihuana, tolerancia cero en el alcohol para conducir, controles bromatológicos y multas, nuevas leyes para combatir delitos, pero el bagashopping, como James Bond, sigue con licencia para matar.

    La Intendencia de Salto dice que aprovechará el incendio para mejorar la infraestructura vial en torno al bagashopping. Por si algún despistado no se ha dado cuenta “baga”, de bagayo, refiere al uruguayismo admitido por la Real Academia como sinónimo de contrabando. La intendencia dice que invertirá en esos cambios en beneficio de los consumidores de contrabando.

    El secretario general de la intendencia, Fabián Bocchia sigue la línea del “¡hermano, están trabajando!” y de hacer la vista gorda. El Observador lo consultó por la venta de mercadería ilegal y Bocchia defendió el bagashopping: “Es una realidad social que la intendencia no puede desconocer”. Por ello, dice, aunque la feria ofrezca artículos de imitación (eufemismo de falsificados, contrarios a la protección legal de las marcas) de dudosa procedencia, las autoridades no reprimirán el negocio. Bocchia admite la coautoría o la complicidad. Y tan campante.

    Aclaró que la administración del intendente frenteamplista Andrés Lima (como abogado conoce la ley y debe aplicarla) no invertirá en la recuperación de los locales quemados, que correrá por cuenta de los comerciantes. ¡Bueno sería que no! No importa, con lo otro alcanza.

    Convenientemente olvidan la vigencia del artículo 177 del Código Penal (Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos): “El juez competente que, teniendo conocimiento de la ejecución de un delito, no interviniera o retardase su intervención, y el que no siendo competente, omitiere o retardare formular su denuncia, será castigado con la pena de tres meses a dieciocho meses de prisión…”.

    Ante esos hechos con apariencia delictiva, ¿por qué los jueces y fiscales de Salto no actúan de oficio para perseguir a los delincuentes? Están obligados por la misma norma. Ojo, también tienen la misma responsabilidad todos los funcionarios de los organismos de control.

    Muchos trabajadores consideran que Salto es un destino preferente, no solo por tratarse de un bello departamento sino porque el salario rinde más, precisamente por la compra más barata de ropa y de artículos­ de primera necesidad de contrabando.

    Las autoridades locales no persiguen a esos delincuentes porque los bagayeros y sus familiares, y los compradores y sus familiares, votan y son miles. Es un razonamiento electorero de todos los partidos que defienden sus intereses en función de un resultado electoral o de las estúpidas e infantiles balaceras preelectorales antes que el respeto por la ley. En esto también hacen “politiquita”, como razonó Claudio Paolillo la semana pasada en su columna que titula de esa forma.

    En 2014, la Dirección General Impositiva (DGI) anunció que aumentaría los controles sobre el comercio irregular. Su director, Pablo Ferreri, dijo que controlaría las inscripciones en la DGI, que pagarían sus impuestos y que los omisos serían multados.

    Tal vez se hizo. La cuestión es saber si el pago de los impuestos incluye en el cálculo lo que obtienen por la venta de la mercadería de contrabando y si controlan las entradas y salidas económicas de los bagayeros. ¿Y los aportes al BPS?

    No hay que engañarse: las omisiones o complicidades no son solo de esta administración sino también de las anteriores, y la pasividad judicial tampoco es solo de los actuales jueces y fiscales, sino también de los anteriores.

    Ante este panorama repetido durante años, ¿qué hacen los gremios de comerciantes locales cuyas ventas son menores debido al bagashopping? Poco o nada, salvo que tengan miedo a la mafia o algún vínculo con estas. Otro misterio de esta extraña burbuja salteña.

    En suma, en Salto hay delitos y delincuentes que parecen haber llegado para quedarse porque lo impone “una realidad social” y una mal entendida solidaridad. Combatirlos acarrearía perjuicios electorales sin distinción de partidos, porque se defiende la filosofía de “vivir y dejar vivir”, porque el sistema judicial no quieren complicarse o porque, como me reprochó un conocido: “Hay cosas más importantes y en algo tienen que ganarse la vida”. Y con sentido común me dijo: “Nadie te va a dar pelota: la cuestión general es ‘no hagan ola’”.

    En cualquier momento la filosofía salteña se extiende y se dejan de perseguir los hurtos, los arrebatos, las rapiñas u otros delitos que cometan desempleados o integrantes de los sectores sociales sumergidos. Sería una forma de responder a una realidad social, como defiende la intendencia salteña en forma explícita y el resto de los organismos en forma silenciosa.

    ¡Qué país en broma!