Solo tres de 4.600 denuncias ambientales derivaron en expedientes de sanción entre 2023 y 2025

El informe concluye entre sus principales resultados que los mecanismos de supervisión y monitoreo implementados en la actualidad “no resultan suficientes para garantizar una cobertura efectiva de los sujetos de control (generalmente empresas o emprendimientos)”. Esta afirmación está vinculada a “la periodicidad y los criterios de riesgo establecidos, sumado a las limitaciones de tipo logístico y de disponibilidad de recursos técnicos”, que se caracterizan por una concentración de personal en Montevideo y por dificultades operativas para realizar inspecciones en el interior del país. Además, señala que la información se gestiona en distintas bases de datos y sistemas no integrados, “con registros incompletos o inconsistentes, lo que afecta la calidad, trazabilidad y confiabilidad”.

Ministerio-Ambiente

Hallazgos

El informe encontró riesgos “altos” en dos categorías: en la identificación de “debilidades en la ejecución y seguimiento de las inspecciones” y en “debilidades en la gestión y registro de la información”.

Al analizar la primera de ellas, señala que “se constató que los mecanismos de supervisión y monitoreo de los sujetos de control y de las inspecciones “no son suficientes para asegurar que todos sean efectivamente inspeccionados conforme a la periodicidad y a los criterios de riesgo definidos”. Esto se debe, agrega, a que “no se realiza un control cruzado entre el universo de sujetos de control y las inspecciones efectivamente realizadas”, ya que se comprobó la realización de inspecciones durante 2024 a sujetos que no estaban incluidos en el universo definido. Al mismo tiempo, agrega que al menos 25 no fueron inspeccionados en los últimos cinco años.

Por otro lado, señala que se detectaron antecedentes de inspecciones cuyos resultados “evidenciaron niveles de riesgo significativos, clasificados como alto y medio”, sobre los cuales no se obtuvo evidencia de acciones de seguimiento posteriores. Asimismo, se identificaron “limitaciones logísticas y de recursos técnicos para la ejecución de inspecciones en todo el territorio”, debido a la concentración de personal técnico en Montevideo y las dificultades para coordinar traslados hacia otros puntos del país.

Respecto a la segunda categoría, la auditoría señala que “no existe una integración entre los distintos registros” (tanto en formato papel como electrónico) que permita consolidar la información de forma unificada. En ese sentido, se verificaron debilidades en la gestión y el registro de la información vinculada a los sujetos de control: existen datos y actuaciones relevantes que figuran solo en un formato, hay sujetos de control que figuran en un registro como “permanentemente inactivos”, pero en el otro aparecen como “activos”, e incluso existen inconsistencias al comparar los indicadores vinculados al reporte histórico de inspecciones.

Por otro lado, de los 1.764 sujetos de control activos, 149 (8%) no tienen una periodicidad de inspección asignada y 66 (4%) no cuentan con un técnico responsable adjudicado. Además, en relación con los expedientes de seguimiento en formato papel, se detectaron incumplimientos formales a la normativa, como “la generación de múltiples expedientes para un mismo trámite, lo que dificulta el control y la trazabilidad de la actuación”.

Edgardo-Ortuno-Ambiente

Riesgo medio

Los otros tres aspectos analizados —“atención y seguimiento de las denuncias”, “atención de emergencias ambientales” y “sanciones”— presentaron riesgos de carácter “medio”.

Sobre el primero de ellos, el estudio comprobó que en situaciones en las que se reciben varias denuncias respecto a un mismo hecho, en algunos casos se genera un único expediente para consolidar la información y en otras se genera uno nuevo. Tampoco surge de los datos disponibles que se haya generado un expediente asociado a la denuncia ni se consigna la cantidad de denuncias recibidas por un mismo sujeto en diferentes años.

Por otro lado, no siempre se refleja correctamente en los expedientes el nivel de prioridad que tiene cada denuncia y, además, el documento sostiene que “no es posible determinar los tiempos de demora en la tramitación de las denuncias debido a la ausencia de un mecanismo formal que registre y controle las fechas y plazos de cada etapa del proceso”, lo que impide evaluar la eficiencia y oportunidad en la gestión de los casos.

“Estas observaciones —valora el informe— reflejan deficiencias en los controles y en los sistemas de información que afectan la gestión eficiente y transparente del proceso de denuncias”.

En cuanto a la “atención de emergencias ambientales”, el informe sostiene que, si bien el Ministerio de Ambiente cuenta con canales para la recepción de notificaciones durante el horario de oficina, “no ha instrumentado un sistema de gestión que asegure la recepción de estas fuera de dicho horario”.

Señala, además, que hoy existe un protocolo interno para la atención de las emergencias “que debe ser revisado para adaptarse a la nomenclatura de la actual estructura del organismo”, y que la División Emergencias y Denuncias no dispone de un cronograma aprobado de capacitación dirigido a los funcionarios encargados de la atención de emergencias ni cuenta con una planificación de simulacros periódicos que permita evaluar los tiempos de respuesta y la eficacia de los procedimientos.

Por último, respecto a las sanciones en caso de constatarse incumplimientos normativos, el informe señala que en la División de Emergencias y Denuncias hoy “no es posible identificar con precisión qué denuncias derivaron en la sugerencia de inicio de un trámite sancionatorio”. Por ejemplo, indica que, de un total de 4.622 denuncias recibidas en el período 2023-2025, solo tres habrían dado lugar a un expediente sancionatorio. Sin embargo, dice que “se observó una inconsistencia con el reporte de sancionados” en la base de datos desarrollada por el Ministerio —un sistema interno de gestión de trámites—, del cual surgen seis expedientes sin que se pueda establecer su correspondencia con las denuncias registradas por la división.

En la misma línea, señala que en la División Control Ambiental de Actividades la información sobre sanciones no identifica al sujeto de control y presenta inconsistencias, como omisión de datos en las resoluciones que aplican sanciones, duplicidad de sanciones, ausencia de número de expediente y diferencias en las formas de ingresar datos. Asimismo, menciona que el área “no cuenta con un registro consolidado que permita vincular denuncias, inspecciones y sanciones”, lo que dificulta la trazabilidad de los casos y la evaluación de reincidencias. Tampoco permite asegurar que todas las sanciones aplicadas hayan sido efectivamente cobradas.