N° 2035 - 29 de Agosto al 04 de Setiembre de 2019
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáUna reseña puede resultar tediosa, pero en este caso es inevitable. Citaré unos pocos hechos recientes porque justifican el desconcierto y la preocupación que genera la falta de iniciativas de los candidatos en la campaña electoral para fortalecer (mejorar, adecuar) al Ministerio Público y al Código del Proceso Penal (CPP). También olvidan al Poder Judicial, salvo cuando hacen judicialización de la política.
Veamos esos hechos:
La Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE denunció por desacato al directorio del organismo por no cumplir una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Investigación por desacato.
El juez Alejandro Recarey condenó al Ministerio de Salud Pública a comprar un medicamento de alto costo. No cumplió y el juez citó al ministro Jorge Basso para que diera explicaciones. El ministro no compareció ni se excusó. “Desestimó colaborar con la Justicia, delegando en sus asesores la respuesta. Funcionarios que, a fin de cuentas, tampoco la dieron...”, dice el juez. Otro desacato.
El diputado del Frente Amplio Óscar Groba denunció por intento de soborno y conjunción de interés público y privado a su colega blanco Rodrigo Goñi. La Fiscalía General deberá remitir las denuncias a un fiscal.
La semana pasada apareció un cuerpo calcinado en el barrio Plácido Ellauri. Casi al mismo tiempo en el barrio Borro acribillaron de 15 balazos a un joven de 23 años. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2018 la cantidad de homicidios aumentó 45,8%. De los autores ni noticias.
Un oficial de Interpol y un policía de la brigada antidrogas fueron encarcelados en prisión preventiva. Al de Interpol se le imputa haber facilitado el tráfico en avión de 600 kilos de cocaína. Al policía haber aceptado US$ 5.000 de coima del oficial de Interpol.
El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou y el colorado Ernesto Talvi denunciaron delitos informáticos para perjudicarlos mediante fake news, campañas de bots (usuarios falsos en redes sociales) y circulación de WhatsApps.
La Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) separó de sus cargos a cinco integrantes de la dirección del Hospital de Treinta y Tres y a dos médicos por el desvío de más de $ 50 millones. Anunció que tras el sumario administrativo decidirá si informa a la Justicia. Ya debió hacerlo. Es un desvío con apariencia delictiva y quien debe decidir es la Justicia.
Se añaden centenares de otros hechos cuya investigación le genera a los fiscales un gran volumen de trabajo en medio de una crisis que Victoria Fernández reseña la semana pasada en Búsqueda: Conflicto de fiscales se agrava y genera divisiones internas.
Si gana la oposición se abrirá una caja de Pandora para analizar irregularidades o delitos cometidos durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas. Más carga para los fiscales.
Este es un iceberg con varios picos y los fiscales el Titanic. Lo más importante parece estar en los recursos que el Parlamento le escamoteó al Ministerio Público. Solicitó un aumento presupuestal de $ 440 millones y solo le aprobó $ 73 millones: 16,5% de lo que requería.
La crisis entre el gremio de los fiscales, el fiscal de Corte y el gobierno no tiene precedentes y una solución parece difícil. Aun cuando formalmente la hubiera, cicatrizar las heridas será complejo. Detonó el 9 de mayo con la muerte de la fiscal adjunta Susana Rivadavia. Cayó fulminada por un paro cardíaco mientras trabajaba en su despacho de Delitos Sexuales. Algunos de sus colegas lo atribuyen al estrés por exceso de trabajo.
A la semana siguiente en una carta a Búsqueda la hija de la fiscal Sandra Boragno reveló que la salud de su madre se había resentido luego de la aplicación del CPP. “A raíz de tantas tareas, tanta presión de ella misma y de externos, queriendo cumplir con su trabajo al pie de la letra, un día se vio en medio de la oficina pidiendo ayuda, le faltaba el aire y sintió que estaba a punto de morirse”. El diagnóstico médico fue que sufrió burn out (síndrome de desgaste profesional).
Contribuyeron errores (o mentiras que se comieron en dos panes) sobre el volumen del trabajo. El fiscal de Corte Jorge Díaz señaló que cuando se elaboró la Rendición de Cuentas de 2016 (el CPP rige desde noviembre de 2017) se estimó que el promedio mensual de denuncias penales era de 18.680. En el transcurso de 2018 oscilaron entre 28.000 y 30.000 y este año aumentarán. Un caos.
Al trabajo hay que añadirle la falta de experiencia de los fiscales como investigadores y la compleja relación con la policía, tarea que hasta 2017 cumplían los jueces penales.
En los últimos dos años aumentó el número de fiscales y de sedes, pero resultan insuficientes para garantizar un trabajo de calidad.
La delincuencia se combate con estrategias policiales pero de nada sirven sin políticas públicas coordinadas. Por eso la sorpresa y el desconcierto sobre el silencio político. ¿No saben lo que ocurre? ¿No lo entienden? ¿No les interesa? ¿No tienen soluciones?
Dos jueces y un fiscal me comentaron que preservar la salud de los fiscales es no solo una cuestión humanitaria, sino que la salud física y mental fortalece el sistema y mejora su eficiencia.
Sin embargo, en la campaña electoral nadie dice nada. La única referencia la escuché del abogado penalista Andrés Ojeda que integra el grupo de asesores de Talvi.
“Con el nuevo proceso penal tuvimos un enorme cambio en el sistema que algunos han tratado de bombardear”. Citó al ministro Eduardo Bonomi “porque responsabilizó al CPP sobre el aumento de las rapiñas. Su falsedad se demostró con cifras y porcentajes. Hay cuestiones para corregir, claro que sí. Pero hay que profundizar el CPP. Se requieren cambios normativos y de gestión, y mayor número de fiscales con pautas normativas que respeten su independencia técnica. Tenemos que avanzar hacia más juicios orales y explicarle a la ciudadanía cómo funciona el proceso. Si la gente no sabe cómo funciona y qué le falta, cualquiera vende espejitos de colores”, advirtió.