Confiar en las instituciones

Es por eso que incluso en votaciones apretadas como las de las elecciones de 2019 o las más recientes del referéndum contra la LUC, en las que hubo que aguardar varios días, la ciudadanía esperó tranquila los resultados. Más aún, la gente siguió con sus cosas del día a día teniendo la certeza de que la Corte estaba haciendo su trabajo, sin más. Por eso se podía seguir con el día a día, porque todos entendimos que la democracia estaba funcionando, sin más. Como nota tragicómica que sirve para ilustrar de qué estoy hablando: en los días que pasaron entre la celebración del referéndum y los resultados definitivos unos amigos argentinos me preguntaban, sorprendidos, cómo era que nadie esperaba un fraude de alguna clase. O casi nadie, no existe una sociedad que no tenga descreídos.

Porque esa calidad de nuestras instituciones es algo a preservar, que no debería incurrir en torpezas como la que se viene viendo en la Fiscalía en estos días. Torpezas en el sentido de que asuntos que deberían ser resueltos de manera técnica en los ámbitos que esa institución tiene para resolverlos sean manejados en clave mediática. Es claro que un fiscal, pienso en Raúl Iglesias pero podría ser cualquiera, tiene derecho a comunicar lo que le parezca a la prensa, dentro de los límites que la legalidad y su investidura le permitan, claro. Lo que no es evidente es que deba anunciar sus acciones por anticipado y a todo trapo. Ni que el fiscal de Corte, pienso en Juan Gómez pero podría ser cualquiera, reaccione de manera pública y notoria frente a la inquietud expresada por un grupo de presión ante las medidas tomadas por su subordinado administrativo.

Y es que los grupos de presión están para eso, para presionar, y es perfectamente legítimo que lo hagan. Lo hacen las cámaras empresariales y la Asociación de Dirigentes de Marketing. Lo hacen los gremios y también las ONG. Esa es una de las grandes virtudes de las democracias liberales, que habilitan a una cierta dispersión del poder. Tiene poder el presidente de la República y tiene poder el líder de un sindicato. Tiene poder un jerarca de la Administración Nacional de Puertos y tiene poder el presidente del Club de Bochas Nueva Palmira. Obviamente, todos estos poderes son distintos en ámbitos y en potencia. Pero todos ellos existen e impiden que “el poder” se concentre en un solo ámbito o figura. Por eso una cosa es que los grupos de presión existan y otra, distinta, es que se conviertan en grupos de control o de decisión. Para decidir es que tenemos Estado y un gobierno que, si no nos gusta como decide, lo cambiamos dentro de un par de años.

Retomando, la confianza en las instituciones se construye sobre todo a partir de la coherencia y la efectividad que esas instituciones demuestren tener. De ahí que parezca peligroso que desde la Fiscalía se lance a la ciudadanía la idea de que ese organismo se maneja de manera más ideológica que técnica. Porque hacerlo es decirle al ciudadano que, dependiendo de las posiciones que los fiscales asuman socialmente más allá de la ley, le tocará un tipo de tratamiento u otro. La idea de que en vez de existir una institución existen 19 versiones distintas de esta y que todas pueden comportarse distinto.

Según el Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), Uruguay ocupa el primer lugar en América Latina y el Caribe y el número 25 a escala global, ubicándose por encima de, por ejemplo, Estados Unidos. El índice proporciona datos sobre ocho aspectos que el WJP considera relevantes para medir las garantías ciudadanas: limitación de los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales, gobierno abierto, aplicación de la normativa, justicia civil y justicia penal.

Entonces, Uruguay lidera el barrio y está entre los mejores países del orbe en lo que refiere a la calidad de su Estado de derecho. Esos buenos valores que tanto valoramos y que tan bien nos posicionan internacionalmente son resultado de una trayectoria institucional que es mucho más larga que un solo gobierno, que dos o que tres. Que es mucho más amplia que el debate intestino de una Fiscalía en un momento dado. Que es resultado de una estabilidad y de una coherencia que abarcan gobiernos de todo signo y, al mismo tiempo, de la inmanencia de unas instituciones que se han demostrado confiables a lo largo del tiempo.

La mejor forma de que esos buenos números (que no son solo números sino valores sociales contantes y sonantes) se mantengan es lograr que los disensos técnicos y políticos se diluciden en los marcos y en los términos más adecuados para ello. Que la Fiscalía se ponga a resolver sus diferencias en los medios de comunicación definitivamente no va en esa dirección.