A comienzos de 2014, Javier Salsamendi, entonces presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), impuso en sus cargos a los integrantes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). El organismo, encargado de atender a los jóvenes en conflicto con la ley, pasaba a ser una comisión delegada del INAU y tendría como cometido la atención directa de un problema creciente. En el acto protocolar, Salsamendi confesó que a partir de ese momento esperaba poder dormir un poco más por la noche, ya que hasta ese momento los constantes problemas en la atención de los adolescentes tenían a maltraer a los integrantes del Directorio.
El Sirpa —creado como un organismo “transitorio” hacia una nueva institucionalidad— fue el primer intento de comenzar a separar la atención de los adolescentes que cometen delitos del resto de las tareas del INAU.
Al igual que el INAU —que primero se llamó Consejo del Niño y después Instituto Nacional del Menor—, la atención de los adolescentes fue cambiando. Antes del Sirpa existió el Semeji, (Sistema de Ejecución de Medidas para Jóvenes en Infracción), que funcionaba como una dirección dentro del Instituto.
Ahora se dio un paso más para atender de manera especial a los adolescentes. Esta semana, luego de aprobadas las venias en el Senado, se puso en marcha el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), que será un organismo descentralizado.
El objetivo del Instituto es buscar la “inserción social y comunitaria” de los adolescentes en conflicto con la ley a través de un “proceso psicosocial, educativo e integral que conlleve el reconocimiento de su condición de sujetos de Derecho”. Entre sus cometidos figura “propiciar un ambiente seguro en el que el respeto y la autoridad estén presentes de modo que los vínculos de confiabilidad puedan ser reparados”. También se promoverán los vínculos de los adolescentes con su familia o personas cercanas “que puedan significar un sostén para el proceso” dentro del Inisa y cuando egresen de la institución.
Además, deberán ejecutar las medidas cautelares y socioeducativas que se dispongan, así como las de privación de libertad.
Para lograr esos objetivos se crearon ocho programas relacionados con la educación, la asistencia psicosocial, la inserción comunitaria y la seguridad, entre otros.
La ley indica que el Poder Ejecutivo definirá qué funcionarios pertenecerán al Inisa tras su separación del INAU. Las designaciones del personal se realizarán “en estricta atención al perfil adecuado a los objetivos y cometidos” de la ley y “acorde al cargo y tarea a desempeñar en el Instituto”.
Cambios profundos.
“Por fin llegamos a esta etapa”, dijo ayer miércoles la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, al imponer en sus cargos a Gabriela Fulco como presidenta del Inisa, y a Eduardo Katz y Álvaro Viviano como directores.
Arismendi dijo que había “dudas” respecto a separar la atención de los adolescentes conflictivos del INAU. “La vida es siempre más rica y nos llevó a convencernos lentamente de que era necesario concentrar los esfuerzos para atender a aquellos adolescentes que por distintas circunstancias están en conflicto con la ley”, afirmó. La ministra dijo que se viene un tiempo de “cambios profundos”. “Y tiene que ser ahora. Y ahora tenemos que transformar, y ahora tenemos que repensar y ahora vamos a tener que remover cosas”, afirmó.
Fulco se pronunció en la misma línea. “El cambio que ansiamos llevará tiempo por las cuestiones edilicias, de personal, presupuestales y por la instalación de una nueva cultura que se debe generar para el tratamiento y rehabilitación en condiciones dignas”, advirtió, y calificó la puesta en marcha del Instituto como un “hito en la historia del país”.
Fulco admitió que se está “en deuda” con un sector de la población que vive en la “marginalidad”. “Compartimos la vergüenza por las condiciones en que están, por ser estas contrarias a los más elementales principios de la raza humana. Estos jóvenes son sobrevivientes. El Uruguay tocó fondo con este tema”, dijo.
Recordó que cuando asumió hace un año como presidenta del Sirpa, se encontró sin presupuesto y “con una alta resistencia al cambio”. “Ante esta realidad institucional, nos atamos al timón de este barco que navega en aguas turbulentas, porque desistir no está en nuestro ánimo”.
Fulco informó que ya están los planos para la construcción de un nuevo centro de atención para 200 adolescentes que permitirá cerrar otros locales que tienen problemas de estructura.
Arismendi y Fulco plantearon que el objetivo es que la privación de libertad sea la última medida.
Katz dijo que el “desafío es mejorar el sistema”. “Abordamos varios niveles de dificultad para proyectar la reforma o la refundación de esta nueva institucionalidad”. Afirmó que para realizar este trabajo cuentan con “profesionales de alta confianza” y la “mayoría” de los funcionarios. “Hay una pequeña minoría que no ha entendido el porqué de estos cambios”, dijo.
Viviano, en tanto, afirmó que no se pueden quedar con el “cambio de nombre”. “Hay que entender el tema, entrarle a fondo y poder resolver los problemas y cambiar la mentalidad”, afirmó. Eso exige “profesionalizar la gestión”, “trabajar en armonía” y atender las necesidades presupuestales.
Avances y retrocesos.
En el sindicato del INAU no tienen una visión positiva sobre el cambio. “Será una continuidad del Sirpa. Desde nuestra perspectiva no se avanzó nada; es más, hubo un retroceso en lo que son los derechos de los gurises”, evaluó José Lorenzo López, presidente del gremio.
El sindicato tiene un fuerte enfrentamiento con Fulco, que derivó en una denuncia ante la Justicia.
López dijo que la “esperanza” la tienen en el trabajo que haga Viviano, representante del Partido Nacional. “Ahora no habrá tanta impunidad, hay un representante de la oposición y esperemos que controle lo que pase”, sostuvo. Agregó que le “llama la atención” que ningún sector del Frente Amplio se haga “cargo” de los otros dos jerarcas, Fulco y Katz, y les pida que “rindan cuentas”.
Por su parte, Luis Pedernera, integrante del Comité de los Derechos del Niño, dijo que espera que este no sea “un cambio solo de nomenclatura. En Uruguay hay muchas experiencias de cambios de siglas y en los hechos después no pasa nada”.
Pedernera dijo que encuentra aspectos “interesantes” en la ley que creó el Inisa. Se busca “pensar en otros términos”, afirmó. En ese sentido, destacó la selección de los trabajadores para el instituto. “Esta es una oportunidad, si se mira la historia reciente, donde había situaciones en las que se recurría fácilmente al uso de la violencia y el maltrato como forma de vinculación”. Con los nuevos ingresos, se debería ir a una “depuración de cuadros”, opinó.
También destacó el trabajo con la familia y el hecho de que la privación de libertad se plantee como el último recurso.
“Esto requiere empezar a pensar en lo que importa, que no es construir más centros sino tener alternativas a la privación de libertad. Si no es ese el rumbo, se trabaja sobre la emergencia y la mayor privación provoca más violencia”, afirmó.
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