Megaestafa desde el piso 29: el centro de llamadas que desde Colombia engaña a ciudadanos de Uruguay y la región

Esa fue la última vez que el falso asesor de ventas lo llamó a Guatemala, en noviembre pasado, para anunciarle que había ganado un proceso de apelación (que él nunca hizo). Razón por la cual la compañía Invesa Capital, dedicada a la intermediación financiera y que ahora tiene en su poder los ahorros de toda su vida, tendría que retornarle US$ 36.805, de los US$ 56.000 que le tomaron hace dos años y que se han negado a devolverle con las más absurdas excusas.

Fue entonces cuando Erwin suplicó que no lo engañaran más. Que ya había tocado fondo y que todo lo que le quedaba eran deudas, como ocurre con centenares de personas en varios países de América Latina que siguen implorándole a Invesa Capital que les devuelva el dinero que le confiaron o que la propia empresa retiró de sus cuentas bancarias sin autorización previa.

La historia se repite por montones en ciudadanos de Uruguay, México, Chile y Honduras, principalmente, y en otro puñado de países donde han aparecido tímidamente centenares de inversionistas denunciando ser víctimas de esta modalidad de fraude financiero desde el 2023.

Las denuncias señalan a Invesa Capital, una empresa creada en Sudáfrica en el 2006, que se ofrece como intermediaria (broker) para realizar inversiones en activos financieros y que figura como filial de una firma más grande, Imermarket, cuya sede se ubica en Chipre.

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Esta investigación de la Unidad Investigativa del diario El País de Cali, en alianza con Búsqueda y CONNECTAS, logró llegar al corazón de la que podría ser una de las estafas masivas más recientes y silenciosas en América Latina.

En el caso de Uruguay, además, la investigación expuso nexos entre esa operativa en Colombia y un centro de llamadas, o call center, que funcionaba en Canelones, que estafó a ciudadanos en toda la región y que cerró de manera intempestiva, sin pagar deudas a sus trabajadores.

Durante tres meses de indagación, se estableció que los victimarios actuaron a través de sistemas VPN, con los que las llamadas eran aparentemente realizadas desde Barcelona o islas Mauricio. Pero en realidad, las comunicaciones nunca atravesaron el océano Atlántico; todo se realizó (y aún se realiza) desde tres oficinas en las ciudades de Armenia, Pereira y Cali, en Colombia.

El País habló con varios exempleados de estos centros de atención telefónica en Armenia y Cali, y encontró que quienes asfixian económicamente a los inversionistas tampoco son expertos asesores, sino un grupo de jóvenes formados en una suerte de “escuela de estafadores”, donde aprenden estrategias para que las víctimas no solo inviertan, sino que entreguen sus datos bancarios.

En el marco de esta investigación, se hizo un barrido en plataformas en las que se califica el nivel de confianza de los brokers. Se recogieron datos de 297 personas que aseguran haber sido estafadas desde Sudáfrica por Invesa Capital y el valor de lo que dicen haber perdido supera los US$ 2 millones. Una decena de ellas accedió a entregar su testimonio.

En Uruguay hay una investigación en curso a partir de denuncias de víctimas de Invesa Capital, confirmaron fuentes de la Policía y la Fiscalía a Búsqueda. Sin embargo, y hasta el momento de la consulta, no tenían sospecha de que era Colombia donde se originaban las llamadas.

Así se orquesta el engaño

La estafa para miles de latinoamericanos se gestó a través de redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, donde aparecieron llamativas ofertas en las que invitaban a los uruguayos a invertir en petróleo; a los chilenos a generar dividendos con las compras de oro de los bancos en Japón, o a ciudadanos de Guatemala, Costa Rica y México a obtener rentabilidad con acciones de Amazon, Apple, Tigo, Tesla o criptomonedas, entre otros.

El señuelo son publicidades realizadas con inteligencia artificial que utilizan personajes de la vida pública de cada uno de los países elegidos estratégicamente, según los exempleados.

Las personas dejan su nombre y número telefónico en el apartado “Obtener más información”. Sin imaginarlo, el inexperto inversionista ha entrado a la piscina con tiburones.

Esa solicitud de información no llega a África o Europa, sino a Armenia, Pereira o Cali, en el occidente colombiano, donde supuestos expertos se comunican con los interesados desde sistemas de conexión VPN que les permiten con un clic ocultar su ubicación real.

Utilizando identidades falsas o fingiendo acentos de otros países, inician el acoso telefónico a los interesados; pasan horas preparando a sus víctimas para que depositen su dinero en la plataforma de Invesa Capital, llenen el cupo de sus tarjetas de crédito o salgan a hipotecar y vender sus bienes.

“La gente en redes sociales veía publicidad de que podía invertir en YouTube, en Amazon, en Facebook y nosotros nos presentábamos como empleados directos de esas compañías”, explicó en entrevista con El País Silvana*, una asesora comercial que no tiene ni idea del mercado financiero, pero que trabajó con un libreto seduciendo a los clientes de Invesa Capital.

Anuncios en redes sociales

El propósito es que los potenciales “clientes” abran una cuenta en la plataforma con un mínimo de US$ 200 con la promesa de enormes rentabilidades. “Y de ahí los pasamos al área de ‘Retención’, que es donde le sacan a la gente todo el dinero que tengan”, aseguró.

Viene entonces la siguiente jugada: esos US$ 200, que monitorean los inversionistas a través de una aplicación que descargan en su teléfono, en días se convierten en US$ 500, en US$ 800 y hasta en US$ 1.000. Llega la llamada felicitándolo por su margen de ganancia y detrás se escuchan las voces de otros “asesores” de Invesa que aplauden y celebran el supuesto resultado.

La víctima, sin saber aún que lo es, es comunicada con otra dependencia de la misma empresa donde lo incitan a invertir y a pensar en grande. A imaginar la rentabilidad si abonara US$ 1.000, US$ 5.000 o US$ 10.000. La bola de nieve empieza a girar y la pantalla de su teléfono se llena de ceros.

Pero el sueño de la rentabilidad y el milagro económico duran poco: hasta que el cliente decide hacer un retiro. “Ahí empieza el trabajo del equipo de Retención de Invesa, que aconseja no descapitalizarse porque es un momento clave y la economía va en crecimiento”, explica Sebastián*, otro de los exasesores comerciales que promocionaban Invesa y quien pidió no revelar su nombre. Si la víctima insiste, le permiten retirar un bajo monto para llenarlo de confianza, pero el valor jamás supera el 20% de lo que ha entregado, según los entrevistados.

De repente, y si el cliente insiste en el retiro, el dinero empieza a desaparecer y con una llamada le aseguran que es urgente invertir porque pueden perder los ahorros de su vida. “Hubo gente que vendía casas, metía lo de la universidad de los hijos, otros enfermos enviaban el dinero de sus medicamentos y decían desesperados que necesitaban generar dinero… ¡Y uno les decía: ‘Sí, aquí vas a lograrlo. Aquí vas a poder generar esa rentabilidad’—reveló Silvana, la exasesora de Invesa—, pero uno sabía que era mentira”.

La realidad, explican los exfuncionarios entrevistados, es que los clientes no tienen oportunidad de ganar porque su capital no se invierte y el modelo está diseñado para que las víctimas entreguen todo su dinero a Invesa, que oculta el engaño con el argumento de falsas caídas del mercado.

Pero el engaño no se limita al poder de convencimiento de los nuevos “expertos asesores”. Con maniobras, explica Sebastián, empujan también a las víctimas al abismo de la quiebra económica. “La aplicación de Invesa Capital está diseñada para que independientemente de si un depósito se realizó con éxito, le aparezca al cliente como ‘error’. De esa manera, una inversión de 1.000 dólares, por ejemplo, se puede intentar hasta cinco veces y el inversionista solo se entera de que en realidad le han tomado 5.000 dólares varios minutos después”, señala.

“Nos insisten mucho en que ‘rayes’. O sea, que el cliente, así no tenga dinero, pase la tarjeta de crédito para nosotros obtener los datos. Y después cuando quiera retirar, sacarle el dinero que tenga en otra cosa. Son unos hijueputas en todo el sentido de la palabra”, agrega Sebastián, quien asegura que por lograr que una persona pase su tarjeta de crédito, también reciben bonificación.

El caso de Rodrigo*, un uruguayo jubilado que perdió miles de dólares con Invesa, explica por qué el interés en que los empleados del centro de llamadas logren los datos de las tarjetas. “Para invertir tuve que darles la tarjeta y en la tarjeta la clave de acceso a todo; un día me desaparecieron 300 dólares y dicen que ellos no fueron y el banco no tenía constancia de quién los retiró; ahí empezaron los problemas”.

Algo similar le ocurrió a Walter*, un hondureño a quien llamaron con la “buena noticia” de que le aprobaron un bono “no retirable” para que supuestamente invirtiera de nuevo e intentara recuperar el dinero perdido. Para eso debía desbloquear primero su cuenta en la plataforma de Invesa y el número de clave asignada fue el 0222. A los 10 minutos le informó su banco que le habían debitado 222 dólares.

¿Una incubadora de futuros estafadores?

Detrás de la operación de Invesa Capital en América Latina hay una empresa colombiana que, hasta hoy, quienes denuncian ser víctimas de esta megaestafa jamás habían oído mencionar: Gmor IT Solutions S.A.S., la misma que contrató a Silvana y a Sebastián. Esta firma, registrada en Armenia (Quindío) el 10 de noviembre del 2022, y cuyo representante legal es Juan Sebastián Moncada Díaz, tiene por objeto ser un centro de llamadas, según los documentos en poder de El País.

Hasta ese lugar, en el que se gestó la bancarrota y el desangre económico de centenares de víctimas en Latinoamérica, llegó la Unidad Investigativa de El País un sábado de finales de enero pasado para constatar lo que se esconde tras el nombre de la enigmática Invesa Capital.

La primera sorpresa es que detrás de los micrófonos no se encuentran los expertos asesores que han escuchado las víctimas en sus llamadas, sino un pequeño batallón de jóvenes de entre 18 y 25 años de edad; muchos de ellos recién graduados del colegio y que no pudieron ir a la universidad para continuar sus estudios. Son casi adolescentes instruidos por funcionarios de Gmor S.A.S. para ganarse la confianza de la gente y obtener la mayor cantidad de información; la misma con la que más adelante destruirán sus vidas. Su misión, reconocen, es captar víctimas en América Latina a cambio de comisiones.

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La mayoría de ellos llegó a Gmor S.A.S. a través de Computrabajo, una plataforma de empleos en línea. “Vi que necesitaban asesores comerciales sin experiencia para trabajar en Gmor S.A.S. y el salario no era tan alto, 2 millones de pesos (500 dólares). Pero lo que sí era llamativo eran las comisiones, que decía que eran sin techo; el salario depende de uno”, cuenta Sebastián, de 19 años.

Días después fue llamado a presentar una prueba psicológica en el piso 35 del edificio Torre de Cali, donde están los administrativos de Gmor S.A.S. Seis pisos más abajo del emblemático edificio, en el 29, opera el centro de llamadas desde donde se comunican a nombre de Invesa Capital.

Solo quienes demuestran habilidades comunicativas logran pasar a la segunda etapa: la capacitación de nueve días, cinco teóricos y cuatro prácticos. “Son unos minicursos donde básicamente te explican cómo convencer al cliente, y uno lo ve así; pero luego descubres que te están preparando para estafar”, advierte Sebastián.

Ese diplomado fugaz de “experto en finanzas” se basa en entender rápidamente cómo funciona el mercado financiero, conceptos de oferta y demanda, y en memorizar un discurso que Gmor S.A.S. ha preparado para quienes operan la plataforma de Invesa. Sin embargo, ese documento de trabajo no se les entrega en físico ni pueden sacar sus apuntes del edificio ni hablar con otros de lo que pasa en el piso 29, según un acuerdo de confidencialidad que deben firmar quienes llegan a la preparación.

“Lo que a ellos más les interesa son las ‘19 objeciones’, que es un libreto que debemos aprendernos y con el que quedamos listos para vendernos como expertos. Son básicamente las respuestas que damos a clientes a las preguntas o inquietudes más comunes; además, porque íbamos a llamar a clientes ya ‘quemados’, que ya han sido estafados, y la idea era aprender a abordarlos para que vuelvan a confiar en nosotros”, indicó Valentín, otro joven que trabajó cuando recién se creó Gmor. “Para cada inquietud o duda teníamos lista una respuesta”, agregó.

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Los directivos de Gmor S.A.S. también les prohíben a los nuevos “gerentes de cuenta” ingresar teléfonos móviles o dispositivos electrónicos en el centro de llamadas. Además, deben firmar un contrato, del que ninguno tiene copia. Tampoco pueden tomar fotografías ni llamar a posibles inversionistas en Colombia o Estados Unidos.

En respuesta a un cuestionario enviado a través de correo electrónico, la oficina de Relaciones Corporativas de Gmor S.A.S. negó todo lo dicho por sus exempleados. Según la empresa, “Gmor no ha operado ni opera la plataforma de Invesa Capital”. Pero enseguida aclara que “la única labor de Gmor es contactar a los potenciales inversionistas que ya han ingresado sus datos personales en la plataforma Invesa Capital para realizarles el proceso de conocimiento del cliente y las vinculaciones correspondientes”.

“La información relativa a cómo llegan las personas a Invesa Capital y de cómo se enteran del rol de intermediario financiero de dicha entidad no es un tema del resorte de Gmor”, dijeron. Y afirman que “los empleados de Gmor IT Solutions S.A.S. reciben bonificaciones asociadas al cumplimiento de metas, al índice de satisfacción del cliente y a la ausencia de quejas y reclamos”.

Al preguntarles por qué utilizan sistemas VPN para ocultarles a los inversionistas que llaman desde Colombia, respondieron que “la legalidad de la operación de Invesa Capital es una cuestión propia para dicha entidad, no pudiendo Gmor dar respuesta por terceros. En todo caso, en el marco de la prestación de servicios, Gmor usa herramientas tecnológicas, como redes privadas virtuales (VPN), por políticas de seguridad informática”.

Frente a la formación a los jóvenes, señalaron que es cierto que dura dos semanas, pero “se enfocan en el cumplimiento estricto de las funciones asignadas conforme a los lineamientos del cliente. Incluye formación en cumplimiento normativo, protocolos internos y código de ética corporativo”.

Desde Gmor negaron también que cuenten con un listado denominado “objeciones”. Cada empleado, aseguraron, “dispone de lineamientos internos que establecen prohibiciones y límites claros a la interacción con terceros, incluyendo: no prometer recuperación de dinero, no solicitar datos sensibles, no garantizar rentabilidad, no inducir a error, no crear cuentas o realizar depósitos por cuenta de terceros, entre otras conductas expresamente prohibidas”. Justo lo contrario de las prácticas denunciadas por los empleados de Gmor S.A.S. y las víctimas entrevistadas.

Hay algo que no cuadra en los datos de Gmor S.A.S. En una llamada inicial con Gabriel Buraglia, gerente de Relaciones Corporativas de la empresa, aseguró que las oficinas de Armenia no tienen nada qué ver con el centro de llamadas del piso 29 de Torre de Cali. “Nosotros no estamos operando a través de Gmor en Cali”.

Pero la Unidad Investigativa del diario El País encontró entre los desechos extraídos de los pisos 29 y 35 del edificio Torre de Cali las pruebas que desvirtúan todo lo afirmado por Gmor S.A.S. en sus respuestas. Entre papeles rasgados y manchados con residuos de comida, se encontraron evidencias de que las objeciones sí existen y hacen parte de un libreto establecido por Gmor S.A.S. para la formación de los jóvenes que se ofrecen como expertos “gerentes de cuenta” a quienes invierten en Invesa Capital.

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Llama la atención una objeción en la que se enseña cómo responder a la pregunta de ¿por qué me pide documentación y las fotos de mis tarjetas? Dicen que la respuesta debe ser: “Nosotros como plataforma financiera debemos conocer quiénes son nuestros clientes. Por su seguridad y la nuestra, como lo exige la ley, se debe legalizar la cuenta para evitar suplantación de identidad, lavado de activos o financiación del terrorismo, así como cuando usted abre una cuenta en su banco”.

Los documentos hallados en los desechos prueban también que no es cierto que dejaron hace tiempo de gestionar cuentas para Invesa. En los papeles recuperados se encontraron manuscritos de los empleados que revelan que al menos hasta diciembre del 2025 seguían llamando a nombre de Invesa Capital, e incluso figuran los correos institucionales de Invesa de varios de sus funcionarios.

También se encontró una extensa lista con los nombres de personas de diferentes países a las que deben llamar o que ya se han sumado a la plataforma con sus números de ID y los montos que depositaron.

Un detalle clave, y que le da parcialmente la razón a Gabriel Buraglia cuando aseguró que Gmor S.A.S. no opera en Cali, es que se encontraron papeles que prueban que en esa ciudad, Gmor cambió de nombre a mediados del 2025 y ahora figura como Bamos26, pero en la misma dirección y en los pisos 29 y 35 de Torre de Cali, según los registros de la Cámara de Comercio.

Parece ser solo un cambio de nombre y logo, porque en un acta que firmaron los empleados de Bamos26 tras la entrega de nuevos equipos autorizan en caso de daño el cobro de una indemnización correspondiente al 237% del costo del equipo; y quien cobrará dicho rubro no es Bamos26, sino Gmor S.A.S.

Pero no es ese el único cambio; en un cuaderno hallado en la basura del piso 29, hay una frase subrayada entre paréntesis y en letras mayúsculas que advierte: (“NO DECIR INVESA”). Y en la misma página, un párrafo en el que está escrito (ahora) “soy gerente de cuentas de Evostock”.

Tal como lo advirtió un exempleado de Gmor, las cuentas se están cerrando y ahora operarán bajo el nombre de Evostock, el mismo nombre de otra plataforma que captaba clientes en Uruguay con videos falsos en redes sociales y en los que prometían a los potenciales usuarios la posibilidad de invertir en la estatal petrolera y otras opciones falsas. De cualquier forma, el desprestigio de Evostock, al menos por ahora, es mucho menor al que arrastra Invesa Capital.

De hecho, a fines de enero una víctima uruguaya presentó una denuncia policial contra Evostock por estafa, según contó a Búsqueda. Vio un aviso para invertir en la empresa estatal UTE y cuando dejó sus datos la llamaron. Depositó unos US$ 200 y en seguida se dio cuenta de que era una posible estafa. Era tarde.

De Invesa a Gmor IT Solutions

Gmor S.A.S. es una empresa que desde sus inicios ha trabajado para Invesa Capital, asegura Valentín*, quien trabajó allí desde noviembre del 2022. Solo seis meses después de haber empezado a ofrecer los servicios de Invesa Capital, empezaron en distintas plataformas de internet las primeras denuncias alertando del fraude.

La primera conocida fue en mayo del 2023, cuando desde México Diana Sada escribió en TrustPilot, una plataforma que califica a los brokers: “Estafaron a mi mamá con 8.000 dólares y le iban pidiendo cada vez más depósitos y (...) estaba ganando en sus acciones; cuando nos dimos cuenta de la estafa, solo tenía 1.400 dólares y mi mamá tiene cáncer”.

Lo que vino luego fue una andanada de comentarios positivos de distintos países en América Latina celebrando que Invesa Capital les había hecho ganar mucho dinero y cubriendo esos comentarios que los tildaban como estafadores. “Los mismos empleados de Gmor escribíamos comentarios para no dejar afectar la imagen, pero eso era insostenible”, reconoce Silvana, la exempleada.

Según el Registro Único Empresarial y Social (RUES) de Colombia, la empresa fue creada por Sebastián Montúfar Morales, un joven ingeniero caleño egresado de la Universidad Autónoma de Occidente. La dirección que entregó para notificación judicial y administrativa es la de un restaurante.

El País consultó con fuentes de Interpol sobre esta megaestafa, pero no existe un caso abierto porque hasta hoy nada apuntaba a Colombia. “El punto a favor para los delincuentes cibernéticos es que la mayoría de las víctimas no denuncia o se niegan a aceptar que fueron estafados, porque mantienen la esperanza de que les devolverán el dinero. O porque les da vergüenza reconocer que perdieron todo en un robo digital y temen que la gente lo sepa, sobre todo sus familias”, dijo un investigador de Dijin Interpol Colombia.

Invesa Capital está en el radar de las autoridades uruguayas, pero la investigación todavía no dio resultados, dijeron fuentes a Búsqueda.

El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió una alerta sobre Invesa Capital el 25 de julio del año pasado, tras recibir una denuncia de una persona que depositó US$ 200 en la plataforma para abrir su cuenta. A partir de allí, “lo comenzaron a llamar insistentemente para ofrecerle ‘asesoramiento sobre trading en línea con Contratos por Diferencia (CFD) sobre diversos activos financieros’”, según la resolución del BCU. “Recibió llamadas intimidantes y de acoso solicitándole nuevos depósitos; situación que lo llevó a presumir que se encontraba ante una estafa”.

El BCU difundió una advertencia al público en general y a los inversores y ahorristas porque Invesa Capital “no se encuentra inscripta” en ningún registro oficial, ni tiene licencia para operar en el país. Ante una consulta, a través de su Área de Comunicación, el banco informó que “no derivó” el caso a Fiscalía y tampoco tomó “ninguna otra medida” más allá del comunicado.

Invesa Capital y otros actores han provocado un aumento sostenido de las denuncias de ciberestafas en Uruguay. Los datos oficiales muestran que el crecimiento se detuvo el año pasado, después de alcanzar un pico de 31.435 denuncias.

Un centro de llamadas en Uruguay

Uruguay es desde hace años un hub de estas supuestas plataformas de inversión, con decenas de centros de atención telefónica engañando clientes en toda América Latina. Uno de ellos tenía una conexión directa con lo que sucede hoy en el piso 29 de la Torre de Cali.

María del Mar Ballesteros Ospina, esposa de Buraglia, tiene un cargo de manager en Gmor S.A.S. desde hace 10 meses, según perfil de LinkedIn, pero años antes lideró en Uruguay una empresa que manejó plataformas denunciadas por estafa.

Ballesteros Ospina fue directora y beneficiaria final de Dogrin Company S.A., un centro de llamadas con más de 200 empleados que operó diversas plataformas, como ATF y 2invest desde sus oficinas en la zona franca Parque de las Ciencias, en el departamento de Canelones, según documentos incorporados en un expediente judicial.

Para montar Dogrin Company, además de Ballesteros Ospina, llegaron a Uruguay varios colombianos que ocuparon cargos de responsabilidad o de team leaders. La empresa “hermana” de Dogrin Company en Cali era BDO (Business Development Operations S.A.S.), en la que Ballesteros Ospina era gerenta.

El flujo era bidireccional. Varios uruguayos fueron invitados a trabajar en Colombia y algunos aceptaron, según fuentes vinculadas a la compañía.

Seis exempleados relataron que su trabajo consistía en engañar a personas para que transfirieran dinero a presuntas inversiones. Los mecanismos eran los mismos que se usan en el centro de llamadas gestionado por Gmor S.A.S. para Invesa Capital: un incauto veía un aviso falso en internet promoviendo inversiones y dejaba sus datos. La información llegaba al centro de llamadas ubicado en Uruguay y alguien del Departamento de Opening lo llamaba para lograr que abriera la cuenta con un depósito inicial. Después, el Departamento de Retención se encargaría de empujarlo a que siguiera depositando y luego le quemaría la cuenta.

Dogrin Company tuvo su minuto de fama en los medios uruguayos durante la pandemia. El periodista Gabriel Pereira difundió, en diciembre de 2020, un audio de un gerente de Dogrin que les ordenaba a sus subalternos a incumplir los protocolos establecidos para contener el Covid-19. Los empleados que daban positivo no debían denunciarlo a las autoridades y eran alojados en un hostel mientras cursaban la enfermedad.

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En enero de 2021, un mes después del escándalo, Ballesteros Ospina fue removida de su cargo gerencial de BDO.

Dogrin Company cerró sus puertas sin previo aviso el 7 de julio de 2021, cuando las autoridades avanzaban en el proceso para sancionarla por los incumplimientos en pandemia. Varios extrabajadores denunciaron ante el Ministerio de Trabajo que no habían recibido la liquidación correspondiente tras el cierre, la Justicia declaró el concurso forzoso de la empresa e intentó sin éxito que Ballesteros Ospina compareciera ante el juzgado, surge de los expedientes analizados.

En Colombia, BDO también cesó sus operaciones de manera intempestiva a fines de 2021. Tan sorpresivo fue que la empresa EY, encargada de llevar adelante las auditorías de la compañía, se enteró de manera “extraoficial”, no pudo cumplir con su tarea y acumuló una deuda de su cliente por facturas impagas, según datos del registro comercial colombiano.

Consultados, desde Gmor S.A.S. negaron haber tenido “relación contractual o comercial” con Dogrin Company. Negó también que Buraglia o Ballesteros Ospinas tengan causas abiertas o estén mencionados en expedientes judiciales en Uruguay.

El salto de Europa a Latinoamérica

Poco antes de que Invesa Capital apuntara hacia América Latina, su plataforma ya arrastraba desprestigio ante los señalamientos de presuntas víctimas de estafas en Estados Unidos, Canadá y Europa, especialmente en Suiza, Alemania, Francia y España.

Una investigación del medio Suizo SRF Impact, de inicios del 2024, reveló que los centros de llamadas operaban para la casa matriz desde países como Grecia, Chipre, Rumania, Filipinas y Colombia, bajo la misma modalidad de acoso telefónico.

El informe periodístico asegura que la ciudad de Limassol, en Chipre (conocida como la pequeña Dubái), es el centro de muchas de las operaciones de estas redes de empresas. Varias de las direcciones utilizadas corresponden a edificios de apartamentos o locales comerciales con actividades distintas.

A través de OCCRP, una organización con sede en Ámsterdam y que colabora con investigaciones periodísticas sobre corrupción y crimen organizado, El País tuvo acceso a toda la documentación que tienen las autoridades en Chipre y Sudáfrica sobre Imermarket e Invesa Capital.

Bajo la titularidad de Mario Kyriakou, director y uno de los accionistas de Imermarket, figuran más de un centenar de empresas similares a Invesa en Chipre, Sudáfrica, Reino Unido y Rumania. Varias de ellas vinculadas con millonarias estafas en Europa, según la investigación periodística.

Dos semanas después de que El País solicitara información al gobierno de Sudáfrica ante las denuncias de estafas en Latinoamérica, el pasado 17 de noviembre el Financial Sector Conduct Authority (FSCA, entidad que regula a los brokers en Sudáfrica) anunció finalmente la apertura de una investigación contra Invesa Capital, sus directivos e Imermarket, la casa matriz.

En el marco de esta investigación, El País se comunicó con el FSCA, que a través de correo electrónico explicó la situación actual de Invesa. De acuerdo con este organismo público sudafricano, Invesa Capital se encuentra inscrita en Sudáfrica y tiene una licencia como proveedor de servicios financieros (FSP) de categoría I, que le permite prestar asesoramiento y servicios de intermediación en relación con instrumentos derivados, acciones, instrumentos del mercado monetario y bonos, entre otros.

El FSCA aseguró que avanza una investigación contra Invesa Capital y las partes relacionadas con esa plataforma (los titulares son Bongani Goodenough Mngadi y Marios Kyriakou): “La FSCA tiene sospechas razonables de que las partes investigadas podrían haber infringido o estar infringiendo diversas leyes del sector financiero que administra en Sudáfrica”.

Confirmó, además, que han recibido 28 quejas recientes de presuntas víctimas en Europa y África, y que colaboran con autoridades reguladoras en varios países para facilitar las investigaciones. Pero que “hasta el momento, no ha contactado con las autoridades reguladoras de Latinoamérica”.

Autoridades en Chile, Costa Rica y Uruguay han advertido en comunicados públicos que Invesa Capital e Imermarket no son entidades supervisadas por sus organismos de control. Y han advertido a sus ciudadanos de investigar cuidadosamente antes de realizar cualquier inversión, para no caer en estafas.

Pero la pesadilla para antiguos y nuevos inversionistas está lejos de terminar. En los últimos meses han vuelto las llamadas ofreciéndoles, esta vez, mediación para recuperar su dinero a cambio de un porcentaje del mismo y consignando inicialmente entre US$ 200 y US$ 500 para empezar a trabajar.

Las llamadas se siguen recibiendo supuestamente desde islas Mauricio, a nombre de una empresa distinta a Invesa Capital. El acento de los asesores es el mismo, con la misma información y saldo de las cuentas de quienes han perdido el capital y los ahorros de su vida.

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*Los nombres de las víctimas y de los extrabajadores fueron cambiados para proteger su identidad ante la posibilidad de que sufrieran represalias.