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“A mí que me revisen”. Pedro Bordaberry pronunció esta frase y soltó uno de sus celulares sobre la mesa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, luego de leer una información que unos minutos antes de las tres de la tarde del lunes 30 de abril, había publicado el sitio en Internet del diario “El Observador”, donde se indicaba de fuentes policiales que se había identificado a un “senador” colorado como la persona que recibiría dos armas de un grupo de presos recluidos en el penal de Libertad.
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Sobre la base de este dato el ahora ex director del Centro Nacional de Rehabilitación, Eduardo Pereira Cuadra, había señalado la presencia de “actores políticos” en la crisis carcelaria que se generó la semana pasada, según anunció el diario “La República” el viernes 27.
En la sesión del CEN del lunes, además de Bordaberry estaban los también senadores Ope Pasquet y Alfredo Solari, quienes negaron tener algo que ver en el tema. Los otros dos senadores colorados, José Amorín Batlle y Tabaré Viera, si bien no estaban presentes, transmitieron a sus correligionarios que tampoco están involucrados.
El propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se comunicó con dirigentes colorados, a quienes les informó que no había ningún dirigente político involucrado.
Incluso, Bonomi rechazó de forma pública el planteo de Pereira Cuadra: “Yo pedí un informe, se me dio el informe, y en el informe hay un preso que le comunica al director de Inteligencia Carcelaria que hay intenciones de los presos de entregarle armas a un supuesto legislador y da el nombre, un nombre mal escrito, pero ni aun escribiéndolo bien existe un legislador con ese nombre. Uno puede suponer que está incompleto y puede suponer que existe un legislador de esas características, pero no existe ninguna intención del legislador de hacer eso, él no sabe que le van a dar armas a cambio de que gestione un traslado. Entonces, si bien en el informe aparece un supuesto vínculo que va a haber posteriormente, que todavía no lo hay, con un legislador, ese legislador no lo sabe, por tanto no tiene ninguna responsabilidad, no ha participado en esto, no tiene nada que ver con esto”.
De todas formas los colorados resolvieron no dejar pasar el tema. En una declaración emitida el lunes expresaron su “preocupación por la situación general del sistema carcelario nacional, que fuera declarado en situación de emergencia”. Asimismo, plantearon su “insatisfacción con la gestión del Poder Ejecutivo y la falta de ejercicio de la autoridad del mismo”.
Los colorados resolvieron “instar al funcionario público Eduardo Pereira Cuadra que cumpla con su obligación de denunciar ante la Justicia competente los hechos que públicamente dice conocer y entregar las pruebas que afirma tener en su poder”.
“En caso no lo haga, el Partido Colorado realizará la correspondiente denuncia por omisión en proceder a denunciar delitos (artículo 177, Código Penal)”, se concluyó en la declaración.
De esta manera se recogió, en parte, un planteo del integrante del CEN y edil Andrés Ojeda, quien sugirió en la reunión que se formule la denuncia.
Debido a que hasta ayer miércoles 2 Pereira Cuadra no había sido citado, ni se presentó, Ojeda planteará en las próximas horas la denuncia con el respaldo del CEN colorado.
El artículo establece una pena de tres a 18 meses de prisión cuando un funcionario policial “omitiere o retardare formular la denuncia de cualquier delito de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, y a los demás funcionarios, en las mismas circunstancias, de los delitos que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente”.
En el escrito se solicita que se pongan en marcha las actuaciones, a los efectos de “determinar si la conducta observada encarta en alguna figura penal” y que para ello se cite al propio Pereira Cuadra.
En tanto, fuentes judiciales de la investigación dijeron a Búsqueda que la fiscal Diana Salvo está esperando tener el expediente para citar a Pereira Cuadra a fin de que explique el alcance de sus dichos y su actuación en el motín que se produjo en la cárcel de Santiago Vázquez.
Interpelación.
Ayer, con los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado, se votó interpelar a Bonomi por la crisis carcelaria. José Carlos Cardoso (Unidad Nacional) dijo que es necesario que el ministro explique “todo lo que ha dicho y desdicho” y que esclarezca la situación donde también el Parlamento “se ha visto hackeado”. La diputada Daisy Tourné —ex ministra del Interior durante el gobierno de Tabaré Vázquez— dijo que el oficialismo no apoyó la interpelación porque se trata de un “circo político” que “no busca solucionar nada”.
