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    Conflicto de fiscales se agrava y genera divisiones internas

    Hubo varias renuncias al gremio por desacuerdos con las medidas de protesta y afiliados que ocupan cargos de jerarquía fueron suspendidos de la asociación

    La Asociación de Fiscales resolvió no atender al público y dejar de asistir a algunas audiencias, como forma de reclamar ante cargas de trabajo que consideran desmedidas. Un grupo de afiliados entendió que la medida era desproporcionada porque afectaba a las víctimas de delitos y decidió renunciar al gremio en protesta. Otro grupo de fiscales fue suspendido de la asociación porque tiene cargos de jerarquía en la Fiscalía General y sus compañeros consideran que “no pueden estar en los dos lados”. Al mismo tiempo el fiscal de Corte, Jorge Díaz, asegura que la institución está abierta al “diálogo” para solucionar el conflicto, aunque aprobó una resolución que advierte sobre descuentos salariales a quienes tomen medidas, y desde la asociación replican que de esa forma no se puede negociar.

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    Así, mientras el conflicto —que se trasladó esta semana al Ministerio de Trabajo— parece lejos de una salida negociada, la estrategia de lucha generó divisiones en la interna de los afiliados y terminó con la renuncia el pasado viernes de 14 fiscales, entre ellos cinco titulares de sedes de Montevideo.

    En una carta que presentaron el viernes 16 ante la asociación para informar de la renuncia, y a la que accedió Búsqueda, los fiscales —entre los que se encuentran Carlos Negro, Rodrigo Morosoli y Fernando Romano, de Flagrancia, Darviña Viera y Sabrina Flores, de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica— sostuvieron que las medidas adoptadas por la gremial “se apartan de principios profesionales, funcionales e incluso, éticos”.

    Calificaron de “absolutamente desproporcionada” la realización de un paro general en junio y criticaron la nueva medida, adoptada por la asamblea el sábado 10, de suspender la atención al público, “salvo excepciones”, durante un mes.

    “Lo que se menciona en el comunicado como ‘público’ nos remite inexorablemente a las víctimas de los delitos”, plantearon los fiscales. “Su atención, información y protección es un deber funcional irrenunciable para los fiscales, pero además es un compromiso ético impostergable con el cargo que detentamos”, sostuvieron.

    En la carta también plantearon su desacuerdo con la decisión de la asamblea de suspender la afiliación de los compañeros que desempeñan cargos de dirección en la Fiscalía General. “Por respeto a su trayectoria, y porque no somos ni fuimos nunca partidarios de proscripciones de ninguna índole, es que rechazamos este tipo medidas tan excluyentes como arbitrarias”.

    “Aceptamos las renuncias y seguimos para adelante”, dijo a Búsqueda el secretario general de la asociación, Willian Rosa. “Cuando tomamos la medida, nosotros ya habíamos aclarado que era decisión de cada fiscal” hacer las excepciones que entendiera convenientes para atender a las víctimas. “Es una medida bastante racional para que no se resienta el servicio”, aseguró. Por otra parte, relativizó el impacto de las renuncias para la asociación: “Somos 320 asociados, y renunciaron 12 o 13”, comentó. Y añadió que el “reclamo principal” es sobre la situación de los fiscales que trabajan en el interior, por lo cual evaluó que “quizás las personas de Montevideo no se sensibilizan tanto con esa problemática”.

    Respecto a la suspensión de unos 10 afiliados con cargos altos en la Fiscalía General, Rosa sostuvo que se debió a que había un claro “conflicto de interés”. “Íbamos a negociar con personas que eran integrantes de la asociación. Eso es incompatible, no se puede estar en los dos lados”.

    “Espíritu de diálogo”.

    El martes 20 el fiscal de Corte firmó una resolución en la que informó que descontará parte del salario “en forma proporcional” a los funcionarios que tomen medidas gremiales “que supongan la disminución de sus tareas dentro de su horario habitual”.

    La decisión no cayó bien en la asociación. “No atender al público implica una reducción del 1% de nuestra tareas”, protestó Rosa. La resolución es “innecesaria y aparte significa presionar al gremio a que suspenda las medidas”, agregó.

    Además, la decisión se tomó un día después de la reunión que mantuvieron en el Ministerio de Trabajo, el lunes 19. En el encuentro los representantes de la Fiscalía habían advertido con aplicarla, según Rosa. Eso, lamentó, sentó un mal comienzo para negociar. “Planteamos que no nos parecía bien que en ese ámbito se empiece con una advertencia. Y el martes se concretó. No sé qué diálogo se busca, es difícil negociar en estos términos”.

    “No tenían plataforma reivindicativa. No se podía negociar”, dijo Díaz a Búsqueda. “Obviamente me preocupan (las medidas), como cualquier cosa que pueda afectar al servicio. Queremos sentarnos a dialogar para resolver el conflicto”, afirmó. También sostuvo que la resolución sobre los descuentos salariales no hace más que reiterar la normativa vigente.

    Por otra parte, señaló la imposibilidad de crear nuevos cargos de fiscales en un año electoral, y afirmó que ante esa situación, la Fiscalía ha tomado varias medidas para reducir las cargas de trabajo. En ese sentido, destacó que el martes 20 el Senado aprobó, en el marco de la Rendición de Cuentas, una modificación que elimina la intervención de la Fiscalía como tercero en todas las materias. “Es un logro, un nuevo paso que damos”, celebró Díaz, y aseguró que representará una reducción significativa del trabajo para las sedes del interior.

    “Estamos usando todos los mecanismos a nuestro alcance para disminuir las cargas de trabajo, de acuerdo a una línea que la Fiscalía se había fijado” de concentrarse en la persecución penal, afirmó.

    Rosa sostuvo que la asociación entiende “claramente” la limitación presupuestal de la Fiscalía. “Ese tema no tiene nada que ver acá, nosotros exigimos medidas de costo cero. Queremos que se rediseñe la implementación” del Código del Proceso Penal (CPP), “que se ordene la casa y se redistribuyan las tareas”, afirmó. “Los funcionarios fiscales deben llevar adelante la instrucción criminal; es irrisorio que estén solicitando pericias, citando testigos, confeccionando oficios, tareas que son de corte administrativo. Tenemos una sobrecarga laboral y pedimos que maximicen los recursos”, afirmó.

    Según Rosa, los números sobre la eficacia del CPP anunciados la semana pasada, de los que “se jacta” la Fiscalía, “se han conseguido a costa de la salud de los fiscales”.

    El viernes 23 al mediodía habrá una nueva reunión tripartita. Díaz aseguró que asistirán con “el mismo espíritu de diálogo”. Y Rosa dijo que irán con el temor de un mal antecedente, pero con “toda la esperanza”.