La “sólida colaboración” entre los dos países
En el Poder Ejecutivo uruguayo entienden que, a medida que cambian de signo político los gobiernos de la región, la presión por impulsar el concepto de narcoterrorismo va en aumento. De hecho, la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia sumó un aliado más para Trump en América Latina.
En el marco de la Asamblea de la OEA de 2025, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Panamá, Paraguay y Perú habían emitido una declaración conjunta en la que solicitaban que el organismo designara al Tren de Aragua, originaria de Venezuela, como una “organización terrorista extranjera”.
“Expresamos nuestra inequívoca condena a las acciones terroristas y criminales perpetradas por la organización conocida como Tren de Aragua, así como a cualquier actor —incluidos gobiernos— que facilite, tolere o proporcione apoyo material o refugio seguro a dicha organización o a sus afiliados“, denunciaban, en un mensaje dirigido al régimen de Nicolás Maduro.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, insistió semanas atrás en la necesidad de combatir el narcoterrorismo, aunque en otro foro. Durante su intervención en la Cumbre de Presidentes del Mercosur, el martes 30 de junio, dijo que la integración regional “se vuelve hoy más urgente“ porque enfrentan un “crimen transnacional que no respeta soberanías” y que ha evolucionado “a un narcoterrorismo regional”. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a su turno, advirtió que “el crimen organizado, el narcotráfico, el narcoterrorismo y las amenazas híbridas operan sin fronteras y en muchos casos infiltradas en los sistemas políticos”.
El canciller Mario Lubetkin declaró a la diaria el 4 de julio que Uruguay es “muy pragmático” en su articulación con la región para mejorar la seguridad. “Tenemos claro que nadie va a poder resolver solo el tremendo lío de la inseguridad, de la lucha contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, del crimen internacional. Eso está claro porque ya las bandas no son locales, sino transnacionales, y articulan y son similares para cada uno de nuestros países”, dijo. La vicecanciller Valeria Csukasi, por su parte, aclaró a ese medio que el “narcoterrorismo” es una idea que no está en “ninguna” de las iniciativas en las que participa el país en la región.
Búsqueda consultó a la embajada de Estados Unidos si su agenda bilateral incluye convencer a Uruguay de que adopte ese enfoque. Fuentes de la representación dijeron que “no pueden hacer comentarios sobre conversaciones diplomáticas privadas”. No obstante, añadieron que ese país “colabora estrechamente con gobiernos socios para proteger a nuestras sociedades de las organizaciones terroristas. El desarrollo de listas de vigilancia, alertas de viaje y capacidades para imponer sanciones son herramientas que pueden afectar a los grupos terroristas y ayudar a prevenir atentados”.
Interrogadas sobre si la cooperación con Uruguay mejoraría si esas organizaciones, como la de Sebastián Marset, fueran designadas como terroristas, las fuentes de la embajada respondieron que ambos países “mantienen una sólida cooperación en la lucha contra los grupos criminales. Desde 2025, la cooperación de Estados Unidos con Uruguay a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley se ha concentrado en la seguridad portuaria y fronteriza, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la gestión penitenciaria, el ciberdelito y la lucha contra la trata de personas”.
La captura de Marset
Aún cuando Estados Unidos no era el objetivo de sus cargamentos, el narcotraficante Marset entró en el radar de la DEA y, gracias a ello, en marzo de este año fue arrestado en Bolivia. El uruguayo enfrenta un juicio que lo puede mantener tras las rejas un mínimo de 20 años y, en el peor de los casos, de por vida.
Imagen difundida por la DEA de Sebastián Marset, que muestra el cartel original de recompensa, modificado luego de que fuera capturado.
AFP/DEA
Fuentes de la embajada de Estados Unidos en Uruguay dijeron a Búsqueda que la “captura de Marset es el resultado del renovado énfasis de Estados Unidos en las alianzas y en los esfuerzos internacionales de aplicación de la ley para desarticular a las organizaciones criminales transnacionales que recurren a la violencia y al asesinato para promover sus operaciones globales”.
La acusación de los fiscales de ese país describe a Marset como el “líder de una organización transnacional de narcotráfico y lavado de dinero”, también conocida como el Primer Cartel Uruguayo. La organización “ha participado y participa en actividades terroristas y en terrorismo”, agrega la acusación de los fiscales.
Marset enfrenta cargos por “conspiración narcoterrorista”, narcotráfico y lavado de activos. No es el único líder narco sobre el que pesan acusaciones de ese tipo.
La norma penal norteamericana que tipifica el narcoterrorismo define el terrorismo como “violencia contra no combatientes premeditada y políticamente motivada”. La acusación contra Marset tiene un apartado en que describe hechos violentos que lo tuvieron como presunto protagonista, como el atentado con granada a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, amenazas a la fiscal general Mónica Ferrero y el asesinato de un exsocio y de otro criminal.
“Estas actividades violentas, que implicaron el uso de armas, artefactos peligrosos, armas de fuego y explosivos, se llevaron a cabo con fines que iban más allá del mero beneficio económico personal de Marset”, dice el texto. “Entre los objetivos figuraban, entre otros, consolidar el control de Marset sobre su organización, garantizar su propia libertad e intimidar a terceros para que se sometieran a su voluntad”.
En febrero de este año otros fiscales de Estados Unidos cambiaron la imputación contra René Arzate-García, alias la Rana, presunto jefe de plaza en Tijuana del Cártel de Sinaloa. Le sumaron delitos de narcoterrorismo y de proporcionar apoyo material al terrorismo, en relación con el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.
Un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó entonces que la modificación de cargos era “un resultado directo de la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Trump que designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera”.
Donald Trump firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
AFP
Trump firmó esa orden ejecutiva el 20 de enero de 2025 y, además del Cártel de Sinaloa, incluyó al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha (de El Salvador), Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste (antes Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo y Cárteles Unidos. Los calificó como “una amenaza para la seguridad del pueblo americano, la Seguridad de Estados Unidos, y la estabilidad del orden internacional y el Hemisferio Occidental”.
Desde la embajada en Montevideo dijeron a Búsqueda que la administración Trump “continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas”. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas “nos ayuda a promover la estabilidad de nuestros socios, que estos grupos buscan socavar”, señalaron las fuentes. Y agregaron: “Las designaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo”.
Esa acción permite que las personas y entidades que apoyen a las organizaciones designadas puedan “enfrentar cargos penales” en Estados Unidos o ser expulsadas de ese país. Además, “estigmatiza y aísla internacionalmente a las organizaciones terroristas designadas, desalienta las transacciones económicas con las organizaciones designadas o las contribuciones a estas” y “señala a otros gobiernos nuestra preocupación respecto de las organizaciones designadas”.
El delito de narcoterrorismo estaba también entre los cargos que derivaron en la solicitud de arresto del expresidente venezolano Nicolás Maduro, atrapado en Caracas por fuerzas especiales de Estados Unidos y llevado a Nueva York.
El delito de narcoterrorismo, desde su creación en 2006, ha derivado en muy pocas condenas, según un análisis de Reuters publicado en marzo y con eje en el caso de Maduro.
Las discrepancias
La decisión de designar como organizaciones terroristas a grupos de crimen organizado de la región también tiene críticas. En mayo, la administración Trump sumó a la lista a dos brasileñas: el Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho.
El gobierno de Lula da Silva emitió una declaración en la que cuestionó la decisión de Estados Unidos. Sostuvo que Brasil “libra una batalla constante” contra esas y otras organizaciones criminales. Sin embargo, agregó: “El terror que estas organizaciones infligen a las comunidades busca generar ganancias a través del crimen —particularmente el narcotráfico y el tráfico de armas— y no debe equipararse a las acciones motivadas ideológica, política o religiosamente que caracterizan al terrorismo internacional”.
Lula acusó a los Bolsonaro, rivales políticos en la próxima elección presidencial, de haber viajado a Washington DC y hacer lobby para que Trump tomara la decisión.
Luiz Inácio Lula da Silva asiste a una sesión de trabajo en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains.
EFE/EPA/YOAN VALAT
“Las medidas unilaterales y no negociadas pueden socavar la lucha contra los delincuentes y desencadenar acciones que pongan en peligro la vida de personas ajenas al crimen”, dice el comunicado. “La soberanía nacional no es negociable. Brasil rechaza cualquier forma de injerencia externa en sus asuntos internos. Son los brasileños —a través de sus instituciones, leyes y fuerzas de seguridad— quienes determinan cómo se tipifica y combate el crimen dentro de Brasil”.
Benjamin Gedan, director del Programa de América Latina en la Universidad John Hopkins, dijo a Búsqueda que la administración Trump “ha cambiado profundamente” la estrategia de Estados Unidos hacia el crimen organizado. “El combate contra el fentanilo y la cocaína ahora es prioritario, y Washington está invirtiendo amplios recursos diplomáticos y de seguridad”, añadió el exasesor de Barack Obama.
“El hecho de que la seguridad forme una parte importante de la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica refleja el interés no solo de Trump, sino también de muchos líderes regionales, tanto de izquierda como de derecha”, añadió.
Gedan aclaró que todavía mantiene dudas sobre varios aspectos de esa estrategia. La primera es que Trump “parece dispuesto a colaborar” solo con gobiernos “alineados ideológicamente” y que eso implicó dejar afuera a Brasil, México y Colombia del llamado “Escudo de las Américas”.
Persisten “fuertes cuestionamientos sobre la militarización de la estrategia”, describió el experto. Aseguró que es “difícil imaginar” que el problema se puede resolver solo “mediante atentados contra los capos y el bombardeo de laboratorios de droga”.
“La estrategia de Trump —con su énfasis en las fuerzas armadas y la importación a la región del lenguaje, las políticas y las herramientas de la lucha antiterrorista estadounidense empleadas en países como Pakistán— representa una amenaza para los derechos humanos y el derecho internacional”, sostuvo Gedan. Y agregó que le preocupan acciones como los “atentados extrajudiciales” contra las lanchas rápidas, porque “envían una señal peligrosa a sus socios de la región”.
“Puede que incluso los gobiernos progresistas aceptaran una estrategia de seguridad más agresiva —con más asistencia desde Washington y mayor colaboración regional— dada la presión pública y la magnitud del desafío”, concluyó. “Pero tendría que ser una política respetuosa de los derechos humanos y de la democracia. Es decir, ni el modelo Bukele ni el Escudo de las Américas de Trump”.
