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La decisión está tomada hace semanas en el Partido Nacional. Solo restaba definir el orden: primero se pediría instalar una comisión investigadora por los negocios con Venezuela y luego una vinculada al proceso de la fallida planta regasificadora en Punta Sayago. La semana pasada la Cámara de Representantes con 49 votos del Frente Amplio y el de Unidad Popular negó la iniciativa del blanco Jaime Trobo para indagar sobre las sospechas de financiamiento ilícito del país caribeño al sector del ex presidente José Mujica. Caído el intento, llegó el turno al diputado nacionalista Pablo Abdala, quien presentará la denuncia en torno a la regasificadora.
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Abdala les mostró su denuncia primero a sus compañeros de partido. Todos estuvieron de acuerdo en apoyarlo. Lo habló con los colorados e independientes, que también le transmitieron su respaldo. Lo presentó en el flamante Partido de la Gente y lo acompañarán. También a Eduardo Rubio de Unidad Popular, que esta vez sí votará a favor de instalar la investigadora. El voto 50 será el de Gonzalo Mujica, autoproclamado frenteamplista independiente, quien tras romper con la disciplina de su partido se mostró afín a acompañar investigadoras donde considere que hay motivos suficientes. En este caso Mujica cree que los hay.
La denuncia de 17 páginas —más documentos anexos—, a la que accedió Búsqueda, se centra en tres áreas: los indicios de corrupción entre los anteriores gobiernos de Dilma Rousseff en Brasil y Mujica en Uruguay, las irregularidades del proceso de adjudicación de la obra al consorcio GNLS y a la constructora brasileña OAS, las pérdidas que generó la obra fallida y la falta de transparencia.
La conexión Brasil.
Abdala está convencido de que algo huele mal en el nombre Fernando Pimentel. Hoy es el gobernador de Minas Gerais. En 2013 era el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Rousseff y desde ese cargo “habría realizado gestiones” ante el gobierno de Mujica “para lograr que se otorgaran a OAS” las obras de la regasificadora.
“A cambio de eso, habría cobrado de la constructora una coima por 3 millones de reales”, dice Abdala en base a la declaración de un empresario brasileño en la Justicia de ese país en el marco de la operación Acrónimo, que publicó el diario “Folha de São Paulo”.
Asimismo, cita que en esa causa se incluyeron escuchas telefónicas e interceptación de mensajes del ex presidente de la constructora OAS, José Aldenario Pinheiro, hoy en la cárcel por el pago de coimas. El empresario hizo gestiones para el ex presidente Luis Inácio da Silva, y entre ellas, organizó distintos viajes a los países de la región donde el ex mandatario visitaría obras de la constructora. Uno de sus destinos era Uruguay en enero o febrero de 2014.
Según Abdala, “lleguen a probarse o no, revisten una gravedad ineludible” ya que “son más que un simple rumor, o que una de las tantas denuncias sin fundamento”. Y asegura que “si los hechos fueran falsos, es menester llegar a esa conclusión con la mayor prontitud, y si fuesen ciertos también, porque se trataría de un escenario bastante más complicado”.
El legislador agrega que el 2 de setiembre de 2015 se lo preguntó a la ministra de Industria, Carolina Cosse, durante una interpelación. La jerarca “guardó un absoluto silencio”, lo que “acrecienta la necesidad de investigar”.
Proceso irregular.
El diputado asegura que “el proceso fue irregular”, que hubo “decisiones políticas sin fundamento técnico” para adjudicarles la obra a empresas con mala reputación que derivaron en una planta que no se construyó y pérdidas en Gas Sayago.
Agrega que “parte de los contenidos del contrato finalmente suscrito parece definido a imagen y semejanza del interés de la contraparte, en vez de contemplar cabalmente el interés del Estado uruguayo”. GNLS no era la oferta más conveniente ni técnica ni económicamente, según Abdala.
Era la segunda más cara, entre las cuatro oferentes. A nivel técnico los informes de UTE y una consultora internacional, Rina, “plantearon dudas y formularon cuestionamientos al proyecto de GNLS que las autoridades debieron tomar en cuenta”. Finalmente GNLS fue la elegida.
La autorización ambiental también le genera sospechas a Abdala ya que “se gestionó con tal celeridad y apresuramiento, que se tramitó en ocho días, lo que normalmente demanda, por lo menos, seis meses de estudio”.
Por otra parte, los gastos de Gas Sayago llaman la atención del legislador. En la denuncia se indica que UTE y Ancap debieron capitalizar en U$S 65 millones a Gas Sayago por los costos generados desde 2011 a la fecha entre salarios y estudios de ingeniería.
En la Justicia hay una denuncia penal por estafa contra GNLS y la brasileña OAS. La empresa uruguaya Costa Fortuna SA reclama cerca de U$S 10 millones porque sabían que la obra se paralizaría y “engañaron durante meses” a las subcontratadas para que continuaran sus trabajos, según la denuncia.
De esta demanda también se hace eco la denuncia de Abdala.
Con esas sospechas Abdala presentará mañana viernes su denuncia ante la Cámara de Diputados. Entre el lunes 14 y el martes 15 la comisión preinvestigadora la estudiará y el miércoles 16 el plenario lo tratará en una sesión extraordinaria.
