Comisión de Tercerizados del PIT-CNT evalúa juicios “masivos” al Estado si no tiene respuestas a sus reclamos de incumplimientos

Ese grupo de trabajo sindical existe desde 2013. Con el cambio de gobierno en 2020 y la pandemia que se desató pocos días después, vieron interrumpidas algunas líneas de trabajo en las que venían avanzando y que desde hace algún tiempo buscan retomar.

“Se prohíben los procesos de tercerización. En consecuencia: no podrán celebrarse subcontrataciones a los efectos de transferir la realización de obras, servicios o actividades que tengan la calidad de permanentes dentro del proceso productivo de la empresa o entidad productiva, ya sean estos inherentes o complementarios al giro principal del establecimiento; no podrán utilizarse las modalidades contractuales de suministro de mano de obra ni de servicios, así como cualquier forma de intermediación laboral”, decía su artículo 2º.

Más allá del proyecto de ley como aspiración máxima y puntapié inicial de discusión, la Comisión de Tercerizados busca abrir otros mecanismos de diálogo con el gobierno para generar avances. Según contó Recalde, ya mantuvieron dos reuniones con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y una con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos. Al Ministerio de Trabajo le solicitaron la conformación de una mesa multisectorial para discutir el tema. Aunque las autoridades se mostraron abiertas a hacerlo ese ámbito nunca fue convocado, lamentó.

Otra acción reciente de la Comisión de Tercerizados del PIT-CNT fue hacer un reclamo mediante una nota escrita a la comisión encargada del seguimiento de la aplicación del convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo, que Uruguay suscribió en 2003 y que refiere al trabajo de las “agencias de empleo privadas”, entre ellas, las que se dedican a emplear trabajadores “con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona, física o jurídica”.

En los años siguientes a la suscripción del convenio, Uruguay aprobó otras leyes referidas al fenómeno. Una de ellas, la 18.099, dispone en su artículo 5º que “los trabajadores provistos por empresas suministradoras de empleo temporal no podrán recibir beneficios laborales inferiores a los establecidos por los laudos de los consejos de salarios, convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen”.

Recalde considera que el Estado incumple con esa disposición. Aunque en el sector privado también suelen darse apartamientos, ante reclamos laborales de los trabajadores el Ministerio de Trabajo suele reconocerles el derecho. Eso no ocurre en el sector público, donde persisten diferencias salariales de hasta 70% entre los tercerizados y los funcionarios por las mismas tareas.

“El Estado generó una bandeja aparte para el suministro de personal. Hay una intención del Estado de precarizar el trabajo. Queda claro cuando hay dos trabajadores con las mismas tareas y responsabilidades y uno gana 100 y el otro 30”, dijo.

Dentro de la Comisión de Tercerizados, afirmó, están ganando fuerza las propuestas de iniciar un “reclamo legal masivo al Estado” por esas diferencias salariales. Recalde considera que ese no debe ser el primer camino. Es partidario de intentar buscar soluciones de fondo a través de la lucha sindical.

Sin embargo, el planteo está sobre la mesa y dijo que se someterá a evaluación en las próximas reuniones de la comisión si no ven resultados en su pedido de una mesa multisectorial y en la nota de queja. “La paciencia y la comprensión de los compañeros está llegando a un punto final”, dijo.