Violencia política afectó a ocho de cada 10 mujeres en la última campaña; expertas advierten que partidos políticos no facilitan denuncias

Estos hallazgos surgen del estudio Ser candidata en las elecciones uruguayas 2024. Violencia contra las mujeres en política elaborado por ONU Mujeres y presentado el martes 17 en la Residencia Británica de Montevideo. De acuerdo con las autoras de la investigación —las politólogas Verónica Pérez Bentancur y Niki Johnson—, los resultados demuestran que la violencia política no es un fenómeno aislado, sino “un rasgo estructural de la experiencia electoral de las mujeres políticas en Uruguay”.

Para las expertas, las cifras no resultan sorpresivas. Magdalena Furtado, directora de programas de ONU Mujeres Uruguay y coordinadora del estudio, explicó a Búsqueda que ONU Mujeres está abocada a producir evidencia comparada y ejemplificó que en Colombia la prevalencia de violencia fue del 78%, una cifra similar a la registrada en Uruguay.

Pérez Bentancur planteó que, aunque en Uruguay no ocurrieron “casos extremos” como los femicidios de mujeres políticas en Bolivia o México, la “hostilidad” de la política local hacia las mujeres representa una barrera estructural que “no debe minimizarse” porque “aparece como una constante”.

A mayor visibilidad, mayor violencia

Un análisis de los factores de riesgo mostró que la exposición a la violencia “aumenta con la visibilidad y prominencia política” de las mujeres. La investigación reveló que los niveles más altos de violencia fueron experimentados por las candidatas al Senado (87%), las candidatas titulares (91%) y las que ocupan puestos de liderazgo en sus partidos (93%). En cambio, en el caso de las candidatas a la Cámara de Diputados y las candidatas suplentes, que suelen tener menos visibilidad, el 80% reportó haber sido víctima de violencia.

Respecto a este punto, Pérez Bentancur advirtió en diálogo con Búsqueda sobre un “efecto reacción”: a medida que los países mejoran sus tasas de inclusión y hay más mujeres en cargos visibles, la violencia política tiende a aumentar, porque su presencia desafía los roles tradicionales de género. Esto no solo afecta la integridad de las candidatas, sino que socava de manera directa la representación política, agregó Furtado.

La encuesta también indagó si las candidatas promovieron los derechos de las mujeres o de grupos minoritarios como parte de sus campañas electorales, para evaluar si esto acrecentó la violencia en su contra. Efectivamente, quienes sí lo hicieron fueron más propensas a experimentar violencia (82%), “lo que refleja el clima reciente de reacción política contra las agendas feministas y de igualdad de género en Uruguay”, plantearon las autoras.

“Estas mujeres se ven doblemente violentadas”, agregó Furtado, quien también subrayó lo que denomina la “paradoja del Uruguay”; un país reconocido como una democracia plena que, sin embargo, “en cuanto a porcentaje de mujeres en los parlamentos, ranquea entre los últimos países de la región”.

Los medios de comunicación son un ámbito “particularmente riesgoso” para las políticas

La violencia contra las candidatas al Parlamento se produjo en diversos contextos electorales. La mayoría (60%) sufrió violencia durante actividades de campaña presenciales, como actos, encuentros con votantes o actividades puerta a puerta. Los principales autores fueron integrantes del público en general, seguidos por miembros de otros partidos políticos y luego integrantes de su propio partido. Las formas de violencia más frecuentes fueron el “abuso verbal o insultos por promover los derechos de las mujeres o de minorías”, “comentarios o sugerencias de carácter sexual” y “comentarios sobre su apariencia en vez de sus propuestas electorales”.

Y si bien el día de las elecciones “fue comparativamente menos violento” (el 13% de las mujeres electas sufrieron violencia), esto podría reflejar la solidez de las instituciones electorales uruguayas “más que la ausencia de hostilidad hacia las mujeres en campaña electoral”, evaluó el estudio. Pérez Bentancur planteó no relativizar el porcentaje, que consideró “significativo” para un solo día.

Por otra parte, la investigación encontró que la interacción con los medios de comunicación fue un ámbito “particularmente riesgoso” para las mujeres políticas. El 40% de las encuestadas dijo haber enfrentado “enfoques sexistas, trivialización y ataques a su reputación, lo que limitó su capacidad para transmitir mensajes políticos y socavó su credibilidad pública”. El 34% de las encuestadas dijo que el periodista o moderador “le interrumpió o habló por encima de ella” y un 18% afirmó que se “le concedió menos tiempo de palabra que a los hombres”.

violencia mujeres campana

La violencia en línea fue la más generalizada: el 63% de las encuestadas fue blanco de este tipo de ataques. Los agresores cuestionaron su competencia (55%) o las acusaron de beneficiarse injustamente de las leyes de cuotas (31%). Si bien las amenazas explícitas son menos comunes, la violencia digital refleja “el potencial de escalada y daños graves que puede generar este tipo de violencia”, planteó el estudio.

Pérez Bentancur advirtió que estas dinámicas motivan un “silenciamiento” relevante, dado que las redes sociales son hoy un canal clave de visibilidad política y también una fuente habitual para el trabajo periodístico.

Por otro lado, aunque la mayoría de las mujeres (83% de las electas) reportó altos niveles de apoyo de sus partidos a su candidatura, también dijo sufrir violencia dentro de sus propios partidos políticos. En particular, en forma de ocultamiento de información (37%) y menoscabo por parte de líderes o colegas —con mayor frecuencia hombres— de su capacidad para estar en política (22%). En la gran mayoría de los casos se trató de violencia psicológica; solo se reportó un caso de agresión física y ningún caso de agresión sexual.

En ese sentido, Furtado subrayó que los partidos políticos son “parte del problema y también de la solución” y que deben “trabajar en su clima interno para retener los talentos”. La experta planteó que, precisamente, uno de los principales objetivos del estudio “es abrir el diálogo” con los actores políticos.

Víctimas de violencia reducen su exposición y muy rara vez denuncian los hechos

El informe también documentó el impacto personal y político de la violencia en las candidatas. Algunas adoptaron “estrategias de autoprotección”, como limitar su exposición pública o reducir el uso de redes sociales. Otras denunciaron o buscaron apoyo en redes de confianza.

Pérez Bentancur señaló que el 25% de las candidatas evitó asistir a actos de campaña sola y un 18% evitó hacer campaña con ciertos miembros de su propio partido. Además, el 34% desactivó los comentarios en sus redes y un 30% evitó usar esas plataformas. Además, casi un 17% llegó incluso a evitar debates o entrevistas presenciales por miedo a la violencia, mencionó.

Estas “estrategias de sobrevivencia”, agregó Furtado, constituyen “un impacto a la democracia”, en la medida en que limitan la participación plena de las mujeres. Según valoró, el daño trasciende a las candidatas actuales, ya que el clima termina “silenciando y desalentando a mujeres jóvenes a participar”. Pérez Bentancur añadió que, más allá del deseo individual de participar en política, la violencia obliga a las mujeres a “salir de algunos lugares”, lo que distorsiona la competencia y afecta sus posibilidades reales frente a sus pares varones.

Un hallazgo relevante del estudio es que, pese a lo generalizado de la violencia que sufren, las políticas rara vez usaron mecanismos formales de denuncia: solo 12 presentaron una denuncia, de las cuales la mayoría (75%) lo hizo ante la Policía o en Fiscalía, y solo una pequeña fracción (17%) ante las autoridades de su partido. Ninguna presentó una denuncia ante los organismos electorales.

Las expertas atribuyeron esto a la ausencia de herramientas institucionales claras. Pérez Bentancur señaló además que la violencia política está “escasamente tipificada” y que no existen ámbitos definidos dentro de los partidos para canalizar denuncias. Furtado, por otro lado, agregó que si bien la legislación la reconoce, no hay “pasos procedimentales claros” para dar respuesta a estos fenómenos, lo que dificulta una respuesta efectiva; además, instituciones como la Corte Electoral no tienen competencia para intervenir en estos incidentes y se limitan a fiscalizar la ley de cuotas.

Pérez Bentancur advirtió que muchas mujeres asumen estas situaciones como parte del costo de hacer política, mientras que Furtado acotó que persiste una lógica de culpabilización que cuestiona a la propia víctima: “¿Para qué se metió en política?”.